Desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, autoridades federales han desplegado la llamada Operación Enjambre, una estrategia enfocada en investigar posibles vínculos entre funcionarios públicos y grupos de la delincuencia organizada.
El operativo ha derivado en la detención de alcaldes, exalcaldes y servidores públicos de distintos estados del país, señalados por delitos que van desde extorsión y abuso de autoridad hasta delincuencia organizada, secuestro y presuntos nexos con cárteles.
La mañana del 23 de septiembre fue detenido Miguel Sánchez “Quetu” , quien se desempeñaba como alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, bajo las acusaciones de vínculos con una red de extorsión agravada y contra la Seguridad del Estado.
El caso más reciente involucra a autoridades municipales ocurrió en Oaxaca, donde fue detenido Miguel “N”, alcalde de Juchitán de Zaragoza, durante un operativo encabezado por fuerzas federales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el edil enfrenta acusaciones por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
Las investigaciones también relacionan a Miguel “N” y a otro detenido, identificado como Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, con una presunta estructura dedicada al cobro de piso, extorsión a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio. Además de las detenciones, las autoridades informaron el bloqueo de cuentas y recursos financieros vinculados con la investigación como parte de las acciones para desarticular la organización.
Isaac Rodríguez Ochoa fue detenido eeste 7 de septiembre.
De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es investigado por presuntos vínculos con una célula criminal dedicada al robo de transporte de carga, secuestro, extorsión y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.
Días antes también fue detenido Said de Jesús Godos Luna, alcalde de Tlachichuca, Puebla.
Las autoridades lo señalan por su probable responsabilidad en delitos como:
– Abuso de autoridad.
– Incumplimiento de un deber legal.
– Cohecho.
El edil fue presentado ante un juez de control en Ciudad Serdán.
La Operación Enjambre también alcanzó a Morelos.
El 20 de mayo de 2026 fue detenido Agustín Toledano Amaro, entonces alcalde de Atlatlahucan.
Las investigaciones de la FGR lo vinculan con:
– Delincuencia organizada.
– Delitos contra la salud.
– Extorsión agravada.
Según las autoridades, presuntamente mantenía nexos con una célula del Cártel de Sinaloa encabezada por un sujeto conocido como “El Varbas”.
Ese mismo día fue detenido Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla.
Está acusado de:
– Delincuencia organizada.
– Extorsión agravada.
Ambos permanecen sujetos a proceso.
Otro de los casos más relevantes es el de Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, Jalisco, detenido en febrero de 2026.
Las autoridades lo investigan por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre los delitos que se le imputan figuran:
– Delincuencia organizada.
– Secuestro.
– Extorsión.
Además, existen investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.
La operación también derivó en las capturas de María del Rosario Matías Esquivel, expresidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, y de su esposo Pedro Luis Hernández de Paz, quien era alcalde electo.
De acuerdo con la investigación, ambos son señalados por presuntos vínculos con La Familia Michoacana.
Las autoridades también investigan su posible participación en esquemas de extorsión.
Uno de los casos más avanzados judicialmente es el de María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, Estado de México.
Fue detenida en noviembre de 2024 durante la primera fase de la Operación Enjambre.
Posteriormente fue sentenciada a 70 años de prisión por su participación en el asesinato del entonces síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y de su chofer.
Las investigaciones también la relacionaron con integrantes de La Familia Michoacana.
La estrategia ha alcanzado al círculo más cercano de los presidentes municipales.
Entre los detenidos también aparece Ellery Guadalupe “N”, director del DIF de Tonatico, Estado de México, y esposo de la alcaldesa Marlen Ayala Sánchez.
Las autoridades lo acusan de:
– Secuestro exprés con fines de extorsión.
– Presunto uso de estructuras municipales para favorecer actividades de La Familia Michoacana.
Aunque sus detenciones no forman parte de la Operación Enjambre, el caso de los hermanos Giovanni, Ramiro y Uruviel González Vieyra también llamó la atención por involucrar a presidentes municipales poblanos investigados por autoridades federales.
Los tres fueron detenidos en marzo de 2025 durante un operativo realizado por fuerzas federales en la región de Ciudad Serdán. Giovanni González Vieyra se desempeñaba como alcalde de Tlachichuca, Ramiro González Vieyra encabezaba el municipio de San Nicolás Buenos Aires y Uruviel González Vieyra gobernaba Chalchicomula de Sesma.
Las autoridades los investigaron por presuntos delitos relacionados con posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y otros hechos derivados de cateos realizados en propiedades vinculadas al grupo político familiar.
Otro de los funcionarios detenidos dentro de las investigaciones relacionadas con la Operación Enjambre fue Ari Patrick Mendiola Mondragón, exalcalde de Almoloya de Alquisiras, Estado de México, capturado el 9 de abril de 2025.
Aunque su administración concluyó en 2021, las autoridades federales lo señalan por presuntos hechos ocurridos durante su gestión. Tras su detención, fue vinculado a proceso por extorsión agravada, principalmente contra comerciantes y propietarios de tortillerías en los municipios de Tenancingo y Malinalco.
Las investigaciones también apuntan a una posible relación con una célula criminal vinculada a La Familia Michoacana, organización que ha sido mencionada en varios de los expedientes derivados de la Operación Enjambre en el sur del Estado de México.
Además de las detenciones ya realizadas, existen otros funcionarios bajo investigación.
Las autoridades federales sostienen que el objetivo del operativo es identificar posibles redes de protección política a organizaciones criminales y desarticular estructuras de corrupción que operen desde gobiernos municipales.
