La polémica con los papeles del Ejército amenaza con romper la relación entre el Gobierno y las familias de los 43 de Ayotzinapa
La diferencia de posturas acerca de documentos de inteligencia militar sobre el posible paradero de los normalistas domina el noveno aniversario del ataque
México se prepara para el noveno aniversario del caso Ayotzinapa. Todavía sin resolver, el brutal ataque contra un grupo de estudiantes rurales, en Iguala, en el Estado de Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y la desaparición de 43, se ha convertido en un problema para el Gobierno. El Ejecutivo, que apostó buena parte de su capital político a su resolución, ve cómo la investigación se enquista. Las familias se empeñan en conseguir decenas de documentos de inteligencia militar que, defienden, contendrían información del ataque y el destino de los muchachos. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, mantiene una postura alejada: esos papeles no existen.
El miércoles pasado, las familias de los 43 se reunieron con el mandatario en Palacio Nacional. Llevaron un documento, firmado por todos, basado en las exigencias que ha hecho estos años el GIEI, el grupo de expertos comisionado a México por la CIDH, que ha investigado el caso, junto a la unidad especial de la Fiscalía General de la República (FGR), y la comisión presidencial, que dirige el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. El GIEI ha señalado que el Ejército espiaba las comunicaciones del grupo criminal que atacó a los estudiantes, Guerreros Unidos. Y que en esos intercambios, plasmados en documentos, aparece información sobre el destino de los 43.
En el oficio que entregaron a López Obrador este miércoles, al que ha tenido acceso EL PAÍS, las familias piden decenas de documentos, elaborados entre abril y octubre de 2014. Son los famosos cerfis, o documentos CRFI, en referencia al Centro Regional de Fusión de Inteligencia, región centro, que funcionaba en la época en Iguala. Los documentos son parte de la burocracia generada por este organismo entonces. El GIEI y la comisión presidencial han probado que ese tipo de documentos existen. Entre octubre de 2021 y julio pasado, ambos equipos, sobre todo el primero, han informado del contenido de algunos, encontrados al azar en archivos militares.
El contenido de los mensajes hallados, comunicaciones interceptadas por el CRFI región centro, habla del conocimiento castrense del grupo criminal que atacó a los estudiantes, Guerreros Unidos, y su red de complicidades. En los intercambios conocidos, del 26 de septiembre, día del ataque, y del 4 de octubre, se habla del destino de los estudiantes desaparecidos. La gran pregunta de las familias de los 43 es por qué el Ejército hace como que no hay documentos por el estilo. Y, sobre todo, por qué López Obrador cree a ojos cerrados en la versión castrense.
En el documento que entregaron al mandatario, las familias señalan: “Dentro de estos documentos destaca uno que refiere que 17 de nuestros hijos estaban siendo llevados a un lugar para privarlos de la vida, pero el mismo es una hoja tamaño carta, que da cuenta de una comunicación intervenida incompleta, por lo que es necesario que el Ejército entregue la comunicación completa, a fin de que se pueda saber qué ocurrió con los 17 jóvenes”. El documento al que se refieren es el del 26 de septiembre, ya conocido. EL GIEI ha podido probar estos años que ese documento forma parte de una intercepción mayor, pero el Ejército ha negado que exista tal cosa.
Este lunes, el propio Encinas y otros funcionarios recibirán de nuevo a las familias de los 43, después de revisar, como dijo López Obrador, el archivo de documentos acumulados estos años por los investigadores. “Estamos haciendo de nuevo un acopio… No de información, sino de, a ver, qué nos piden, qué se ha entregado, qué falta, y si existe, darlo. Todo para no seguir ahondando diferencias. Porque lo que menos queremos es que haya desinformación”, dijo el mandatario.
El paradero
Desde Palacio Nacional, las prioridades e intereses son en realidad otros. Para López Obrador, lo importante es el paradero de los muchachos. Encontrarlos. Lo dijo él mismo el jueves en conferencia de prensa. De los tres puntos a resolver, el paradero, el encubrimiento que orquestó el Gobierno anterior, y los detalles del ataque y las rutas de desaparición, el primero es fundamental. La ascendencia del mandatario sobre los equipos de investigación que siguen funcionando, la Fiscalía y la comisión -el GIEI dejó el caso en julio-, es tan grande, que su prioridad se ha convertido en la de todos.
Fuentes cercanas al caso señalan que, actualmente, el trabajo de la unidad especial de la FGR para el caso, la UEILCA, y la comisión de Encinas, se reduce a buscar personas que puedan tener información sobre la desaparición de los 43, entrevistarlas, y explotar los datos que aporten. Buscar debajo de cada piedra del centro de Guerrero, para tratar de encontrar restos de los normalistas. Así ha ocurrido últimamente con búsquedas, por ejemplo, en varias comunidades de Cuetzala del Progreso, las más cercanas a Cocula e Iguala, inexploradas hasta este año.
En julio, los equipos de investigación realizaron al menos tres búsquedas en esa zona, con resultados positivos en dos de ellas. Con positivo, los investigadores se refieren al hallazgo de fragmentos óseos, en este caso menores. La ubicación de este tipo de fragmentos, normalmente desgastados por la lluvia y el sol, ha sido habitual estos años. En uno de los anexos del informe que presentó el año pasado, la comisión presidencial señaló que desde 2019, los investigadores realizaron 102 acciones de búsqueda con resultados positivos en 17 de ellas. En tres de esas 17 aparecieron restos óseos de dos de los 43, Jhosivani Guerrero y Christian Rodríguez.
La cuestión es cómo reclutan a los informantes y qué intereses puedan tener para dar información. A lo largo de los años, solo uno de los testigos de la UEILCA, todavía con el fiscal Omar Gómez Trejo al frente, ha dado datos que han permitido el hallazgo de restos de los normalistas. Se trata del testigo protegido Juan, antiguo integrante de Guerreros Unidos que, a través de viejos subalternos, señaló las laderas de una barranca en Cocula, como el lugar donde habrían esparcido restos de algunos de los 43. Efectivamente, los investigadores encontraron allí restos de Rodríguez y Guerrero.
Las pistas que dio Juan se dieron en un contexto de colaboración. El presunto criminal ha declarado ampliamente ante la UEILCA sobre lo ocurrido en la noche del ataque y los días siguientes. Su testimonio ha servido para robustecer las acusaciones contra algunos de los detenidos los últimos años, entre ellos militares. A la vez, su relato excluye participación alguna por su parte y plantea situaciones que no han podido probarse, como el traslado de un grupo de los 43 a un cuartel del Ejército en Iguala, o la desaparición de cuerpos de algunos de ellos en el crematorio de una funeraria del municipio.
Haya dicho lo que haya dicho, sea verdad o no, o solo parcialmente, los investigadores nunca han dudado del conocimiento de Juan sobre el mundo del hampa en la región centro de Guerrero y la noche de los hechos. La duda ahora es si los testigos que están aportando información a la comisión y la UEILCA manejan un nivel de conocimiento parecido, para que las búsquedas no sean en vano. López Obrador reiteró esta semana su llamado a la colaboración de cualquiera que sepa del caso. El mandatario señaló que sus mañaneras se ven hasta en las prisiones.
