El hombre cometió los abusos en 2015, en un municipio de la zona metropolitana de Monterrey, y grabó los actos en su teléfono celular sin el consentimiento de las víctimas. El juez dictó el fallo el 25 de septiembre de 2026, tras once años de proceso judicial.
El Juez de la causa penal determinó la responsabilidad de Delfino “N” en cuatro delitos graves. Los cargos incluyeron equiparable a la violación, atentados al pudor, corrupción de menores y pornografía infantil.
Las víctimas fueron dos niños de 6 y 10 años, además de una niña de 8 años. Sus identidades permanecen bajo protección legal, según informó la Fiscalía de Nuevo León.
El acusado impuso actos sexuales de forma reiterada contra los tres menores. La Fiscalía Regional Norte documentó que estos hechos ocurrieron en un municipio metropolitano de Nuevo León durante 2015.
Delfino “N” videograbó los abusos y también los fotografió con su celular. Ninguna de las víctimas otorgó su consentimiento para ese registro.
El material quedó almacenado en el dispositivo del agresor durante años. Las autoridades recuperaron esas pruebas y las presentaron durante el desahogo probatorio del juicio oral.
La audiencia de juicio oral concluyó con pruebas que la Fiscalía calificó como contundentes. El Juez consideró que esas pruebas acreditaban de manera plena la responsabilidad del acusado en los cuatro delitos imputados.
El proceso penal tardó una década en resolverse desde que ocurrieron las agresiones. La reposición del proceso formó parte de los pasos legales que derivaron en la sentencia final.
Como consecuencia del fallo, Delfino “N” deberá permanecer internado en un Centro de Reinserción Social Estatal. Cumplirá ahí la totalidad de los 98 años impuestos por el Juez.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León calificó la sentencia como ejemplar. El organismo destacó que el fallo responde a las afectaciones físicas y psicológicas que sufrieron los menores.
El comunicado oficial de la Fiscalía detalló que el agresor causó daño físico y psicológico a las víctimas. También señaló una alteración en su desarrollo integral dentro de un entorno que debía estar libre de violencia.
Un caso como el de Delfino “N” se inscribe en un patrón más amplio de violencia sexual contra menores en México. El estudio Disrupting Harm México, elaborado por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL, encontró que uno de cada ocho adolescentes con acceso a internet sufrió explotación o abuso sexual facilitados por tecnología durante un periodo de un año.
Esa proporción equivale a 1.6 millones de adolescentes afectados cada año en el país. La investigación se realizó entre 2023 y 2024 y fue presentada este año.
El estudio de UNICEF encontró que el 67% de esos incidentes ocurrió exclusivamente en entornos digitales. En casi dos de cada tres casos, las víctimas conocían a la persona agresora, ya fuera una amistad, una pareja o un familiar.
Menos del 1% de esos incidentes se denunció ante la policía, según el mismo diagnóstico. Uno de cada tres adolescentes tampoco contó a nadie lo ocurrido, principalmente por vergüenza o miedo.
Otros datos citados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) muestran que la violencia sexual escolar contra menores aumentó 961.9% entre 2010 y 2025. En 2024, 244 niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 17 años recibieron atención hospitalaria por violencia sexual ocurrida en escuelas.
El 75% de las agresiones sexuales contra niñas y adolescentes registradas en 2024 ocurrieron dentro de una vivienda, de acuerdo con la misma organización. UNICEF también documentó que la tasa de violencia sexual contra menores pasó de 58.4 a 127.2 víctimas por cada 100 mil habitantes entre 2018 y 2023.
Una senadora del PAN, Laura Esquivel Torres, señaló en abril durante las Jornadas de Prevención de Abuso Sexual Infantil que más del 34% de niñas y niños en México han sido víctimas de abuso sexual. La legisladora también advirtió que en casi el 90% de los casos el agresor vive en el mismo techo que sus víctimas.
Esquivel Torres agregó que solo el 10% de esos casos se denuncia ante las autoridades. El caso de Delfino “N” representa una de las excepciones en las que el sistema de justicia logró concluir un proceso con una condena firme.
