Entre las personas afectadas se encuentran jueces, fiscales, funcionarios policiales, un empresario y un legislador de los cuatro países, de acuerdo con información difundida por el Departamento de Estado estadounidense.
El Departamento de Estado señaló que las medidas forman parte de los compromisos asumidos dentro de Escudo de las Américas, una alianza impulsada por la administración Trump y conformada por países del continente.
Washington sostuvo que las restricciones buscan responder a casos que, desde su perspectiva, involucran corrupción, narcotráfico o acciones que afectan a instituciones y gobiernos democráticamente elegidos.
En el comunicado, el gobierno estadounidense afirmó que las personas señaladas ya no podrán ingresar libremente a Estados Unidos y que las restricciones también pueden alcanzar a sus familiares directos.
La decisión se presenta como parte de una política más amplia de revisión y aplicación de restricciones de visas contra ciudadanos extranjeros a los que el gobierno estadounidense acusa de actividades que considera contrarias a sus intereses de seguridad y Estado de derecho.
De acuerdo con el comunicado estadounidense, 12 funcionarios y exfuncionarios de Bolivia fueron identificados por nombre, mientras que otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visa estadounidense fueron declarados inelegibles para recibirla, junto con sus familias.
En el caso de Colombia, fueron identificadas dos personas; mientras que en Ecuador el comunicado señala que se impusieron restricciones de visa a dos ciudadanos y sus familias, aunque no precisa públicamente sus nombres.
Para Perú, el gobierno estadounidense identificó a un juez.
La medida corresponde a una restricción migratoria impuesta por Estados Unidos y las acusaciones formuladas por Washington no equivalen por sí mismas a una sentencia judicial.
El Departamento de Estado identificó a las siguientes personas de Bolivia:
– Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior.
– Albania Chane Caballero Saavedra, primera jueza investigadora anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres en el departamento de Santa Cruz.
– Alberto Zeballos Flores, fiscal titular de Santa Cruz.
– Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de instrucción penal en el departamento de Santa Cruz.
– Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional.
– Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, actual fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca.
– Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional.
– Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional.
– Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente de la Corte Suprema.
– Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia.
– Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana.
– José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
Además, otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no poseen visa estadounidense, así como sus familias, fueron declarados inelegibles para recibir visas.
En Colombia, Estados Unidos identificó a dos personas:
– Euclides Antonio Torres Romero, empresario privado y propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública.
– Martha Isabel Peralta Epieyu, senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
En el caso de Ecuador, el gobierno estadounidense informó que tomó medidas para imponer restricciones de visa a dos ciudadanos ecuatorianos y sus familias.
Para Perú, Estados Unidos identificó a Juan Carlos Núñez Matos, juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima.
La política anunciada por Estados Unidos establece que las restricciones no solamente pueden afectar a los funcionarios o ciudadanos directamente señalados. El Departamento de Estado precisó que las medidas también alcanzan a sus familiares directos, por lo que las personas afectadas pueden quedar impedidas para obtener o utilizar visas estadounidenses.
Escudo de las Américas es una alianza impulsada por la administración Trump que reúne a alrededor de 15 países de la región para la cooperación en materia de seguridad, combate al narcotráfico y defensa de gobiernos democráticamente elegidos.
La decisión se suma a otras medidas adoptadas recientemente por el Departamento de Estado en materia de visas, buscando endurecer la revisión de antecedentes y presencia digital para reforzar los procesos de seguridad.
