La condena fue dictada el 27 de octubre por el juez federal Raner C. Collins, en Tucson. Higuera-Fuentes, residente de Nogales, Sonora, México, deberá cumplir además cuatro años de libertad condicional supervisada una vez finalizada su pena de prisión.
Según informó la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona, Higuera Fuentes participó en la distribución de aproximadamente 20 kilogramos de metanfetamina pura. La cifra corresponde a droga pura, sin cortar, lo que implica un volumen considerablemente mayor una vez distribuida en dosis individuales.
El comunicado detalla que Higuera Fuentes actuó como líder de la conspiración. Entre sus funciones estuvieron la negociación de precios, la coordinación de horarios y lugares de encuentro, y la dirección de sus cómplices en la entrega de la droga.
La intervención de las autoridades impidió que el cargamento llegara a su destino. De acuerdo con el documento oficial, gracias a la labor policial en este caso, la metanfetamina nunca llegó a las comunidades de Arizona.
El caso judicial quedó registrado bajo el número 24-CR-6720-TUC-RCC, según consta en el comunicado de difusión del fiscal federal del distrito.
El proceso judicial contra Higuera Fuentes forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159. Según el comunicado, esta orden tiene como objetivo proteger al pueblo estadounidense contra la invasión.
El HSTF se define como una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan dentro de Estados Unidos y en el extranjero. El documento señala que, mediante una colaboración interinstitucional, el grupo moviliza el poder de las fuerzas del orden estadounidenses para identificar, investigar y enjuiciar la totalidad de los delitos cometidos por estas organizaciones.
La fiscalía indicó que estas estructuras criminales han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de las fronteras de Estados Unidos. En el desarrollo de su labor, el HSTF pone especial énfasis en investigar y enjuiciar a quienes participan en el tráfico de menores u otros delitos que involucran a niños.
El comunicado agrega que el grupo utiliza todas las herramientas disponibles para enjuiciar y expulsar de Estados Unidos a los delincuentes extranjeros más violentos.
La investigación del HSTF Tucson, según el texto oficial, involucró a agentes y oficiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) con sede en Detroit, Michigan, y en Tucson, Arizona.
También participaron Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
El listado de instituciones involucradas incluye además al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMF), el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CRI), Operaciones de Control y Deportación (ICE), Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (USPF) y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USPF).
Completan la nómina el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPS), el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSF) y la Oficina de Administración de Tierras (Bureau of Land Management).
La fiscalía del caso estuvo a cargo de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona. El Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos David Petermann, con sede en Tucson, se encargó de llevar adelante el proceso judicial contra Higuera-Fuentes.
El caso de Higuera-Fuentes se suma a otras condenas recientes enmarcadas en la iniciativa del HSTF. En Alabama, un tribunal federal sentenció a 25 años de prisión a Adán Ubaldo Sepúlveda Ruiz, mexicano de 39 años, por dirigir una organización que distribuía cocaína a gran escala en Estados Unidos.
Su cómplice, Juan Ali Popoca Flores, de 42 años, recibió una condena de 68 meses tras declararse culpable de conspiración para distribuir el estupefaciente. Ambos residían de forma ilegal en el país y serán trasladados a autoridades de inmigración para su deportación una vez cumplidas sus penas.
