Aunque el caso cobró relevancia tras los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre un juez de Colima que habría dejado en libertad a un presunto delincuente, la sanción contra Sigales se originó por la reducción de condenas en cuatro procedimientos abreviados. Además, enfrenta un proceso penal por presuntos delitos contra la administración de justicia.
Sergio Sigales Obrador Garrido es un juez federal que se desempeñaba en el Centro de Justicia Penal Federal en Colima. Cuenta con alrededor de 25 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, donde ocupó distintos cargos antes de convertirse en juez de Distrito.
Su nombre también llamó la atención por el parentesco con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El propio Sigales explicó que se trata de un vínculo familiar lejano: su abuelo y la madre del exmandatario eran primos hermanos.
El juez también fue señalado por conceder suspensiones y medidas judiciales contra la implementación de la Reforma Judicial de 2024.
La Comisión de Disciplina del TDJ determinó que Sigales incurrió en notorio descuido y un “error inexcusable” al reducir las penas acordadas entre la FGR y personas imputadas en cuatro procedimientos abreviados.
Los casos estaban relacionados con delitos contra la salud y posesión o portación de armas de fuego. Según el tribunal, el juez no tenía facultades para modificar las condenas negociadas entre el Ministerio Público federal y los imputados.
Por estos hechos, la resolución estableció dos sanciones:
Destitución: separación del cargo como juez de Distrito Especializado en el Centro de Justicia Penal Federal en Colima.
Inhabilitación por un año: impedimento para ocupar cargos en el servicio público durante ese periodo.
La resolución fue emitida por la Comisión de Disciplina y todavía puede ser revisada por el Pleno del Tribunal.
El caso cobró relevancia el 3 de noviembre de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la situación de seguridad en Colima.
Durante su conferencia matutina, relató que el secretario de Marina le informó que un juez había dejado salir a un presunto delincuente. Por ello, dijo, envió una carta al Tribunal de Disciplina Judicial para solicitar que investigara lo ocurrido.
Sheinbaum señaló que el organismo ya había iniciado una investigación y que el juzgador podría ser sancionado si se confirmaban las irregularidades. En esa intervención no mencionó públicamente el nombre de Sigales.
Además de la sanción administrativa, el juez enfrenta una investigación de la FGR por presuntos delitos contra la administración de justicia, relacionada con las resoluciones en las que redujo las penas.
El caso contempla una audiencia ante una jueza de control en Nayarit. Este procedimiento es independiente de la destitución y deberá determinar si existe responsabilidad penal.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) advirtió que sancionar a un juzgador por sus decisiones jurisdiccionales puede afectar la independencia judicial.
La organización cuestionó que se castigue una interpretación jurídica sobre la aplicación de penas en procedimientos abreviados. Así, el caso mantiene abierto el debate sobre los límites de la disciplina judicial y la autonomía de quienes imparten justicia.
