Los acusados, identificados como Miguel Ángel Campos-Barragán, Giovanni Vidrio-López y Eustaquio Espinosa-Hernández, comparecieron el 19 de octubre ante la jueza federal, Nancy Joseph, en Milwaukee, Wisconsin, quien ordenó mantenerlos en prisión preventiva, informó.
Los tres mexicanos fueron acusados formalmente en mayo de 2025 en el Distrito Este de Wisconsin por presuntas violaciones a la legislación estadounidense contra el tráfico marítimo de drogas.
Según la acusación, habrían participado en una conspiración para poseer y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, entre enero de 2024 y el 15 de abril de 2025.
También enfrentan un segundo cargo por presuntamente poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación estadounidense.
El 15 de abril de 2025, autoridades de Costa Rica interceptaron el buque «My Lisa Too» cerca de Quepos, en territorio costarricense.
Durante la operación, las fuerzas de seguridad localizaron aproximadamente 840 kilogramos de cocaína ocultos dentro de la embarcación.
Los tres mexicanos, quienes integraban la tripulación, fueron detenidos y posteriormente extraditados a Estados Unidos.
El fiscal federal Brad D. Schimel destacó que el decomiso representa uno de los mayores casos de incautación de drogas relacionados con el Distrito Este de Wisconsin.
Por su parte, Todd C. Smith, agente especial de la DEA en Chicago, señaló que las extradiciones reflejan la colaboración internacional para combatir el narcotráfico.
En su declaración, el funcionario mencionó a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, aunque el comunicado no establece expresamente que los tres acusados pertenezcan a ese grupo criminal.
El FBI también destacó la cooperación entre autoridades estadounidenses y costarricenses para investigar redes de tráfico de drogas.
La investigación estuvo a cargo de oficinas de la DEA en Milwaukee y Costa Rica, con apoyo del FBI, el Departamento de Justicia y autoridades costarricenses.
El fiscal auxiliar Robert J. Brady Jr. está a cargo del proceso judicial.
Los tres mexicanos permanecen bajo detención preventiva mientras enfrentan los cargos.
La acusación no constituye una declaración de culpabilidad, por lo que se presume su inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.
