En entrevista con Infobae México, el litigante reiteró que Jáuregui sí tenía conocimiento del operativo que se realizó en el municipio de Morelos para desmantelar un narcolaboratorio para producir metanfetamina, pero no sabía qué agentes participarían, lo que también se refuerza con los 150 datos de prueba con los que cuenta la FGR, ya que ningún testigo lo señala de tener alguna relación con los elementos estadounidenses.
Villasana reconoció que pudieron existir omisiones en el operativo que mantiene preso a su cliente en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Edomex, pero rechazó de forma categórica que esas fallas alcancen para configurar el delito de traición a la patria.
“Pudo haber omisiones, irregularidades, omisiones en el operativo antes, durante y después, pero no, de ninguna manera para acreditar y tipificar el delito de traición a la patria”, señaló.
El abogado remarcó que esas eventuales fallas no alcanzan para sostener la gravedad del delito que mantiene a Jáuregui en prisión preventiva, ya que dijo que no actuó con intención de dañar al país con la presencia de agentes extranjeros, pues no sabía que se encontraban en el operativo contra los narcolaboratorios.
Por el contrario, Villasana argumentó que si tuviera que acusarse de alguna responsabilidad a Jáuregui —si se acreditaran dichas irregularidades—, se trataría de dos escenarios de naturaleza administrativa y no penal.
El primero sería una sanción conforme a la Ley de Seguridad Nacional, aplicable si se determinara la existencia de un delito federal menor al que actualmente se le imputa. El segundo sería una falta por ejercicio ilegal del servicio público, derivada de un eventual incumplimiento en los procedimientos institucionales.
“Si hubiese un delito federal, entenderíamos que hubiera sido la sanción administrativa de la que habla la Ley de Seguridad Nacional, o bien un ejercicio ilegal del servicio público”, explicó el abogado, al precisar que esa falta derivaría de “haber faltado administrativamente a los procedimientos como tal”.
Sin embargo, explicó que incluso en ese escenario, se trataría de una sanción acotada. “A lo mejor alguna sanción de estas características o bien administrativa”, pero no traición a la patria, que va de 5 a 40 años de prisión en caso de acreditarse la responsabilidad.
Para sostener que existe una desproporción entre los hechos y la acusación, Villasana hizo hincapié en el objetivo del operativo que Jáuregui autorizó. Se trató, recordó, de una misión diseñada para desmantelar un narcolaboratorio donde se producían metanfetaminas, no para dañar a la nación.
“El operativo que tuvo como finalidad y objetivo desmantelar un narcolaboratorio en el que se estaban produciendo metanfetaminas… esa era una finalidad justa”, argumentó el abogado, al vincular la legitimidad del propósito con lo que considera una respuesta penal desproporcionada.
Finalmente, Villasana mostró su rechazo a las acusaciones en contra de Jáuregui al reafirmar que no existía ninguna intención del exfiscal por provocar un daño al país, sino exclusivamente al crimen organizado.
“Creo que hay una desproporción y además jurídicamente no encuadra la conducta en el delito de traición a la patria”, afirmó.
Villasana reforzó su argumento al distinguir entre la autorización general del operativo y su ejecución en el terreno. Jáuregui, como superior jerárquico de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, tenía conocimiento de que la misión se llevaría a cabo y solicitó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para respaldarla, pero no sabía a qué agentes llevarían los fiscales encargados de ambas dependencias de la Fiscalía General de Chihuahua.
Y es que aspectos como el número de agentes, los vehículos empleados o la duración de la misión en campo correspondían, según el abogado, de manera exclusiva a Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la AEI que murió en el accidente que destapó el caso, y en el que también fallecieron su escolta y dos agentes de Estados Unidos.
Además, estos actos tenían que coordinarse con el entonces fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien también es acusado de los mismos delitos que Jáuregui, pero cuenta con un amparo que evita su detención.
El defensor sostuvo que, de los más de 150 datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República para sustentar la vinculación a proceso, ninguno establece de forma directa que Jáuregui tuviera conocimiento de la presencia operativa de los extranjeros en el terreno del operativo en El Pinal.
La distancia entre los dos escenarios que plantea la defensa (una sanción administrativa frente a una condena federal) es considerable. El delito de traición a la patria, por el que Jáuregui fue vinculado a proceso, contempla penas de hasta 40 años de prisión.
