La medida alcanzará a las personas trabajadoras y a los centros de trabajo, se aplicará con reducciones anuales de dos horas y busca disminuir el tiempo de trabajo sin recortar salarios, prestaciones ni derechos adquiridos.
La modificación reducirá de manera gradual el límite semanal hasta llegar a 40 horas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) indica que la transición pretende dar tiempo a las empresas para reorganizar sus actividades y, al mismo tiempo, establecer reglas para que el trabajo fuera de la jornada ordinaria conserve un pago adicional.
El año 2026 funcionará como un periodo de adaptación. Durante esos meses, las empresas y las unidades económicas podrán revisar sus esquemas de operación, horarios y distribución de tareas antes de que comience la reducción obligatoria.
La primera disminución será de dos horas semanales. A partir del 1 de enero de 2027, la jornada ordinaria tendrá un tope de 46 horas por semana.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, confirmó el inicio de esta primera fase durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarías del Trabajo, celebrada en Puebla.
El funcionario explicó que las autoridades laborales estatales deberán acompañar la aplicación de la reforma y vigilar que los centros laborales respeten las nuevas disposiciones.
La medida modifica el artículo 123 de la Constitución y forma parte de un esquema que plantea una reducción progresiva de la carga horaria. La meta es que los ajustes no afecten las percepciones económicas ni las prestaciones que ya tienen las personas empleadas.
La STPS sostiene que el cambio responde a una reforma que fija un límite constitucional para la jornada semanal. La dependencia señala que la aplicación escalonada sigue recomendaciones internacionales, entre ellas las relacionadas con el Convenio 116 de la Organización Internacional del Trabajo.
El cronograma oficial establece un descenso de dos horas por año. El límite semanal quedará de la siguiente manera:
– En 2027: 46 horas.
– En 2028: 44 horas.
– En 2029: 42 horas.
– En 2030: 40 horas.
La disminución se hará efectiva cada 1 de enero. Esto implica que la jornada máxima no pasará de forma inmediata al objetivo final, sino que avanzará mediante cuatro etapas consecutivas.
El calendario mantiene la jornada vigente durante todo 2026. La primera modificación recién comenzará al iniciar 2027, cuando los empleadores deberán adecuar los horarios de sus plantillas al nuevo tope semanal.
La reducción prevista para 2030 será obligatoria para todos los centros de trabajo. A partir de ese momento, deberán garantizar que la jornada ordinaria no exceda el máximo constitucional.
La reforma no establece que todas las empresas deban aplicar una misma distribución diaria de horarios. La organización del tiempo de trabajo podrá adaptarse a las características de cada actividad, siempre que respete los límites legales de cada etapa.
La STPS afirma que la jornada diaria tendrá un máximo de ocho horas. Cuando se alcance el límite de 40 horas semanales, una persona que trabaje ocho horas por día podrá completar su jornada en cinco días y contará con al menos un día de descanso.
La dependencia también plantea que los acuerdos entre empleadores y trabajadores podrían permitir esquemas con más días de descanso. Esas alternativas deberán respetar los derechos laborales y el límite semanal que corresponda a cada año de la transición.
La reforma establece una protección para los ingresos de las personas trabajadoras. La disminución del tiempo semanal no podrá ser utilizada como argumento para reducir salarios, sueldos, prestaciones u otros derechos previamente reconocidos.
La regla alcanza a las empresas que deban modificar sus horarios para ajustarse al nuevo marco constitucional. Los empleadores tendrán que reorganizar sus operaciones sin trasladar el costo de la reducción a los ingresos de su personal.
La STPS señala que más de 13 millones de personas trabajadoras se beneficiarán con el cambio de jornada. La dependencia vincula la medida con una mayor disponibilidad de tiempo para el descanso, la familia y el bienestar.
El proceso también busca que las relaciones laborales mantengan un equilibrio entre las necesidades de producción y los derechos de quienes realizan las tareas. Las autoridades estatales deberán participar en la supervisión de las nuevas condiciones dentro de los centros de trabajo.
La reforma prevé que la reducción pueda requerir ajustes internos en las empresas. Cada centro laboral deberá revisar la asignación de turnos, las horas de operación y la cobertura de sus actividades para cumplir con el límite aplicable.
La obligación de respetar los derechos adquiridos incluye las prestaciones laborales. La reducción de la jornada no modifica por sí sola las condiciones económicas que una persona ya tenía reconocidas antes de la entrada en vigor de la reforma.
La jornada de 46 horas aplicará desde 2027 a las personas trabajadoras y a los centros de trabajo sujetos al nuevo límite constitucional. Las empresas deberán adecuar sus horarios sin reducir salarios ni prestaciones, mientras que las autoridades laborales tendrán la tarea de vigilar el cumplimiento de las reglas en cada etapa.
La modificación alcanzará a quienes actualmente están bajo una jornada ordinaria semanal. La aplicación será gradual, por lo que el límite de trabajo cambiará cada año conforme al calendario oficial.
Los empleadores deberán ajustar la organización de sus actividades. La obligación no consiste únicamente en modificar un horario de entrada o salida, sino en garantizar que la suma de horas ordinarias se mantenga dentro del máximo establecido para cada periodo.
Las autoridades laborales de las entidades federativas tendrán un papel de acompañamiento. El objetivo es que puedan verificar el cumplimiento de la reforma y atender posibles incumplimientos dentro de los espacios de trabajo.
La STPS prevé fortalecer la inspección federal mediante un registro electrónico de la jornada laboral. Ese mecanismo permitirá revisar las horas realizadas por las personas empleadas y determinar si las empresas respetan los límites establecidos.
Las personas trabajadoras podrán recurrir al Sistema de Quejas y Accidentes Laborales de la STPS si consideran que existe una vulneración de sus derechos. También podrán solicitar orientación legal gratuita a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a través de la línea 079.
La reforma incorpora una protección específica para las personas menores de 18 años. Ellas no podrán realizar trabajo extraordinario en ningún centro laboral.
El trabajo extraordinario conservará un carácter excepcional y voluntario. No deberá utilizarse como una práctica permanente para cubrir tareas que correspondan a la jornada ordinaria ni como sustituto de nuevas contrataciones.
La STPS establece que podrán realizarse hasta 12 horas extra pagadas al doble del salario ordinario. Después de ese primer bloque, se admitirán cuatro horas adicionales con una remuneración equivalente al triple.
El nuevo esquema fija un máximo de 56 horas semanales. La dependencia contrasta este límite con el modelo anterior, que permitía hasta nueve horas extra con pago doble y no establecía un tope máximo para el tiempo adicional.
La reforma busca que las empresas reconozcan económicamente las horas realizadas fuera de la jornada ordinaria. También pretende impedir que la prolongación del horario se convierta en una exigencia habitual para las personas empleadas.
La STPS señala que, con el nuevo marco, las horas adicionales comenzarán a contabilizarse desde la hora 41. La disposición se vincula con la consolidación de una jornada máxima de 40 horas semanales.
Durante el periodo de transición, las personas trabajadoras deberán conocer cuál es el límite ordinario vigente en cada año. La reducción será escalonada, por lo que la aplicación de las reglas deberá considerar el calendario constitucional.
Los registros de asistencia y los recibos de nómina serán elementos relevantes para verificar que el tiempo adicional se calcule correctamente. Las empresas deberán identificar las horas ordinarias y las extraordinarias para que el pago corresponda al esquema previsto por la reforma.
