De acuerdo con el estudio Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de los penales, de la organización Causa en Común, hasta septiembre de 2026 había 276 mil 873 personas privadas de la libertad en el país. De ellas, el 44% no había recibido una sentencia.
El informe señala que 122 mil 549 personas estaban encarceladas sin sentencia, una cifra equivalente a casi la mitad de la población penitenciaria del país.
Esto significa que aproximadamente cuatro de cada 10 personas encarceladas permanecían en prisión mientras continuaba su proceso penal.
Además, según datos del Inegi de 2025 retomados por el estudio, al menos el 20% de las personas sin sentencia llevaba 24 meses o más esperando la resolución de su proceso.
Causa en Común plantea revisar el uso de la prisión preventiva oficiosa como parte de las medidas para atender esta situación.
La sobrepoblación también representa un problema. Hasta septiembre de 2026, los penales estatales albergaban 38 mil 796 personas por encima de su capacidad instalada, equivalente a una sobrepoblación del 19%.
Los estados con mayores porcentajes eran: Nayarit (257%), Estado de México (125%), Morelos (115%), Sonora (108%) y Quintana Roo (103%).
En Nayarit, el porcentaje significa que por cada 100 espacios disponibles había aproximadamente 357 personas encarceladas.
Otro de los hallazgos es el registro de 3 mil 317 defunciones de personas privadas de la libertad entre 2022 y 2025.
Durante ese periodo también se contabilizaron 339 suicidios, 47 homicidios, 3 mil 145 agresiones y mil 989 riñas.
El documento no presenta un desglose completo de las causas de muerte, por lo que no todas las defunciones pueden atribuirse a hechos violentos. Las agresiones y riñas corresponden a incidentes registrados, no a cifras de fallecimientos.
Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la CNDH, citado en el informe, 92% de los penales estatales evaluados presentaba insuficiencia de custodios y otro 92% registraba deficiencias de higiene.
Asimismo, el 77% tenía problemas en los servicios de salud y el 48% carecía de actividades educativas.
El estudio también documenta prácticas de autogobierno o cogobierno en al menos 31 penales, situaciones en las que personas privadas de la libertad ejercen o comparten funciones que corresponden a las autoridades penitenciarias.
Ante este panorama, Causa en Común propone fortalecer la capacitación del personal, modernizar las instalaciones y ampliar los programas de reinserción social.
