La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) abrió cuatro carpetas de investigación tras los hechos violentos registrados el 17 de septiembre en los municipios de Mochitlán y Quechultenango, donde elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal fueron retenidos y agredidos durante un operativo de seguridad. La institución informó que los actos violentos dejaron tres vehículos oficiales con impactos de arma de fuego y lesiones en ocho integrantes de las corporaciones de seguridad, además de dos civiles heridos en Mochitlán.
La versión de la Fiscalía contrastó con la cifra de víctimas civiles que después reveló el alcalde de Quechultenango, David Astudillo Morales, quien habló de once personas afectadas entre heridos y un fallecido, todos pobladores.
La Fiscalía documentó agresiones contra ocho elementos de seguridad y daños a tres vehículos
En un comunicado emitido este 18 de septiembre, la Fiscalía General del Estado precisó que las agresiones cometidas contra tres elementos de la Guardia Nacional y cinco de la Policía Estatal derivaron en la apertura de dos carpetas de investigación independientes.
La primera se inició por los delitos de daño a la propiedad, ataques a las vías de comunicación y lesiones, en agravio de los cinco elementos de la Policía Estatal agredidos en Quechultenango. La segunda contempló homicidio en grado de tentativa, daño a la propiedad, robo, ataques a las vías de comunicación y lesiones, en agravio de los tres elementos de la Guardia Nacional atacados en Mochitlán.
Sobre los civiles lesionados, la Fiscalía informó que en Mochitlán inició dos carpetas por el delito de lesiones, en agravio de dos hombres, en contra de quien o quienes resultaran responsables. Respecto a Quechultenango, la institución señaló que hasta ese momento no se había presentado ante ella ninguna denuncia relacionada con personas civiles lesionadas o fallecidas.
El Gabinete de Seguridad de México, a través de su cuenta en redes sociales, confirmó que las instituciones federales colaboran con las autoridades de Guerrero para avanzar en las investigaciones y detener a los responsables. La Fiscalía anunció que continuaría con los actos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos.
El alcalde ubicó el origen de la movilización en Quechultenango antes de que escalara a Mochitlán
Astudillo Morales precisó, en conferencia de prensa este 18 de septiembre, que los hechos no comenzaron en el municipio de Mochitlán, sino en Quechultenango, alrededor de las 11:20 horas. El edil situó el escalamiento posterior hacia el crucero de Zacatzonapan, ya en territorio de Mochitlán, sobre la vía hacia Tequila, hasta las 13:40 horas.
El alcalde no ofreció una versión propia sobre la causa que habría detonado la movilización inicial en su municipio. Se limitó a establecer la secuencia geográfica y temporal de los hechos, sin atribuir responsabilidad a ningún actor por el origen de la confrontación.
El recuento del alcalde incluyó diez heridos de bala y un fallecido, todos identificados como pobladores. La cifra contrastó de forma directa con los dos civiles heridos que reconoció la Fiscalía, únicamente en Mochitlán y sin ninguna mención a un deceso.
El alcalde detalló que los heridos fueron ingresados primero al hospital de Quechultenango y trasladados posteriormente a Chilpancingo y Chilapa, algunos de ellos en condición grave según el último reporte médico disponible al momento de su declaración.
Astudillo Morales cuestionó la versión de las fuerzas de seguridad sobre el control de la situación
El alcalde acusó directamente al general Treviño, identificado como mando castrense en la zona, de minimizar la gravedad de los hechos ante los medios. Según Astudillo Morales, el militar sostuvo que la movilización inició a las diez de la mañana y que para las once ya estaba controlada.
El edil rechazó esa cronología y ofreció una propia: la notificación de los hechos le llegó hasta las 11:15 horas, mientras despachaba su informe de gobierno en el Congreso del Estado y posteriormente en Palacio de Gobierno.
Astudillo Morales también desmintió la existencia de una base de operaciones fija de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio, versión que atribuyó igualmente al general Treviño. Afirmó que desde 2024 solo se prestó un espacio deportivo como apoyo temporal a las fuerzas federales, sin mayor precisión sobre su uso, lo que calificó como un sacrificio para los jóvenes del municipio al perder ese espacio.
El alcalde insistió en que el ayuntamiento no convocó, organizó ni instruyó actos de violencia, bloqueos o retenciones contra las corporaciones de seguridad. Atribuyó esas conductas a particulares cuya responsabilidad individual, dijo, corresponde esclarecer a las autoridades competentes.
El edil defendió que su intervención durante la crisis tuvo como único fin favorecer el diálogo institucional y evitar una escalada de violencia, sin que eso represente respaldo a conductas ilícitas de ningún actor involucrado. Sostuvo que mediar para evitar más violencia no equivale a asumir responsabilidad por los actos de terceros.
Astudillo Morales confirmó que los 29 elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal retenidos fueron liberados de manera pacífica tras la mediación municipal, y que tanto pobladores como corporaciones se retiraron del lugar sin que se registrara una nueva confrontación. El alcalde manifestó su solidaridad con las personas lesionadas y sus familias, y llamó a que los hechos sean esclarecidos mediante investigaciones objetivas e imparciales que determinen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la participación individual de cada persona involucrada.
Las afectaciones a la vida cotidiana se extendieron más allá de los dos municipios donde ocurrió el enfrentamiento. El transporte público quedó suspendido también en Tixtla, además de Mochitlán, como consecuencia de las condiciones de seguridad y los bloqueos registrados en las vías de comunicación de la región.
