Ante la amenaza que representan las redes de enmalle y el tráfico ilegal de totoaba, el Gobierno federal reforzó las medidas de vigilancia, amplió los operativos contra la pesca clandestina y actualizó las restricciones para las embarcaciones.
La estrategia también contempla un cambio importante: involucrar a las comunidades pesqueras en la protección de la especie y ofrecerles alternativas económicas para reducir la presión sobre el ecosistema.
¿Qué cambiará en la vigilancia para proteger a la vaquita marina?
Las nuevas disposiciones buscan cerrar espacios a las actividades pesqueras ilegales en las zonas donde habita la vaquita marina. Para ello, México actualizó el acuerdo que regula la pesca en el Alto Golfo de California, incorporando recomendaciones científicas y compromisos internacionales para reforzar la protección de esta especie.
Uno de los principales ajustes es la redefinición del Área de Prohibición de Redes de Enmalle, donde solamente se permite utilizar artes de pesca alternativas autorizadas. También se mantienen restricciones estrictas para evitar operaciones durante la noche, cuando las actividades ilegales pueden dificultar las labores de supervisión.
Otra zona bajo vigilancia especial es la Zona de Tolerancia Cero (ZTC), donde está completamente prohibida la pesca. En este espacio únicamente se contempla un corredor regulado para el tránsito de embarcaciones.
A estas disposiciones se suman nuevas herramientas de supervisión, entre ellas:
– Fortalecimiento del monitoreo satelital de embarcaciones menores mediante el sistema SISLEM.
– Actualización de los sitios oficiales de embarque y desembarque.
– Revisión de los horarios de restricción para la actividad pesquera nocturna.
– Mejores mecanismos para identificar redes y detectar aquellas que operan fuera de la regulación.
El objetivo es que las autoridades puedan identificar movimientos irregulares, retirar los equipos prohibidos y reducir el riesgo de que la vaquita marina quede atrapada accidentalmente en redes de pesca.
Más de 68 mil metros de redes ilegales retiradas del Alto Golfo
Los operativos también buscan retirar los instrumentos de pesca que representan una amenaza directa para la fauna marina. Desde 2023, las autoridades han retirado más de 68 mil metros de redes de enmalle ilegales, para este año, según datos oficiales la cifra ya supera los 10 mil metros.
Además, se han instalado más de 400 bloques de concreto equipados con ganchos para impedir la colocación de redes ilegales o abandonadas en la Zona de Tolerancia Cero y otras áreas prioritarias.
En materia de inspección, durante 2026 se han realizado más de 800 revisiones a embarcaciones en puntos de embarque y desembarque. Con estos operativos, el acumulado supera las 7 mil inspecciones desde la implementación del Plan de Acción de México en 2023.
Otro frente de atención es el tráfico ilegal de totoaba, una actividad relacionada con la captura clandestina que también pone en peligro a la vaquita marina.
Mediante la Operación Victoria I se reforzaron los controles en 10 aeropuertos internacionales estratégicos. Asimismo, 832 personas servidoras públicas recibieron capacitación para reconocer los buches de totoaba y aplicar los protocolos correspondientes.
Las acciones judiciales también han avanzado: 36 investigaciones fueron judicializadas y 20 personas recibieron sentencias condenatorias. Entre los casos destaca una condena dictada en octubre de 2026 contra un traficante internacional de buches de totoaba, quien recibió cuatro años de prisión y deberá pagar 19 millones 17 mil 597 pesos por concepto de reparación del daño ambiental.
Pesca sustentable: las alternativas que buscan cambiar la economía de la región
La protección de la vaquita marina también depende de lo que ocurre fuera de las zonas de vigilancia. Para las comunidades del Alto Golfo, la pesca representa una actividad económica fundamental, por lo que las restricciones necesitan acompañarse de opciones que permitan mantener los ingresos familiares sin poner en riesgo a la especie.
En este sentido, la estrategia contempla una transición gradual hacia métodos de captura alternativos, como la línea de mano, los anzuelos y el buceo sustentable, siempre de acuerdo con las cuotas establecidas con base en criterios científicos.
También se trabaja en la incorporación de tecnologías y sistemas de trazabilidad que permitan comprobar el origen legal de los productos pesqueros. Esto busca facilitar su comercialización y generar mayor confianza sobre las condiciones en las que fueron obtenidos.
Otro tema relevante es el embargo comercial que afecta a productos de la región, como el camarón azul. La Semarnat, la Secretaría de Economía y la Conapesca exploran alternativas para avanzar hacia su eliminación y abrir nuevas oportunidades de mercado.
A través de la colaboración con organizaciones civiles como Pronatura Noroeste y Pesca ABC, también se impulsan mejoras en infraestructura, cadenas de frío, manejo de capturas y comercialización.
La intención es que los pescadores puedan obtener mayor valor por sus productos y que la conservación deje de percibirse como una actividad incompatible con el desarrollo económico de las localidades costeras.
San Felipe y Golfo de Santa Clara buscan un futuro más allá de la pesca
Uno de los cambios que acompañan esta estrategia es la participación directa de las comunidades en la planeación de su desarrollo. Durante 2026 comenzó la elaboración de Planes de Desarrollo Comunitario en San Felipe, Baja California, y el Golfo de Santa Clara, Sonora.
Ambos proyectos buscan diversificar las fuentes de ingreso, mejorar los servicios públicos y reducir la dependencia económica de una sola actividad productiva.
En San Felipe, la iniciativa denominada “San Felipe, Ideal a 20 Años” plantea una visión hacia 2046 que contempla ampliar los servicios de salud especializada, fortalecer la educación superior, impulsar el turismo sustentable y desarrollar actividades de procesamiento industrial.
En el Golfo de Santa Clara, las propuestas comunitarias se concentran en mejorar la infraestructura de agua potable, fortalecer las plantas procesadoras, ampliar la educación técnica y explorar alternativas de acuacultura.
A estas acciones se suma el monitoreo científico de la vaquita marina y los esfuerzos para recuperar la población de totoaba, incluida la liberación anual de más de 40 mil crías de esta última especie en Baja California Sur.
La cooperación internacional también forma parte del plan. México mantiene trabajos en el marco de la CITES para fortalecer el combate al tráfico de especies y avanzar en compromisos relacionados con la conservación de la biodiversidad.
