Los cárteles mexicanos fabrican desde 2010 vehículos de guerra conocidos como “monstruos”: camionetas de carga pesada blindadas de forma artesanal con placas de acero, torretas y ametralladoras, capaces de resistir disparos de fusil de alto calibre. Su producción masiva ha obligado al Ejército y a la Fiscalía General de la República (FGR) a destruirlos en lotes, pero las autoridades aún desconocen dónde se fabrican ni quién los construye. Los “monstruos” son vehículos modificados artesanalmente que los grupos del crimen organizado utilizan como máquinas de combate en campo abierto y zonas urbanas. Toman como base camionetas de carga pesada como una Ford F-350, F-450, Dodge RAM o Chevrolet Tahoe, a las que se les sueldan placas de acero en puertas, motor, techo y carrocería. Su costo de fabricación supera los 2 millones de pesos por unidad, y su blindaje resiste ráfagas de fusiles AK-47 y disparos de calibre .50, según datos de la FGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De los ejidos de Reynosa al resto del país. El origen de estos vehículos se remonta a 2010, en los municipios fronterizos del noreste de México. Fue Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, el líder más notable de Los Zetas y operador de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo, quien los desarrolló aplicando su formación militar. Los primeros prototipos eran pesados y lentos, diseñados para brechas rurales y ejidos de difícil acceso en Reynosa, Miguel Alemán y Río Bravo. No tardaron en expandirse. Conforme Los Zetas ganaron territorio, los “monstruos” aparecieron en Coahuila, Chihuahua, Veracruz y Sonora. Grupos como los Matazetas los replicaron después en Jalisco y Michoacán, donde la Sedena también ha registrado decomisos.
Tres generaciones, cada vez más letales. Los “monstruos” no son los mismos de 2010. Según testimonios de militares y elementos de la Guardia Estatal el armamento y la tecnología de estos vehículos han evolucionado en tres generaciones. La primera era tosca: camionetas o camiones de volteo revestidos con láminas de acero, lentos y pensados para vigilancia y transporte rural. La segunda generación apostó por mayor movilidad urbana y un diseño más cercano al de una tanqueta, con capacidad para bloquear carreteras y emboscar convoyes. La tercera generación, la más reciente, ya no corresponde a reparaciones de taller mecánico. Estas unidades incorporan placas de acero de grado militar tipo MIL-A 46100, adquiridas en Estados Unidos, que resisten explosivos y el impacto de bombas lanzadas desde drones. Las metralletas ya no sobresalen por el techo: disparan desde el interior a través de aspilleras en las puertas. Entre sus equipamientos más avanzados figuran alfombras antiminas que absorben ondas explosivas, cajones con blindaje categoría 5 para proteger el motor y la batería, llantas run flat que permiten circular hasta 64 mil 373 kilómetros a 100 kilómetros por hora tras recibir impactos, y software “bajadrones” capaz de bloquear la señal de un dron enemigo o apoderarse de su navegación.
Tamaulipas, el epicentro de los decomisos. Ningún estado concentra más “monstruos” que Tamaulipas. De los 597 vehículos con blindaje artesanal asegurados por la Sedena en todo el país entre enero de 2023 y junio de 2025, 304 correspondieron a esa entidad. Municipios como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y San Fernando han sido escenario recurrente de persecuciones y balaceras en las que estos vehículos participaron. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas reportó el decomiso y destrucción de 257 unidades entre enero de 2019 y julio de 2022. En conjunto, las autoridades estatales y federales han asegurado más de 550 “monstruos” en esa sola entidad en seis años y medio, sin contar operativos no documentados. Solo en 2026, la FGR ha destruido tres lotes en Reynosa: 23 unidades el 8 de febrero, 18 el 23 de agosto y 25 el 25 de agosto, estos últimos vinculados al Cártel del Noreste Facción Z y al Cártel del Golfo. La destrucción se ejecuta bajo el Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con supervisión del Ministerio Público Federal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR.
El punto ciego: nadie sabe dónde se fabrican. El dato que más preocupa a las autoridades no es la cantidad de vehículos decomisados, sino lo que esos números implican: alguien los está fabricando, y nadie sabe dónde. A pesar de los cientos de unidades aseguradas, apenas existe registro público de un solo narcotaller desmantelado. El 21 de octubre de 2023, elementos de seguridad localizaron un centro de fabricación en una brecha rural del municipio de Reynosa. Estaba desocupado. No hubo detenidos. La explicación más probable es que los talleres operen en zonas bajo control total de los cárteles, donde la presencia del Estado es prácticamente inexistente. En extensas áreas rurales de Tamaulipas y en sectores de ciudades como Reynosa o Nuevo Laredo, cualquier incursión de fuerzas federales puede desatar enfrentamientos de gran magnitud.
El costo que paga la población civil. Cuando un “monstruo” aparece en una ciudad, la vida se detiene. Los convoyes de sicarios a bordo de estas unidades atraviesan poblados disparando contra viviendas y negocios. Los operativos militares para neutralizarlos pueden extenderse por horas, con balaceras que obligan a cerrar comercios, suspender clases y encerrar a familias enteras. Más allá de los enfrentamientos, estos vehículos se usan para bloquear carreteras, ejecutar secuestros y amedrentar comunidades. Las víctimas civiles atrapadas en el fuego cruzado entre cárteles rivales o entre el crimen organizado y el Ejército son una consecuencia documentada y recurrente en Tamaulipas.
