También incluye modificaciones a los derechos que pagan las concesionarias ferroviarias y beneficios para empresas de telecomunicaciones.
El dictamen obtuvo 27 votos a favor de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), mientras que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano (MC) sumaron 10 votos en contra.
Después de la aprobación, la comisión decretó un receso para recibir las reservas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantearía para modificar el documento durante la discusión en lo particular.
El proyecto forma parte de los trabajos legislativos relacionados con el Paquete Económico para el próximo ejercicio fiscal.
Entre los cambios previstos destaca el incremento de 35% en el derecho de estancia para visitantes extranjeros que ingresen a México sin permiso para realizar actividades remuneradas. Con el ajuste propuesto, la cuota pasaría a 1,334 pesos.
La distribución de los recursos recaudados por este concepto también está contemplada en el dictamen: 50% se destinaría a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 26% al Instituto Nacional de Migración (INM) y el 24% restante ingresaría a la Tesorería de la Federación sin una asignación específica.
Además, la iniciativa establece modificaciones a las cuotas para expedir visas ordinarias y visas de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas de larga duración.
En ambos trámites se propone un cobro de 1,639 pesos para 2027. Sin embargo, el impacto porcentual sería distinto debido a las tarifas vigentes:
– Visa ordinaria: pasaría de 990 a 1,639 pesos, un incremento de aproximadamente 66%.
– Visa de visitante de larga duración: subiría de 648 a 1,639 pesos, equivalente a un aumento de alrededor de 153%.
– Estancia de visitantes extranjeros: la cuota aumentaría 35%, hasta alcanzar 1,334 pesos.
– Uso del espacio aéreo mexicano: se plantea elevar 10% diversas cuotas aplicables.
– Concesiones ferroviarias: la tasa sobre los ingresos brutos obtenidos por el aprovechamiento de bienes del dominio público subiría de 1.25 a 3%.
Durante el debate, el diputado panista Héctor Saúl Téllez cuestionó los incrementos incluidos en la propuesta y sostuvo que algunos cobros superan ampliamente una actualización ordinaria de tarifas.
Según sus señalamientos, ciertas cuotas registrarían aumentos de entre 100 y 1,000%.
Como ejemplo, mencionó la licencia sanitaria para servicios de transfusión, cuyo costo pasaría de 1,482 a 17,439 pesos, de acuerdo con las cifras expuestas durante la discusión.
También señaló que la autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos aumentaría de 8,195 a 43,209 pesos, un alza superior a 427%.
Otro de los conceptos cuestionados corresponde a las licencias para establecimientos que utilizan fuentes de radiación con fines de diagnóstico médico, cuyo costo prácticamente se duplicaría para ubicarse en 19,845 pesos.
Por su parte, el diputado priista Christian Castro Bello advirtió que los incrementos en permisos y autorizaciones pueden elevar los costos de operación de empresas dedicadas a producir, transportar y distribuir bienes y servicios.
Entre los ajustes mencionó el aumento de 41.42% en el servicio de toma de muestras y liberación de productos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
En respuesta a las críticas, la diputada de Morena Claudia Rivera Vivanco rechazó los señalamientos sobre la iniciativa y argumentó que los cambios buscan actualizar los cobros conforme al costo de los servicios públicos y al aprovechamiento de los bienes de la nación.
La legisladora también sostuvo que la propuesta no contempla aumentos en la expedición de pasaportes mexicanos ni en la tarifa de uso aeroportuario (TUA), en contraste con las preocupaciones expresadas por la oposición sobre los posibles efectos de los nuevos cobros.
Por su parte, el diputado morenista Luis Humberto Fernández defendió el dictamen al afirmar que los ajustes corresponden a un esquema de justicia fiscal y no a una estrategia de recaudación excesiva.
La iniciativa no solo plantea incrementos. También contempla reducciones y exenciones para determinadas concesionarias del espectro radioeléctrico, particularmente en el sector de las telecomunicaciones.
Rivera Vivanco explicó que se propone reducir 12% el pago de derechos en determinadas bandas del espectro y establecer exenciones de hasta 100% en zonas prioritarias o de cobertura carretera, bajo los supuestos previstos en el dictamen.
De acuerdo con la legisladora, estos incentivos buscan facilitar la inversión privada en infraestructura y promover el desarrollo de redes de quinta generación (5G), con el objetivo de ampliar la conectividad en comunidades alejadas.
La propuesta también fija cuotas para trámites relacionados con el uso secundario de bandas de frecuencias y autorizaciones para experimentar con tecnologías en desarrollo.
Asimismo, establece en 201 pesos el pago por el registro de armas de fuego y sus modificaciones para el próximo año.
Tras la aprobación en lo general, la Ley Federal de Derechos 2027 continuará su proceso legislativo junto con las propuestas de modificación correspondientes.
El dictamen deberá avanzar en las siguientes etapas de discusión y votación antes de completar el procedimiento legislativo.
