El vertido de la mina subterránea, propiedad de Industrias Peñoles, subsidiaria de Grupo BAL, contaminó 13.58 kilómetros de arroyos hasta descargar en el caudal continuo del río Súchil. Los jales, que son los residuos en polvo o lodo fino, que quedan después de triturar y moler las rocas para extraer los minerales como oro, plata, cobre, plomo y zinc, afectaron considerablemente la vegetación y la fauna silvestre en su trayecto hacia la comunidad de Estación de Canutillo.
La Profepa ordenó a la compañía recubrir la presa de jales, vaciar las piletas acumuladas y limpiar el cauce afectado. La dependencia federal notificó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para determinar los daños directos sobre el afluente permanente.
Los activistas afirmaron que el siniestro demuestra los riesgos del modelo extractivo sobre las comunidades rurales. Declararon que el hecho no corresponde a un “accidente aislado”, debido a que las corporaciones trasladan los costos ecológicos a los pobladores mientras concentran los beneficios económicos.
La organización civil reprobó la postura oficial de la Profepa, emitida tras las primeras revisiones en la zona de Sombrerete. Para los afectados, atribuir el escurrimiento de residuos al temporal pluvial diluye las responsabilidades corporativas y esquiva el análisis sobre el estado de la infraestructura minera.
El colectivo sostuvo que las lluvias representan fenómenos naturales previsibles en el territorio, pero el diseño técnico, la operación cotidiana, el mantenimiento de los contenedores y la seguridad de los depósitos corresponden enteramente a la empresa.
Bajo esa postura, los inconformes demandaron verificar la existencia de fallas estructurales previas en las instalaciones de almacenamiento. El colectivo recalcó que la presencia de tormentas no convierte el derrame en un suceso inevitable ni exime a Peñoles de sus obligaciones ambientales.
Inspectores federales realizaron una visita técnica a las instalaciones el pasado 8 de octubre, fecha en la que confirmaron la presencia de lodos residuales en el terreno. La autoridad decretó la clausura temporal parcial del depósito e instruyó medidas inmediatas de remediación.
La red ambientalista cuestionó que los resultados de la inspección permanecieran reservados durante doce días frente a los habitantes del municipio. Por ello, exigió la entrega pública del acta levantada durante la diligencia, así como la bitácora de avisos ciudadanos recibidos por los funcionarios.
Los denunciantes demandaron publicar los análisis de caracterización sobre los jales mineros dispersados en la cuenca. La agrupación recalcó que las autoridades omitieron informar el volumen exacto arrojado al afluente y el periodo de exposición que sufrieron los cuerpos de agua locales.
Minera Sabinas explota yacimientos subterráneos de plomo, cobre y zinc en Sombrerete. La presencia de estos minerales en los desechos genera alarma entre los pobladores respecto a la contaminación del agua para consumo y las tierras de cultivo aledañas.
Para las comunidades afectadas, las tareas de retiro de lodos visibles en el arroyo constituyen trabajos iniciales insuficientes. La organización advirtió que recoger el sedimento superficial no repara el daño en el río Súchil ni descarta la permanencia de metales en el suelo.
La red reclamó la aplicación de revisiones de salud preventivas para los habitantes de las localidades vecinas. La agrupación sostuvo que las familias tienen el derecho de conocer los dictámenes químicos oficiales y participar en las determinaciones sobre sus territorios.
El colectivo exigió sanciones administrativas y penales efectivas contra la firma minera y sus directivos. La demanda incluye abrir indagatorias sobre posibles omisiones cometidas por inspectores ambientales federales antes y después de la ruptura del confinamiento de residuos.
La organización advirtió que el municipio de Sombrerete no debe continuar bajo condiciones de desprotección ecológica recurrente. La agrupación demandó que las dependencias públicas garanticen el derecho al agua antes de privilegiar los intereses de la industria extractiva privada.
La Profepa notificó que mantendrá la supervisión sobre las cinco medidas obligatorias impuestas al consorcio para prevenir nuevos derrames en el cauce zacatecano.
