
De acuerdo con la fiscal, los recursos provenían del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y habrían sido desviados y triangulados hasta llegar a las cuentas de la exconductora, detenida el 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, por autoridades migratorias.
“Inés N habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos”, señaló Godoy.
La fiscal explicó que la investigación apunta al uso de empresas fantasma para simular operaciones, desviar dinero público y ocultar su destino. El esquema se habría articulado en torno a contratos con el órgano responsable de los centros penitenciarios federales, cuyos recursos están destinados a la seguridad de ese sistema.
Los 2 mil 450 millones de pesos corresponden al monto aproximado de los contratos vinculados con el esquema investigado.
Además del presunto desvío, la FGR acusa a la exconductora de declarar ingresos inferiores a los que habría obtenido durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.
“Habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de impuestos”.
La fiscal confirmó que Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, emitidas por jueces federales mexicanos. Una corresponde a su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos son por defraudación fiscal equiparada.
Godoy aclaró que su detención en Estados Unidos obedece a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de ese país. Sin embargo, desde septiembre de 2025, México solicitó su detención provisional con fines de extradición y, en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense, integró la petición formal correspondiente.
La FGR agregó que, en las últimas semanas, intercambió información con autoridades estadounidenses y entregó las órdenes de aprehensión vigentes.
“De determinarse su deportación, la fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, aseguró.
Godoy puntualizó que Inés Gómez Mont goza de la presunción de inocencia y que serán los tribunales mexicanos quienes determinen su responsabilidad, conforme a derecho y con respeto al debido proceso.
