Vladimir Chorny, de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, lo resumió sin rodeos: el texto impone obligaciones genéricas y no explica cómo ejecutar ninguna. Para dimensionar la improvisación, basta recordar que el acuerdo de Meta con 47 fiscales de Estados Unidos ocupa casi cien páginas.
El decreto ordena verificar la edad de los usuarios. Para identificar a los menores, las plataformas tendrán que revisar también a los adultos; es decir, más datos de todos en manos de las empresas que viven de explotarlos.
La “incitación al odio” puede abarcar, sin orden judicial, la sátira y la crítica política. No toca el diseño adictivo ni el perfilamiento de menores; además, las plataformas rendirán cuentas solo ante la Agencia de Transformación Digital y el Centro Nacional de Inteligencia. El público no sabrá qué se elimina ni por qué.
Chorny lo sentencia: los menores seguirán expuestos; los adultos, más vigilados. Dos páginas bastaron para cambiar las reglas de modo que nada cambie.
