Según la información preliminar conocida por la alcaldesa Carmen Judith Valencia, la adulta mayor habría sido trasladada el día de la agresión desde la cabecera municipal hasta un sector semirrural, donde presuntamente ocurrieron los hechos.
De acuerdo con la versión inicial de la jefa de la Administración municipal, el presunto agresor habría sido identificado, pero se habría dado a la fuga.
Frente a reclamos ciudadanos sobre el tiempo que se tomaron las autoridades para reportar el caso, la alcaldesa Valencia Moreno publicó un video oficial en el que sostuvo que el caso fue atendido desde la primer denuncia por las entidades competentes. También respondió a los cuestionamientos que surgieron en redes sociales por el tiempo que tardó el pronunciamiento público.
“Comunidad de La Unión: como alcaldesa, como mujer, como madre, como esposa, como hija, quiero recordarles que tengo una alta sensibilidad con todo lo que pasa en lo social. Hoy, a través de las redes sociales, me parece que están desinformando, porque quiero contarles que desde el momento cero activamos el Código Fucsia y todas las entidades públicas y de decisión están trabajando para esclarecer el hecho”, afirmó Valencia.
Justo a la líder municipal, el secretario de Gobierno de La Unión, Diego Esteban Patiño, defendió la reserva sobre el caso y señaló que el propósito de la administración para evitar la difusión inicial del caso fue evitar la exposición de la víctima.
“No hemos guardado silencio. Hemos sido prudentes y no queremos que se revictimice la población que es objeto de estos delitos”, manifestó.
Patiño añadió que se mantuvo el caso y los datos de la afectada bajo reserva, además, para proteger tanto el proceso judicial como su vida privada. “Guardar su identidad, conservar sus nombres, guardar la reserva de la información es pertinente, no solamente para garantizar los procesos judiciales y que lleguen a feliz término, sino también porque queremos que la vida de las personas afectadas continúe con la mayor tranquilidad y normalidad”, declaró.
El gerente del Hospital San Roque, Humberto Bernal, confirmó a través del video que la adulta mayor recibió atención médica y psicológica con inmediatez tras llegar al servicio de urgencias. También informó que la Policía Nacional acudió al centro asistencial.
“Ya habían activado el Código Fucsia, habían dado aviso a las autoridades, entonces inmediatamente también se presenta la Policía Nacional en el servicio de urgencias y por parte de la ESE se brinda toda la atención médica y psicológica. Además de esto, se realiza un reconocimiento médico-legal que fue solicitado por la Fiscalía”, explicó Bernal.
La Secretaría de Salud y Protección Social del municipio confirmó, por su parte, la activación de las rutas institucionales correspondientes y que se aportó información y material disponible para las actuaciones de las autoridades.
Patiño precisó que las facultades de la administración no incluyen capturar ni investigar penalmente. “La administración, cuya competencia no es capturar, no es investigar, sino intermediar para que las autoridades judiciales actúen de la mejor manera, ha cumplido su papel”, afirmó.
El comunicado oficial de la Alcaldía fue publicado el 8 de octubre, casi dos semanas después de la fecha en la que habría ocurrido el hecho. En redes sociales, habitantes del municipio reclamaron explicaciones y un pronunciamiento institucional frente a la denuncia.
El Movimiento de Mujeres de La Unión sostuvo que pedir información sobre las rutas de atención no implica divulgar la identidad de la víctima. “Exigir un pronunciamiento público de rechazo frente a estos hechos y claridad sobre la activación de las rutas de atención no implica revelar la identidad de la víctima ni vulnerar la confidencialidad del proceso legal”, afirmó la organización.
El colectivo agregó que la respuesta institucional debe incluir medidas de acompañamiento para la afectada y su familia. “Activar las rutas en el ámbito judicial no es suficiente: la administración tiene la obligación de garantizar el acompañamiento psicológico y jurídico a la víctima y su familia, así como seguimiento efectivo”, señaló.
En un pronunciamiento previo, el movimiento había exigido “celeridad, justicia y activación inmediata de las rutas de atención y protección para ella y su entorno de cuidado”. También cuestionó que la prudencia se use como argumento para no informar sobre la actuación de las instituciones.
