Sin embargo, el hacinamiento no sería el único problema que enfrenta el sistema: la falta de custodios, la clasificación inadecuada de internos y el ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad también figuran entre las deficiencias identificadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El anuncio del 13 de octubre ocurre después de la violencia registrada en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, donde dos episodios ocurridos el 8 y 9 de octubre dejaron 12 personas muertas, entre ellas un niño de dos años que se encontraba de visita. Los hechos volvieron a cuestionar la capacidad de las autoridades para impedir el ingreso de armas y mantener el control de las instalaciones.
Durante ‘La Mañanera’ de ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que las nuevas instalaciones incorporarán sistemas de vigilancia, inspección y bloqueo de señales telefónicas, además de módulos diferenciados según el perfil y el nivel de riesgo de las personas internas. La estrategia también contempla actividades educativas, capacitación laboral, atención médica y deporte como parte de la reinserción social.
No obstante, el mismo funcionario reconoció que ampliar la infraestructura no resolverá en sí misma la saturación penitenciaria. Partiendo de esa premisa, periodistas y especialistas en seguridad han lanzado preguntas al aire: ¿cuánto podrá mejorar la situación con las nuevas plazas y qué cambios operativos serán necesarios para evitar que las deficiencias actuales se reproduzcan en los nuevos centros?
Los seis centros anunciados estarán en Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Nayarit y Sonora. Las autoridades proyectan que estas cárceles iniciarán sus operaciones en 2028, aunque no han precisado fechas exactas.
El primer penal en construirse será el de Sinaloa, que tendrá una capacidad para 2 mil 640 personas.
De acuerdo con el balance publicado por El País el 13 de octubre, México cuenta con 275 centros penitenciarios y 157 presentan sobrepoblación. El excedente se aproxima a 42 mil personas por encima de la capacidad disponible, de acuerdo con las cifras recogidas por el diario.
Las 18 mil 480 plazas proyectadas equivalen a alrededor del 44% de ese excedente. La comparación permite dimensionar la inversión, pero no significa que el hacinamiento nacional vaya a disminuir automáticamente en esa proporción: las instalaciones todavía deben construirse, la población penitenciaria puede cambiar y la distribución de los nuevos espacios no necesariamente coincide con las necesidades de cada entidad.
La saturación tampoco es uniforme. El Estado de México tiene uno de los déficits más pronunciados: sus 21 centros penitenciarios cuentan con capacidad para 14 mil 481 personas, pero alojan a 38 mil 361, según los datos publicados por El País. Nayarit también enfrenta una saturación considerable, con capacidad para mil 173 personas y una población de 3 mil 908.
Estas diferencias son relevantes porque las nuevas plazas deben analizarse según la situación de cada estado. No basta con conocer la capacidad total que se agregará al sistema: es necesario saber cuántos espacios estarán disponibles en cada entidad, qué población recibirán y si los traslados reducirán la sobreocupación.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 de la CNDH identifica entre las principales áreas de oportunidad de los centros estatales la clasificación inadecuada de las personas privadas de la libertad, la falta de separación entre procesados y sentenciados, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, las deficiencias materiales y de higiene, y el ejercicio de funciones de autoridad por parte de internos.
El organismo también señala carencias en los servicios de salud, las instalaciones, las actividades deportivas y los procedimientos disciplinarios. Estas deficiencias corresponden a dimensiones distintas del funcionamiento penitenciario: algunas requieren inversión física, mientras que otras dependen de personal suficiente, procedimientos adecuados, supervisión y capacidad para hacer cumplir las reglas.
La clasificación de internos es uno de los puntos relevantes. La separación y asignación de espacios deben considerar la situación jurídica, las condiciones de seguridad y los criterios previstos en la legislación. Una infraestructura nueva puede facilitar esa distribución, pero no sustituye la evaluación de riesgos ni la capacidad de las autoridades para mantenerla.
El diagnóstico también contempla el autogobierno y el cogobierno, situaciones en las que personas privadas de la libertad ejercen funciones de autoridad dentro de los centros. Este problema resulta especialmente relevante para la discusión sobre el control penitenciario: contar con edificios nuevos no garantiza por sí mismo que las autoridades puedan impedir que los internos impongan reglas, sanciones o mecanismos de control sobre otras personas.
El anuncio federal contempla sistemas de inspección, vigilancia y bloqueo de señales telefónicas para impedir que las instalaciones sean utilizadas para actividades delictivas. García Harfuch señaló que una parte de las llamadas de extorsión continúa originándose desde las prisiones.
Estas medidas buscan dificultar las comunicaciones ilícitas y mejorar la detección de objetos prohibidos. Sin embargo, su efectividad dependerá de la operación cotidiana, el mantenimiento de los equipos, las inspecciones y la capacidad de investigar posibles actos de corrupción.
El caso de El Castillo refleja el riesgo que representa la presencia de armas de fuego y objetos punzocortantes dentro de un centro penitenciario. El problema no se limitó a la capacidad del inmueble: también puso en cuestión los mecanismos de revisión y la posibilidad de mantener el orden dentro de los módulos.
La CNDH también ha señalado insuficiencia de personal de seguridad y custodia en los centros estatales. La falta de trabajadores puede afectar la vigilancia de los módulos, los traslados internos, las revisiones, la atención de emergencias y la aplicación de medidas disciplinarias.
La construcción de nuevos centros también implicará la necesidad de contar con plantillas suficientes para operarlos. Por ello, el número de plazas penitenciarias no debe confundirse con el número de custodios requeridos para garantizar su funcionamiento.
Hasta ahora, las autoridades no han informado cuántos trabajadores serán contratados para las seis instalaciones, qué formación recibirán ni qué presupuesto se destinará a su operación. Esos datos serán necesarios para evaluar si la ampliación física estará acompañada por una capacidad equivalente de vigilancia y administración.
La sobrepoblación no se explica únicamente por la capacidad de los edificios. También depende del número de personas que ingresan, el tiempo que permanecen privadas de la libertad y la duración de los procesos judiciales.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó en julio de 2025 que, al cierre de 2024, el 36.3% de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios estatales no tenía sentencia. El dato corresponde a ese periodo y no debe interpretarse como una cifra actualizada a octubre de 2026.
La prisión preventiva, la duración de los procesos y las condiciones legales para obtener la libertad son factores que deben analizarse por separado. Las medidas para reducir el número de personas internas tienen límites jurídicos y no pueden sustituir la obligación de investigar y sancionar los delitos.
El Gobierno ha señalado que también estudia mecanismos para aliviar la presión sobre los centros estatales mediante medidas jurídicas dirigidas a personas de bajo riesgo y casos en los que existen largos periodos sin sentencia. La efectividad de esas medidas dependerá de los criterios aplicados, los procedimientos judiciales y la situación de cada persona.
La ampliación de la infraestructura permitirá agregar capacidad al sistema, pero su impacto tendrá que evaluarse con indicadores verificables una vez que las instalaciones entren en operación.
Entre los datos necesarios están la ocupación efectiva de cada centro, la evolución del hacinamiento, el número de custodios por turno, los incidentes violentos, los resultados de las inspecciones y las medidas aplicadas para impedir el autogobierno y las extorsiones.
También será necesario evaluar las condiciones de reclusión y el acceso a servicios de salud, educación, trabajo y capacitación. Estos indicadores permitirán distinguir entre la capacidad de alojar a más personas y la posibilidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y reinserción.
Las seis nuevas cárceles representan una ampliación de 18 mil 480 plazas proyectadas. Sin embargo, la reducción de la sobrepoblación y la mejora del control penitenciario dependerán de la distribución de esos espacios, los recursos asignados para operarlos y la capacidad de las autoridades para atender las deficiencias documentadas en los centros actuales.
El reto no será únicamente construir más cárceles, sino demostrar que la ampliación de la infraestructura se traduce en menos hacinamiento, mayor control institucional y mejores condiciones de reclusión.
