La organización promotora y defensora de derechos humanos, Tejiendo Redes Infancia, publicó este agosto de 2026 el informe ‘Hijas e hijos de personas desaparecidas en México’. El documento revela la magnitud y consecuencias de ladesaparición de personas en el país sobre sus hijas e hijos, una población prácticamente invisible para las autoridades y carente de respuestas institucionales.
El análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica que, hasta agosto, existen 103 mil 176 registros en México. Al aplicar el promedio nacional de 1.60 hijas e hijos por persona según la ENADID 2023, a parti de esto, se estima que 165 mil hijas e hijos podrían estar afectados por la crisis de desaparición. Más de la mitad de los registros corresponden a personas de 15 a 29 años, lo que refleja un alto impacto en infancias y adolescentes.
Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia, señaló que el informe no puede considerarse un conteo exacto ni sustituye un registro oficial específico; su objetivo es evidenciar la falta de información institucional sobre los vínculos familiares de las personas desaparecidas y cómo esta ausencia limita la planeación de políticas públicas de protección, atención y reparación para las víctimas indirectas.
Entre la omisión institucional y la invisibilidad
El reporte subraya que la falta de información familiar imposibilita a las instituciones identificar a hijas e hijos como sujetos de derecho y necesidades diferenciadas, condición que se refleja en exclusión de las políticas públicas, falta de acceso a servicios y apoyos insuficientes.
Las consecuencias para quienes conviven con la ausencia prolongada de una persona desaparecida incluyen modificaciones inmediatas en la estructura del hogar y la comunidad, impactando en la salud física y emocional de niñas, niños y adolescentes. Entre ellas, Tejiendo Redes Infancias identifica las siguientes: – Cambios inmediatos en cuidados, ingresos, continuidad escolar, salud, seguridad y vínculos familiares. – Genera sobrecarga de responsabilidades para madres, abuelas, hermanas y otros familiares, quienes asumen búsqueda, cuidados y gestión institucional. – La niñez y juventud tiende a ser más vulnerable a ingresar a trabajo doméstico o interrumpir sus estudios. – El Estado los excluye de derechos y apoyos como representación legal, continuidad educativa, acceso a servicios de salud mental, prevención del estigma y protección social.
Mientras que a nivel internacional, el pasado 19 de marzo de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) remitió el caso de México a la Asamblea General de la ONU bajo el artículo 34 de la Convención, al encontrar indicios bien fundados de desapariciones forzadas dentro de ataques generalizados o sistemáticos, sin atribuir responsabilidad federal directa ni clasificar todos los casos como desaparición forzada. La decisión solicita cooperación técnica, financiamiento y protección para familiares y organizaciones, pero las respuestas oficiales del gobierno mexicano no contemplan acciones específicas para hijas e hijos de las víctimas.
El informe indica que tanto la legislación nacional como los estándares internacionales reconocen derechos a familiares y víctimas indirectas, aunque la implementación carece de mecanismos eficaces para identificar, proteger y proveer atención diferenciada a hijas e hijos de personas desaparecidas. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU reconoce que estos efectos alcanzan más allá de la minoría de edad; sin embargo, el Estado mexicano aún no construye registros, protocolos ni servicios adaptados.
Niñas, niños y adolescentes exigen respuestas sobre la desaparición de sus familiares
Como parte de este análisis, Tejiendo Redes Infancia retoma el “Informe Especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL)”. El documento incluye la participación de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años afectados por la desaparición de un familiar. La metodología, presentada el 7 de junio de 2025, combinó registros oficiales con actividades lúdicas y diálogo directo con los menores de edad, bajo condiciones de consentimiento y acompañamiento psicológico. El trabajo fue reconocido por el CED de la ONU, que también destacó una versión adaptada para audiencias infantiles, titulada “Las aventuras del equipo valiente”.
El informe documenta que las infancias viven miedo, incertidumbre y cambios emocionales constantes; enfrentan afectaciones en su rendimiento escolar, burlas y poca sensibilidad por parte de sus escuelas; deben lidiar con trámites institucionales confusos; y transitan entornos físicos y digitales, marcados por la inseguridad. El documento también resalta que son las madres, abuelas y colectivos quienes sostienen el cuidado y la búsqueda, mientras el Estado no ofrece un respaldo suficiente sin transferirles más responsabilidades.
En sus propias palabras, recogidas de forma colectiva por el informe del CEDHNL, las hijas e hijos de personas desaparecidas piden: “Un trato sensible, estar seguras y seguros, y participar sin que nuestra historia se vuelva pública”.
Urgen acciones para proteger a las hijas e hijos de personas desaparecidas
Tejiendo Redes Infancia sugiere que el gobierno de México debería construir una ruta de atención nacional que sea protegida, financiada y verificable, en lugar de la actual sucesión de trámites dispersos entre distintas instituciones. Según el informe, el problema no es la falta de leyes, sino que el Sistema Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes no comparten información entre sí ni operan bajo un plan común.
El documento propone que la respuesta institucional garantice, como mínimo, cinco momentos clave: – Identificación: registrar el vínculo familiar de manera segura, sin exponer datos personales. – Valoración: revisar la situación integral del menor, edad, cuidados, escuela, salud, ingresos y riesgos, para explicarle el proceso en un lenguaje comprensible. – Activación: designar responsables claros de protección, educación, salud y desarrollo social. – Continuidad: evitar cambios constantes de personal y que las familias deban repetir su testimonio en cada trámite. – Rendición de cuentas: publicar resultados y evaluar el programa con la participación de las propias familias.
El informe advierte que esta ruta de acceso a servicios no debe convertirse en un mecanismo de vigilancia hacia las familias, sino que debe regirse por consentimiento, seguridad y posibilidad de rectificación. Asimismo, señala que capacitar al personal no es suficiente si no existen protocolos claros y consecuencias cuando el sistema falla. La meta, plantea Tejiendo Redes Infancia, es que ninguna familia tenga que enfrentar dos veces negligencia institucional.
