La justicia estadunidense en casi dos décadas sólo ha hecho públicos 17 de estos delitos, pero organizaciones civiles documentaron que persiste un corredor activo de explotación infantil.
M+.- El jurado federal de Baltimore, en Maryland, leyó el veredicto contra Alekzander Quinn Bywater la tarde del 20 de agosto de 2026: “culpable” de los cinco cargos que enfrentaba, entre ellos conspirar para explotar sexualmente a una niña y publicar en la internet oscura (o ‘dark web’) los videos de su propio abuso.
Bywater, originario de Colorado Springs, Colorado, vivía en el estado de Veracruz junto con su esposa, Anika Danielle Studlar Bywater, cuando la pareja grabó, en enero y febrero de 2024, dos videos en los que abusaban sexualmente de una menor.
Según la acusación federal presentada ante la Corte de Distrito de Maryland, y consultada por MILENIO para esta investigación, el matrimonio subió ese material a un sitio de internet identificado como “Website A”, y ahí lo ofrecieron a la venta. Un agente encubierto del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que operaba en Maryland compró de manera encubierta los dos videos el 6 y 7 de febrero de ese año.
La fiscalía federal calificó el caso de “profundamente depravado” y reveló que Alekzander Quinn Bywater dejó Estados Unidos rumbo a México y se aprovechó de una persona muy vulnerable; “una niña pequeña”, como la describió el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, del Departamento de Justicia, tras el veredicto de culpabilidad.
El expediente judicial –que mantuvo sellados buena parte de los documentos para proteger la identidad de la menor– es uno de los poquísimos casos de turismo sexual infantil que llegó a los tribunales con nombre y apellido.
