La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que las indagatorias surgieron del reanálisis de documentos y registros telefónicos. De acuerdo con las autoridades, la nueva metodología permitió relacionar datos reunidos durante más de una década e identificar indicios que no habían sido investigados a fondo.
En la conferencia, donde participaron Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), se informó que la primera línea se concentra en las comunicaciones telefónicas.
El análisis permitió identificar patrones relacionados con 17 nuevos “objetivos de investigación” y reconstruir vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.
Las autoridades señalaron que el propietario de una funeraria utilizó el teléfono de uno de los estudiantes. Cateos realizados en octubre de 2025 permitieron localizar un fémur humano, un arma, documentos y un horno crematorio sin registro oficial.
Entre marzo y junio de 2026 se realizaron búsquedas en el SEMEFO de Iguala, donde fueron recuperados 23 indicios, incluidos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos y documentos; el material continúa bajo análisis pericial.
A petición de las familias también interviene el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La segunda línea analiza tres teléfonos de los normalistas y quiénes los utilizaron después de su desaparición.
Uno de los casos derivó en una orden de aprehensión, librada el 24 de agosto de 2026, contra un exservidor público de Iguala por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Otro teléfono fue utilizado por un policía municipal de Iguala, cuya participación está bajo investigación. El análisis de un tercer equipo, según las autoridades, refuerza la hipótesis de que algunos estudiantes fueron trasladados a la barandilla municipal.
La tercera línea surgió del reanálisis de expedientes. Las autoridades identificaron a una persona que tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos y que no había sido ubicada previamente. Su declaración, rendida el 30 de julio de 2026, aportó información relacionada con integrantes de Guerreros Unidos.
La cuarta línea investiga el ocultamiento de videos de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Esta indagatoria derivó en procesos penales contra dos exservidoras públicas.
Las autoridades señalaron que nuevos elementos también sustentaron la detención, el 6 de agosto de 2026, del exgobernador de Guerrero por el delito de desaparición forzada en agravio de los 43 estudiantes. La FGR informó entonces que obtuvo prisión preventiva en su contra por su posible participación en ese delito.
Las autoridades indicaron que continuará las búsquedas, profundizará las investigaciones sobre las funerarias, el SEMEFO y las videograbaciones, y mantendrá el diálogo con las madres y padres de los estudiantes.
