El Alcalde de Tlaxcoapan fue vinculado a proceso por el delito de fraude
Sin embargo, tendrá seis meses para terminar de pagar los 864 mil pesos que se le fijaron para resarcir el daño
El Presidente municipal de Tlaxcoapan, Jovany Miguel León, fue vinculado a proceso por el delito de fraude en agravio de 14 comerciantes quienes, cada uno, hizo un depósito de 65 mil pesos a una cuenta del gobierno. La audiencia sorprendió ya que el MP pidió la suspensión temporal del proceso, aunque las víctimas no lo aceptaron, pero ahora el alcalde tendrá seis meses más y podría resultar beneficiado.
Los afectados denunciaron a la autoridad por el delito de fraude y supuestamente las engañaron al entregarles los 65 mil pesos ya que supuestamente iban a ser beneficiados con un local comercial ubicado en el mercado que se encuentra en el centro de Tlaxcoapan.
La audiencia inicial se realizó ayer y tuvo una duración de casi 8 horas, inició a las 8:00 de la mañana y terminó alrededor de las 4:00 de la tarde, luego de que el juez de control dictó auto de vinculación a proceso al presidente municipal de Tlaxcoapan Jovany Miguel L.C. y la directora de Desarrollo Económico municipal R.A.A.H., por el delito de fraude en calidad de coautores, autorizando un periodo para el cierre de investigación de tres meses.
El juez de control escuchó tanto a la fiscal como a los abogados particulares de las 14 víctimas y a los defensores particulares del presidente y al defensor de oficio de la Directora de Desarrollo Económico y luego afirmó que hubo constancia de que se expidieron facturas del dinero que recibió la autoridad municipal por el cobro de los 65 mil pesos que dieron los comerciantes para ingresar al supuesto programa federal que era para la mejora del mercado y capacitación, entre otros.
El juez de control señaló que el engaño sí había sido acreditado y por consiguiente el delito de fraude que denunciaron estas personas, que en todo momento se dijeron engañadas por su autoridad municipal que les “vendió un proyecto en el cual nunca estuvieron incluidos”.
La ministerio público informó que la pena mínima del citado delito era de 4 años y la máxima de 6 años.
LOS ACUSADOS YA PAGARON UNA PARTE
Asimismo, detallo que el 17 de enero de este año las victimas recibieron un pago de 330 mil pesos que hicieron el alcalde y la titular de Desarrollo Económico en el área de mecanismos internos del centro de justicia y posteriormente otro de 180 mil pesos, dando un total de 510 mil pesos, que restados a los 864 mil pesos que era el monto de la reparación del daño, ahora sólo queda un saldo de 354 mil pesos, que deben los acusados.
De este último monto, además se le restaron 85 mil pesos que fueron entregados a dos víctimas que recibieron, una 40 mil pesos y otra 45 mil pesos, dando entonces un total de 270 mil 400 pesos que todavía les deben.
Así que al haber voluntad de los imputados (acusados) terminar de pagar la reparación del daño, el juez dicto viable la suspensión temporal del proceso jurídico, es decir que se aplazará y terminará en seis meses, es decir, el 3 de septiembre de este año.
Ese día deberán presentarse el presidente y la servidora pública y deben cumplir con el pago de los 270 mil 400 pesos en un periodo de 3 días después de la audiencia, no cambiar su domicilio, no reincidir en un delito de fraude, no viajar al extranjero y finalmente al término de este proceso ambos deberán dar una disculpa pública a las víctimas para que con el cumplimiento de todo esto se concluya y llegue a su fin el proceso.
NO LES PAGARÁN INTERESES DEL ADEUDO
Cabe mencionar que las victimas expresaron en la audiencia que no estaban de acuerdo en terminar este proceso con la suspensión y todos coincidieron en que aunado al pago del dinero que les entregaron, debían hacerles una reparación integral en la que se incluyeran los intereses que han estado pagando por el dinero que solicitaron a una financiera, ya que en su mayoría ya les hizo algunos embargos por haberse retrasado con su pago.
Sin embargo, el juez no consideró la opinión de estas personas pues dijo que la ministerio público aun teniendo la obligación de haber ampliado este tema, no lo hizo, pues no solicitó la información a la financiera sobre dicho adeudo de intereses.
Finalmente, una de las victimas expreso que la MP aun teniendo los documentos que acreditan el monto de los intereses, no los incluyó porque les dijo que: “yo no puedo ir en contra de ningún servidor, ni diputado, ni autoridad” por lo que la víctima consideró entonces que no existe una justicia pronta y expedita.
