CNDH interpone 6 denuncias contra servidores públicos por tortura en Caso Iguala
Por participar en actos de tortura, trato cruel, inhumano, detenciones arbitrarias e irregularidades en la investigación del Caso Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó 6 denuncias penales contra servidores públicos federales y estatales.
Las denuncias penales involucran a 235 servidores públicos y 12 administrativas contra 140 servidores públicos, en ambos casos, derivadas de la Recomendación 15VG/2018 por violaciones graves a derechos humanos en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“La CNDH identificó irregularidades cometidas por personas servidoras públicas, contenidas en el documento recomendatorio, por lo que presentó las denuncias ante las autoridades facultadas para determinar la comisión de delitos y la responsabilidad administrativa de dichas personas, y en ese sentido este Organismo Constitucional Autónomo aportó la Recomendación y las evidencias que derivan de ella, para que las autoridades competentes desarrollen las actuaciones que legalmente les corresponden y determinen lo que proceda conforme a derecho”, informó el Organismo.
“Un total de 119 personas servidoras públicas –114 del orden federal y 5 del estatal— fueron denunciadas por participar en actos de Tortura, trato Cruel, Inhumano y/o Degradante, Detención Arbitraria y otras Violaciones en los 65 casos en que este Organismo Constitucional Autónomo acreditó violaciones a derechos humanos a los inculpados en este caso, que están detalladas en el Apartado 32 de la Recomendación, y también a ellos se les denunció por en la vía administrativa”, expuso.
Las denuncias penales fueron presentadas el pasado 22 de junio ante la Fiscalía General de la República (FGR).
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Mientras que las denuncias administrativas, por irregularidades en la investigación de los hechos de Iguala, se presentaron el 7 de julio ante la Secretaría de la Función Pública.
También se presentaron denuncias ante las unidades de asuntos internos de la Policía Federal; de la Secretaría de Seguridad del Estado de México; la Contraloría Interna en la Fiscalía General del Estado de Guerrero; la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero; y la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
“Destaca la denuncia penal ante la FGR por acciones u omisiones posiblemente constitutivas de delito identificadas por la CNDH en la incursión de personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con el detenido Agustín García Reyes (a) “El Chereje”, en las inmediaciones del Río “San Juan” de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, que están detalladas en el Apartado 31 de dicha Recomendación”, indicó.
“Dos denuncias penales contra personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y de la entonces PGR, por no realizar oportunamente diligencia alguna de investigación relacionada con los autobuses Costa Line 2513 y Estrella Roja 3278, utilizados por los normalistas y cuyos aspectos están en el apartado 10 de la referida Recomendación”, reveló la CNDH.
