Adeudo millonario para Atotonilco; el gobierno municipal tiene que pagar más de $100 millones por un juicio que perdió por arrendamiento de patrullas en el gobierno de Julio César Angeles Mendoza
Más de 105 millones de pesos debe pagar el gobierno municipal de Atotonilco de Tula a una empresa particular, tras haber realizado durante el periodo 2016-2020 un contrato de arrendamiento de patrullas, ambulancias y camionetas, litigio que perdió.
El director jurídico municipal, Francisco Juárez Cuevas en una sesión de cabildo enteró a los integrantes de la Asamblea que el juez del juzgado segundo civil y familiar dictó una sentencia en la que el gobierno municipal debe realizar un pago de 40 millones 595 mil 756 pesos por la renta de las unidades, más otros 46 millones de pesos por los intereses moratorios y 17 millones de pesos relacionados con el valor contractual de las unidades que en su momento la empresa les rentó.
Juárez Cuevas agregó que lo anterior se deriva de un contrato de arrendamiento financiero que el entonces alcalde Julio César Ángeles Mendoza firmó con la empresa, esto en 2017 y que fue por la renta de 10 unidades, una ambulancia y dos camionetas, unidades que fueron destinadas a la Dirección de seguridad pública y tránsito municipal y la Dirección de protección civil.
Asimismo, el director jurídico municipal refirió que la figura de “arrendamiento financiero” no está permitida dentro de la ley de arrendamiento, bienes y servicios del estado de Hidalgo, por lo que la acción era indebida desde su origen.
En su momento la administración municipal pagó 500 mil pesos mensuales a la empresa que arrendó, sin embargo, esto se debió haber pagado en julio del 2019 y para ese entonces las unidades literalmente eran chatarras.
La administración que hizo el contrato no lo rescindió, por lo que la empresa en diciembre del 2019 interpuso su denuncia e inició un juicio mercantil ante el juzgado segundo civil y familiar del distrito judicial de Tula de Allende.
Al momento de que la empresa inició el juicio solicitó que se le pagara el total del contrato más los intereses. La administración municipal en el periodo 2016-2020 no realizó la contestación y sin haber defensa legal el juicio avanzó y las acciones legales fueron nulas y tras eso se determinó la rescisión contractual que se tenían contempladas hasta enero del 2020 que ascendía a 6 millones de pesos llegando así hasta más de 40 millones y ahora en total son más de 105 millones de pesos que se deben pagar, aun cuando hubo inconsistencias en el contrato, y en consecuencia buscarán negociar para ver la forma de pagar sin afectar las arcas municipales.
La alcaldesa, Yocelyn Tovar Mendoza dio a conocer que iniciará un procedimiento jurídico en contra de los servidores públicos que estuvieron implicados y así determinar sus responsabilidades.
