Condena contra tres ex directivos de Segalmex incluye pagar $261 millones
René Gavira Segreste, ex director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex); el ex gerente de Operaciones, Oliverio Pérez Santoyo, y Miguel Carrillo Villarreal, ex director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, fueron condenados por un tribunal administrativo a pagar 261 millones 211 mil 579 pesos, al ser encontrados culpables de abuso de funciones.
Los magistrados de la sala auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impusieron una sentencia que también incluye 10 años de inhabilitación.
Los juzgadores María Ozana Salazar, Luis Ángel López Vera y Jesús Omar Sánchez Sánchez dictaron sentencia condenatoria porque Gavira y sus coacusados aprobaron y firmaron contratos para la presunta adquisición de granos básicos, sin que haya registro de que se hubieran entregado los cargamentos.
Lo anterior consta en el oficio 08-OIC-SEGALMEX-TAR-045-2024, que fue presentado en la oficialía de partes común para las salas regionales del TFJA en enero de 2024 y en el que, durante más de dos años de litigio, se acreditó la responsabilidad de los ex funcionarios. Cabe recordar que Gavira Segreste fue detenido en diciembre de 2023 en Miami, Florida, y actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte.
Gavira Segreste enfrenta diversos procesos de tipo penal y cargos por lavado de dinero, fraude y delincuencia organizada, por la firma de contratos y la presunta adquisición de diversos servicios, que inicialmente causaron un daño patrimonial a Segalmex estimado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en más de 12 mil 500 millones de pesos durante el periodo 2018-2020.
En el caso administrativo en el que se obliga a los ex funcionarios a pagar en conjunto los más de 261 millones de pesos, la demanda fue presentada por el órgano interno de control de Diconsa.
Abuso de funciones
De acuerdo con la sentencia emitida el pasado 10 de abril, de la cual La Jornada posee copia, los ex funcionarios incurrieron en “conductas antijurídicas” que “encuadran en un presunto abuso de funciones, ya que de manera arbitraria, con su actuar, autorizaron la erogación de recursos de la entidad por compras emergentes injustificadas, a través de la celebración de diversos instrumentos jurídicos, sin que exista la justificación comprobable del supuesto bajo el cual se adquirieron los bienes, causando con su actuar y en ejercicio de los cargos conferidos un posible daño al patrimonio de Segalmex, toda vez que no se cuenta con la documentación soporte que justifique y acredite la materialización de una emergencia por parte de Diconsa para la adquisición de los bienes objeto de los contratos celebrados, mismos por la cantidad total de 261 millones 211 mil 579.69 pesos”.
La autoridad administrativa detectó que los contratos que causaron este daño administrativo se otorgaron a diversas empresas de manera gradual, “no en un solo acto como una urgencia en la necesidad de los bienes lo habría requerido”.
