Un juez de control con sede en Michoacán dictó prisión preventiva a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, señalado como presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan. Acto seguido, su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional y aplazó por segunda vez en menos de 24 horas la audiencia. La sesión se reanudará el próximo viernes 7 de agosto a las 09:00 horas, cuando se resolverá si el imputado es vinculado a proceso. El homicidio imputado se registró el pasado 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos de Uruapan, cuando Manzo tenía a su hijo en brazos y saludaba a ciudadanos durante el Festival de Las Velas, con motivo del Día de Muertos. Hasta el momento van 31 detenidos con relación al crimen, entre los que destacan autores intelectuales, allegados a la célula que planeó el atentado y hasta un trabajador del Ayuntamiento de Uruapan, quien habría revelado detalles de la agenda de Manzo a cambio de drogas.
Audiencia se reanudó con Grecia Quiroz de forma remota. La diligencia inició este martes a las 08:00 horas, luego de que la noche del lunes 3 de agosto fuera suspendida a solicitud de la defensa del “R1”, quienes argumentaron no tener acceso a la carpeta de investigación. Álvarez Ayala compareció vía videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, mejor conocido como El Altiplano, donde permanece recluido, ante un juez de Control con sede en Michoacán. Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan, siguió la audiencia de manera remota en calidad de víctima indirecta.
La Fiscalía de Michoacán imputó al R1 por homicidio calificado. La Fiscalía General del Estado de Michoacán presentó ante el juzgador los datos de prueba que vinculan a Álvarez Ayala con el crimen. Datos revelados previamente señalan que habría dado la orden de asesinar al alcalde a través de un intermediario identificado como Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, mediante un grupo de mensajería instantánea. La audiencia se realizó de forma reservada y sin acceso a medios de comunicación, a petición del Ministerio Público.
El proceso por el homicidio de Manzo es el segundo frente judicial que enfrenta el “R1”. El pasado domingo 2 de agosto, un juez federal ya le había dictado prisión preventiva por posesión de metanfetamina, además de portación de cartuchos y armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cargos derivados de su detención el 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco. En ese caso fue la Fiscalía General de la República (FGR) quien presentó los datos de prueba, por tratarse de un delito de competencia federal.
Álvarez Ayala promovió dos amparos para frenar su posible traslado a Estados Unidos. Horas antes de ser dictada la prisión preventiva por el caso Carlos Manzo, su defensor Víctor Francisco Beltrán García presentó dos demandas de amparo ante un juzgado de distrito en la Ciudad de México. La primera, dirigida contra la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), reclamó presunta detención ilegal e incomunicación; el juzgado concedió una suspensión sobre ese último acto. La segunda amplió los actos reclamados a tortura y una eventual expulsión del país sin procedimiento formal de extradición, e incluyó a la Presidencia de la República entre las autoridades señaladas. La defensa argumentó que entregas recientes de presuntos líderes del narcotráfico a autoridades estadounidenses justifican solicitar protección judicial preventiva. Ese recurso aún no tiene resolución.
Esto se sabe del “R1”: de Los Cuinis al asesinato de un alcalde. Ramón Ángel Álvarez Ayala formó parte de Los Cuinis, organización criminal estrechamente vinculada al CJNG, hasta 2012, cuando fue detenido por la Secretaría de la Defensa Nacional junto a sus dos hermanos. A ese año se le atribuyó la jornada de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara y Colima: el incendio de 25 vehículos de transporte público y de carga en respuesta a la captura de Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, cofundador del CJNG, ya declarado culpable en Estados Unidos. Desde entonces, él y sus hermanos fueron identificados como operadores relevantes del CJNG, vinculados a actos violentos para proteger los intereses del grupo y obstaculizar acciones de las autoridades.
Obtuvo la libertad en 2022. Tras su liberación en 2022 —ejecutada durante la madrugada por una jueza en lo que se denominó un “sábadazo”— las investigaciones lo volvieron a documentar en actividades de narcotráfico, suministro de armas y municiones, extorsión y cobro de piso a productores de limón y aguacate, ganaderos, comerciantes y transportistas en Michoacán y Jalisco. “Los Rs”, la célula que lideraba, mantenía operaciones en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, en Michoacán, así como en la zona metropolitana de Guadalajara, Valle de Juárez y otras regiones de Jalisco. El grupo usaba vehículos de alta movilidad y armamento de alto poder para disputar corredores carreteros y controlar rutas logísticas. Las autoridades lo señalan como quien ordenó y financió el asesinato de Carlos Manzo. Entre las pruebas que acreditan su responsabilidad se encuentran análisis forenses de equipos telefónicos, transferencias bancarias, declaraciones ministeriales e intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez, según expuso Omar García Harfuch en la conferencia mañanera del 31 de julio de 2026, al día siguiente del ser detenido el “R1”.
Su detención también abrió una línea de investigación paralela. Su hijo Francisco “N” es señalado como presunto autor intelectual del feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, asesinada el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, mientras transmitía en vivo por TikTok. Las investigaciones apuntan a que Francisco habría mantenido una relación sentimental con la víctima y le habría pedido a su padre que ordenara el crimen. Francisco permanece prófugo.
