“Tras atender una denuncia ciudadana, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una mujer señalada como posible responsable de exigir dinero y recibir anillos de oro a cambio de devolver una mascota, en la alcaldía Iztapalapa”, comunicó la entidad pública del Gobierno de la Ciudad de México.
Los procedimientos de rescate ocurrieron cuando los policías realizaban patrullajes preventivos en la colonia Santa Martha Acatitla y, en el cruce de las calles Manuel Pérez Romero y Francisco C. Morales, una pareja solicitó su apoyo.
Los afectados indicaron a las autoridades que una mujer les quitó a una perrita de raza pequeña color café. Para liberar a su mascota la señorita les habría exigido una cifra alta de dinero y al no contar con ese dinero en efectivo, le entregaron unos anillos de oro.
“Con los datos proporcionados, los uniformados ubicaron a la presunta responsable metros más adelante y, conforme a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron tres anillos de oro”, afirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Por estos hechos, la autoridad capitalina detuvo a la Andrea “N”, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados, la trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.
La mujer que se desempeñó como empleada del hogar, habría condicionado la devolución de la perrita Chihuahua a cambio de tres anillos de oro. La propietaria localizó a Andrea “N” y aceptó reunirse con ella en un punto acordado para recuperar a su mascota. Ese encuentro derivó en la intervención policial.
Durante el intercambio de palabras, los policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) actuaron para detener a Andrea “N” y asegurar los tres anillos que reclamó a la dueña de la Chihuahua para su entrega en la alcaldía Iztapalapa.
Por ahora no existe una valuación pública de los anillos de oro que la mujer entregó a Andrea “N” a cambio de recuperar a su perrita Chihuahua en la Ciudad de México. El valor de las sortijas pueden variar según el peso, el quilataje, el diseño, la marca, la presencia de piedras preciosas y su estado de conservación.
Tras la captura de Andrea “N” por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la alcaldía Iztapalapa por secuestrar a una Chihuahua, ella quedará a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El órgano revisará los datos disponibles, entre ellos el relato de la dueña, las circunstancias del encuentro, la posible exigencia de las joyas doradas y cualquier registro o evidencia que haya sido integrado por la policía capitalina.
Hasta el momento, no se ha comunicado públicamente qué delito imputaría el Ministerio Público si la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitará medidas cautelares ni si el expediente ya fue presentado ante un juez.
Tampoco se puede asegurar si por este asunto se llevaría a cabo una audiencia inicial, la designación de una defensa, una declaración de la detenida o una posible reparación del daño. Esos aspectos dependerán de las actuaciones ministeriales y judiciales posteriores.
La pequeña mascota color café fue recuperada tras la intervención de los oficiales de la SSC. No obstante, no se ha hecho pública alguna parte médica veterinaria sobre el estado de salud de la perrita Chihuahua.
Tras ser rescatada, la Chihuahua regresó a casa con su dueña sin declarar acerca de posibles lesiones, signos de maltrato, deshidratación, alimentación, tiempo de resguardo ni atención médica posterior.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, podría investigar a Andrea “N” principalmente por extorsión si acredita que exigió tres anillos de oro para devolver a la perrita. La figura delictiva contempla obligar a una persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un lucro y provocarle un perjuicio patrimonial.
También podría analizarse un probable robo, por la presunta sustracción de la mascota. El Código Penal local prevé un aumento de pena cuando el robo se comete al aprovechar una relación laboral, servicio u hospitalidad, circunstancia que el Ministerio Público tendría que acreditar.
La clasificación jurídica final depende de la carpeta de investigación, los datos de prueba y la decisión del Ministerio Público o de un juez.
