Exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, obtiene suspensión contra detención y extradición a EE.UU.
La medida cautelar concedida por el Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán permanecerá vigente, al menos, hasta la audiencia constitucional programada para el 1 de junio.
El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, obtuvo una suspensión para evitar su posible detención o extradición a Estados Unidos, tras las acusaciones presentadas por la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York por sus presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
La suspensión fue concedida por el juez Rafael Linares Rivera, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán, dentro del expediente 539/2026.
La medida, enmarcada en un juicio de amparo, busca frenar actos relacionados con la “detención provisional, aseguramiento, localización”, así como cualquier procedimiento encaminado a concretar una extradición a territorio estadounidense.
“Con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se suspende de plano y de oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez“, dice la resolución.
La suspensión permanecerá vigente, al menos, hasta la audiencia constitucional programada para el próximo 1 de junio.
El juez determinó que, de acuerdo con la ley, “la persona quejosa deberá permanecer a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal”.
De acuerdo con la acusación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, Mérida Sánchez, en su condición de secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, habría recibido sobornos superiores a 100 mil dólares mensuales hasta diciembre de 2024, cuando dejó el cargo, que asumió en septiembre de 2023.
Al exfuncionario se le imputan los delitos de “conspiración de importación de narcóticos”, “posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos” y “conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos”, cargos que, en conjunto, podrían derivar en una pena de cadena perpetua y un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
La acusación, presentada el pasado 29 de abril, incluye al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al senador morenista y exsecretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; al exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; al vicefiscal con licencia Dámaso Castro Zaavedra; a los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”; al exsubdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; al alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al excomandante municipal Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
