La audiencia se realizó el viernes 25 de septiembre de 2026 en la Ciudad Judicial de Cuautla. El juzgador consideró que había elementos para sujetar a proceso a Mariana “N” y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Durante ese periodo, el Ministerio Público debía integrar pruebas y realizar las diligencias pendientes dentro de la carpeta por la muerte del menor. La resolución mantuvo a la mujer privada de la libertad mientras enfrentaba el proceso penal.
Mariana “N” fue la tercera persona detenida por el caso. La Fiscalía Regional Oriente obtuvo una orden de aprehensión en su contra y agentes de la Policía de Investigación la cumplimentaron el 19 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México.
Erick Leonardo acudió al campamento organizado por la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc” en la comunidad de Felipe Neri, ubicada en la zona limítrofe entre Morelos y el Estado de México. Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el adolescente habría sido golpeado durante las actividades.
Las lesiones habrían derivado en un colapso de los órganos internos y posteriormente en la muerte del menor. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó en mayo de 2025 que la necropsia estableció esa causa de fallecimiento.
La madre de Erick, Erika Lucía, denunció que una teniente de la academia le llamó el día de los hechos para avisarle que su hijo había sido trasladado a un hospital por una disminución en sus signos vitales. De acuerdo con su testimonio, la mujer le aseguró que el estado del adolescente “no parecía grave”.
Erika Lucía sostuvo que, cuando llegó al centro médico, su hijo ya había muerto. La madre afirmó que el menor ingresó al hospital con “nulos signos vitales”.
Antes de la detención de Mariana “N”, Angélica “N” y Juan Carlos “N” fueron capturados en mayo de 2025 por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de Erick. Ambos fueron identificados como directivos de la academia.
Los dos imputados ya habían sido vinculados a proceso y permanecían internados en el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla. Con la tercera captura, la investigación reunió a tres personas detenidas por la muerte del adolescente.
Erika Lucía también denunció que alumnos de la institución eran sometidos a tratos crueles. Entre las prácticas que señaló estuvieron amarrarlos, arrastrarlos y privarlos de alimentos pese a que las familias enviaban comida.
“Les daban latas de atún y se la tiraban al piso para que ellos se lo comieran”, relató la madre durante una conferencia realizada en mayo de 2025. Sus acusaciones apuntaron a que esos actos habrían ocurrido dentro de la academia.
La alcaldesa Rojo de la Vega indicó que el caso abrió nuevas denuncias de estudiantes y familias contra el plantel. La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, informó el 2 de mayo de 2025 que existían ocho denuncias relacionadas con arrestos, castigos y otros abusos físicos.
Para el 12 de mayo de 2025, Rojo de la Vega señaló que había 19 denuncias relacionadas con violencia contra menores, además de cuatro pendientes. La alcaldesa afirmó que los denunciantes eran compañeros de Erick o familiares de estudiantes afectados.
“Tenemos 19 denuncias y 4 pendientes que se suman a esta atrocidad, todos compañeros de Erick”, declaró la alcaldesa durante aquella conferencia. Las acusaciones incluyeron presuntas agresiones físicas dentro de la institución.
Padres de familia también denunciaron irregularidades en la inscripción escolar de alumnos de preescolar y primaria. Según sus testimonios, sus hijos recibieron boletas de calificaciones expedidas por la academia, pero no contaban con matrícula formal ante la SEP.
Una madre identificada como Elizabeth afirmó que descubrió la falta de registro cuando intentó cambiar a sus hijos de escuela. Expuso que la SEP le confirmó que las boletas carecían de validez oficial porque eran documentos internos de la academia.
“Mis hijos no tiene matrícula, no están registrados ante la SEP y aún la academia tiene el cinismo de exigir la colegiatura hasta el mes de mayo”, denunció Elizabeth. La institución contaba con registro ante la SEP desde 2022.
