De acuerdo con el expediente de Washington, Carlos Torres habría fungido como facilitador político de “Los Rusos” en Mexicali. Tras conocerse el señalamiento, Ávila afirmó que desconoce los hechos incluidos en la acusación y aseguró que no está vinculada con el caso.
La mandataria estatal señaló que serán las autoridades correspondientes las encargadas de informar sobre las acusaciones.
“Este gobierno no va a ser vocero, ni el gobierno ni una servidora vamos a ser voceros de estas circunstancias. Y serán las autoridades quienes puedan dar más información al respecto”.
Marina del Pilar Ávila negó cualquier acuerdo de impunidad y reiteró que se desvinculó legalmente de la sociedad comercial que mantenía con Torres.
También aseguró desconocer tanto los hechos relacionados con una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) como los señalamientos realizados por el gobierno estadounidense.
El expediente también incluye a Pedro Ariel Mendívil, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali. Según el señalamiento estadounidense, habría recibido sobornos para entregar la policía al cártel y pagar cuotas mensuales a Carlos Torres.
Mendívil fue detenido en julio por la Fiscalía estatal por presunta desaparición forzada. Posteriormente, un juez ordenó su liberación por falta de pruebas.
Ávila Olmeda confirmó que ordenó una revisión inmediata para cancelar cualquier contrato que el Gobierno de Baja California mantenga con las empresas incluidas en el informe.
Tras la publicación del informe, la dirigencia estatal del PAN exigió la separación inmediata de Marina del Pilar Ávila para que la FGR investigue el caso.
La gobernadora rechazó apartarse y aseguró que terminará los 11 meses restantes de su administración.
“Yo no estoy ni vinculada ni incluida en esta situación. […] Voy a resistir los próximos 11 meses, que son los más importantes para cerrar la administración con resultados. Tranquila, con las manos limpias y la conciencia tranquila”.
Finalmente, Marina del Pilar confirmó que no ha recibido ninguna notificación judicial de autoridades nacionales o extranjeras.
