
En entrevista con Uno TV, el constitucionalista explicó que el cohecho podría implicar hasta 14 años de cárcel, mientras que la acumulación de otros delitos podría elevar la pena.
De la Garza señaló que el cohecho, relacionado con recibir dinero a cambio de otorgar beneficios en contratos, sería uno de los delitos que podrían investigarse.
“Si le acumulas otros delitos, como puede ser asociación delictuosa […] uso de recursos de procedencia ilícita, pues la pena podría ser de 30, 40 años de prisión”, afirmó.
El abogado también advirtió sobre la posibilidad de que el caso se atienda únicamente mediante un procedimiento administrativo, sin llegar a una investigación penal.
De la Garza consideró que las irregularidades podrían derivar en sanciones administrativas relacionadas con contrataciones públicas, conflictos de interés, desvío o falta de comprobación de recursos y uso de documentación alterada.
En ese escenario, explicó, podrían imponerse multas o inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
El constitucionalista expresó su preocupación de que una sanción administrativa menor se presente como la resolución definitiva del caso.
“Se le haga una inhabilitación para ejercer cargos públicos y con esto se salga a decir que ya Taddei fue sancionada y que el expediente se cierra”, declaró.
