Según esa revisión, 35 de los ejecutados estaban vinculados a las protestas de enero. Otros nueve tenían causas relacionadas con las dos guerras recientes, la de junio de 2025 y la iniciada el 28 de febrero de 2026, y 26 fueron condenados en otros casos políticos y de seguridad. Todos eran hombres.
Las últimas ejecuciones se produjeron el lunes 5 de octubre. Alireza Sepahi y Alireza Raisi fueron ejecutados en la prisión central de Isfahán, según informó la ONG kurda Hengaw. La agencia Mizan, vinculada al poder judicial, lo confirmó horas después. Ambos estaban entre los 12 condenados del caso de la plaza Alikhani, que nace de las protestas en Isfahán. Con ellos suman siete los ejecutados en esa causa. Dos días antes, el 3 de octubre, había sido ejecutado Siavash Jamshidi Kheirabadi, detenido durante las protestas.
Las protestas de enero se extendieron, según Iran Human Rights (IHRNGO), por las 31 provincias del país. Amnistía Internacional señala que miles de personas fueron detenidas en ese contexto. Las primeras ejecuciones de manifestantes llegaron meses después: IHRNGO las documenta desde mediados de marzo.
Ese calendario coincide con la guerra. Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar Irán el 28 de febrero de 2026. Un alto el fuego de dos semanas puso fin el 8 de abril a 40 días de ataques. Un memorando firmado en junio se derrumbó semanas después y expiró formalmente en agosto.
Amnistía sostiene que, desde el inicio de la guerra, las autoridades iraníes intensificaron el uso de la pena de muerte contra detenidos de las protestas de enero. La organización añadió que las autoridades recurren cada vez más a cargos de seguridad nacional formulados de forma amplia, como espionaje y colaboración con Estados hostiles. Describió los procesos como juicios injustos en tribunales revolucionarios, con uso de torturas.
De los 194 condenados que figuran en el recuento, 113 están ligados a las protestas de enero, 10 a las guerras y 71 a otros casos. Su situación procesal varía: algunos tienen una primera condena, otros la han visto confirmada en apelación y otros están en revisión. Entre los 71 restantes hay 19 detenidos por protestas anteriores, 17 de ellos del movimiento Mujer, Vida, Libertad de 2022.
Hay 13 mujeres entre los condenados. Al menos siete eran menores de 18 años cuando ocurrieron los presuntos delitos, cinco de ellos en causas de enero. Amnistía ha alertado del riesgo de ejecución de cinco de esos menores, según el recuento.
IHRNGO advirtió el 14 de septiembre de que al menos cien manifestantes detenidos por las protestas corrían riesgo de pena de muerte, entre ellos al menos cinco niños y cinco mujeres. Amnistía, citando datos de esa organización, indicó que en una sola prisión de la provincia de Isfahán hay más de 70 condenados por las protestas.
Según Iran International, 44 de las 70 ejecuciones, casi dos tercios, se llevaron a cabo en Karaj (32) e Isfahán (12). En la prisión de Qezel Hesar, en Karaj, se registraron al menos 32. El dato corresponde al lugar de la ejecución, no al origen de los presos.
De los 53 ejecutados cuya edad se pudo determinar, 29 tenían menos de 30 años. Cuando las fuentes identificaron la etnia, al menos 18 ejecutados y 51 condenados pertenecían a minorías, pero no se pudo establecer el origen de 48 ejecutados y 143 condenados. Entre los ejecutados había tres afganos, dos iraquíes y un ciudadano irano-sueco.
Las cifras son, además, un mínimo y no un techo. Las organizaciones de derechos humanos sostienen que la falta de transparencia judicial, las restricciones a la información y la presión sobre las familias para que no hablen impiden conocer la magnitud real, de modo que solo se cuentan los casos que se logran identificar y verificar. Las discrepancias entre recuentos apuntan en la misma dirección: IHRNGO contabilizaba el 14 de septiembre 14 ejecuciones por espionaje o colaboración con Estados extranjeros desde mediados de marzo, el doble de las siete que registra Iran International en todo el periodo.
En las demás categorías comparables, los datos son coherentes. Ambos recuentos suman 13 ejecutados por vínculos con grupos opositores, y el de manifestantes de enero crece de forma consistente: 26 según Amnistía en julio, 29 según IHRNGO el 14 de septiembre, 32 según esa misma organización el 3 de octubre y 35 según Iran International el 5 de octubre. Que 113 de los 194 condenados estén vinculados a las protestas indica que el ritmo de ejecuciones seguirá dependiendo de decisiones judiciales aún abiertas: según el recuento, hay sentencias firmes, otras recurridas y otras en revisión. Mientras la información dependa de lo que las familias se atrevan a contar y de lo que el poder judicial decida comunicar, el recuento seguirá siendo un mínimo.
