Durante una reunión con legisladores, integrantes de la asociación Personas Juzgadoras Federales en Retiro denunciaron que el organismo no ha cumplido con los pagos que consideran parte de sus derechos laborales.
Los exjuzgadores pidieron la intervención del Senado para resolver el conflicto. La controversia ocurre después de los cambios constitucionales al Poder Judicial, que establecieron nuevas condiciones para quienes dejaron sus cargos.
Elba Sánchez Pozos, representante de Personas Juzgadoras Federales en Retiro, A.C., explicó que el grupo incluye a personas que reclaman distintos conceptos pendientes de pago.
80 reclaman indemnizaciones y 120 pensiones complementarias, no venimos a solicitar privilegios, como se ha dicho en medios, venimos a evidenciar el incumplimiento de derechos expresamente protegidos por el poder reformador de la Constitución.
Los inconformes responsabilizaron al presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas, por la falta de cumplimiento de las obligaciones que reclaman.
Por su parte, Manuel Cano Maynez, magistrado de circuito en retiro, cuestionó que el organismo establezca requisitos que, según su postura, no están previstos en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
¿Con qué fundamento una autoridad, como es el presidente del OAJ, con seus pretextos sin sustento, puede incorporar requisitos no previstos en nuestra carta magna, ni en la ley orgánica del PJF para nuestra situación particular, para negarnos el pago de la liquidación, la indemnización o pago extraordinario?
El exjuzgador sostuvo que esas condiciones no deberían utilizarse para negar el pago de las liquidaciones, indemnizaciones o compensaciones reclamadas.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, de Morena, respaldó la exigencia de los exjuzgadores y afirmó que el Senado debe garantizar el cumplimiento de las disposiciones aprobadas durante la reforma judicial.
El legislador hizo referencia al décimo transitorio de la reforma y sostuvo que esa disposición protege los derechos laborales de las personas juzgadoras en retiro.
Les asiste la razón, y el Senado tiene que honrar sus propias reformas y nosotros insistimos mucho en el décimo transitorio, en el sentido de garantizar los derechos laborales de los juzgadores en retiro y también decirlo de una manera clara y contundente. A mí me parece que no está sujeto de interpretación esa disposición.
Corral se comprometió a impulsar alternativas legislativas para atender la demanda, ya sea mediante un punto de acuerdo o durante el análisis de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.
También señaló que el presupuesto federal debe contemplar los recursos necesarios para cubrir los pagos reclamados, posiblemente en el ejercicio fiscal de 2027 o mediante los mecanismos presupuestarios que resulten viables.
Por ahora, el pago de los casi 600 millones de pesos no está confirmado. La solución dependerá de las gestiones legislativas y presupuestarias, así como de las decisiones que adopte el Órgano de Administración Judicial.
