A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Gobierno estadounidense acusó a esta estructura de utilizar actividades comerciales para lavar recursos ilícitos y financiar operaciones criminales, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México reportó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los puntos centrales de la investigación estadounidense está el hipódromo Club La Molienda, ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Según el Tesoro, el lugar estaría controlado por el CDN y generaría ingresos mediante el cobro de cuotas a quienes compiten con sus caballos y a los espectadores.
El documento también señala a empresarios y compañías de construcción, suministro de materiales, gas y transporte, algunas de las cuales, según las autoridades estadounidenses, habrían servido para canalizar recursos, obtener contratos públicos o facilitar actividades criminales.
El Departamento del Tesoro identifica a Club La Molienda como un hipódromo, restaurante y bar situado cerca de Nuevo Laredo. De acuerdo con su investigación, el establecimiento estaría bajo control del Cártel del Noreste y sería una fuente de ingresos para la organización mediante las cuotas que pagan participantes y espectadores.
El comunicado sostiene que integrantes y líderes del CDN compran caballos, incluidos ejemplares procedentes de Estados Unidos, para competir en La Molienda. También afirma que el lugar estaría bajo el control de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “Z-40”, aunque su operación sería supervisada por otros líderes y asociados mientras él permanece encarcelado en Estados Unidos.
El Tesoro agrega que La Molienda y el Casino Centenario mantuvieron una asociación relacionada con apuestas: desde las instalaciones del casino era posible apostar en las carreras del hipódromo. Según el documento, las operaciones del Casino Centenario fueron suspendidas en abril de 2026 tras una acción bilateral entre México y Estados Unidos.
La OFAC incluyó a La Molienda en sus designaciones por considerar que es propiedad de la organización, está controlada o dirigida por ella, o actúa en su nombre.
El Tesoro sostiene que el uso de carreras de caballos para lavar dinero tiene antecedentes en la historia de Los Zetas, organización de la que surgió el Cártel del Noreste.
De acuerdo con el documento, entre 2008 y 2012 Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”, compraron y vendieron caballos de carreras con dinero procedente del narcotráfico, además de entrenarlos y competir con ellos en Estados Unidos.
Durante un periodo de 30 meses, personas de fachada y empresas presuntamente vinculadas con Los Zetas gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para sostener la operación, y habrían lavado más de 22 millones de dólares para el grupo.
El documento recuerda que, en junio de 2012, el Gobierno estadounidense incautó 455 caballos en una granja de Oklahoma, así como en lugares de carreras y centros de entrenamiento.
El Tesoro considera que la actividad ecuestre continúa formando parte de la estructura comercial que atribuye al Cártel del Noreste.
La investigación estadounidense también señala a Gamaliel Garza García, empresario mexicano relacionado con las carreras de caballos, y a su hijo, Gamaliel Garza Elías.
Según el Tesoro, Garza García participa en competencias tanto en México como en Estados Unidos y sus caballos corren con frecuencia en La Molienda. También afirma que controla Cuadra San Dibanh, un centro de crianza y entrenamiento de caballos de carreras ubicado en Anáhuac, Nuevo León.
El documento vincula a Garza García con Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), empresa que, según las autoridades estadounidenses, habría sido utilizada para canalizar dinero a campañas electorales de candidatos favorecidos por el CDN y habría obtenido contratos gubernamentales de manera corrupta, para después subcontratar trabajos a personas relacionadas con el grupo criminal.
El Tesoro también señala a Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), compañía que atribuye al empresario y que, según su investigación, habría suministrado materiales para integrar una red de contratos de construcción.
A principios de 2026, CEGESA y COPASA figuraban, de acuerdo con el documento, entre las pocas constructoras autorizadas por el CDN para realizar trabajos en Nuevo Laredo.
Además, la OFAC designó a otras empresas relacionadas con construcción, bienes raíces, combustible y gas:
Construaceros del Fuerte.
Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios.
Distribuidora de Gas Económico.
Gas Energía Confiable.
Propane Trading Group.
Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
El Tesoro sostiene que estas compañías forman parte de la red empresarial vinculada con Garza García y el Cártel del Noreste. Se trata de señalamientos de las autoridades estadounidenses, no de una determinación judicial definitiva de responsabilidad.
Otro de los objetivos de las sanciones es Tamex Leasing, también identificada como Tamex Logistics, empresa de transporte de carga con sede en Nuevo Laredo.
Según el Departamento del Tesoro, camiones de la compañía estuvieron vinculados con al menos dos cargamentos de cocaína destinados a Estados Unidos. Los envíos, que sumaban 52 kilogramos, fueron descubiertos en compartimentos ocultos de los tambores de freno de los remolques.
La OFAC también designó a Francisco Javier Inzunza Partida, identificado en el documento como despachador de Tamex e involucrado en el envío de los dos remolques incautados.
En otro apartado, el Tesoro señaló a Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como “Takia”, a quien identifica como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de sus sicarios. El documento indica que fue detenido en 2020 por su presunta conexión con un asesinato ocurrido en 2017, pero posteriormente fue liberado, y lo relaciona con el tráfico de armas en nombre del grupo.
La Secretaría de Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera identificó, entre algunos de los sujetos señalados, indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los movimientos detectados figuran operaciones relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, así como inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o nula que pudiera identificarse.
La UIF mantiene coordinación con autoridades estadounidenses para identificar redes financieras ilícitas y prevenir el uso indebido del sistema financiero. El Tesoro también informó que la OFAC trabajó con distintas agencias estadounidenses encargadas de investigar delitos financieros, tráfico de drogas y otras actividades criminales.
La dependencia estadounidense describió esta medida como la cuarta y más amplia acción de la OFAC contra redes del Cártel del Noreste durante la Administración Trump. Desde principios de 2025, afirmó haber realizado cerca de 40 acciones contra más de 500 personas y entidades.
Como consecuencia de las sanciones, los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC, conforme al comunicado.
Las restricciones también pueden alcanzar a entidades propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de una o varias personas bloqueadas. El Tesoro advierte que determinadas operaciones con los designados pueden exponer a sanciones a instituciones financieras y otras personas.
Por su parte, Hacienda aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas mexicana es una medida preventiva administrativa y no representa una determinación definitiva de responsabilidad. Las personas incorporadas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia conforme a la legislación aplicable.
Las designaciones estadounidenses y los hallazgos financieros comunicados por la UIF forman parte de las acciones para debilitar las estructuras económicas del Cártel del Noreste, pero no deben confundirse con una sentencia judicial que establezca de manera definitiva la responsabilidad de cada persona o empresa señalada.
