El coordinador del Comité Digna Ochoa y representante de los familiares de Ubelain y Marco Antonio, Luis Alonso Abarca, informó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, emitió otra comunicación al Estado mexicano, el 26 de octubre pasado.
Previamente, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, había emitido las acciones urgentes 1616/2023 y 1617/2023, para que la Fiscalía General de Chiapas llevara a cabo diligencias para la búsqueda y localización de Uberlain y Marco Antonio.
Pero el Comité Digna Ochoa, que preside Luis Abarca observó varios errores y omisiones que ha cometido la Fiscalía, en la búsqueda de los dos desaparecidos de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), ese 26 de julio del 2023, cuando viajaban en una camioneta Nissan de color blanco entre López Hernández e ingenio Pujiltic, del municipio de Venustiano Carranza, poblados separados por siete kilómetros.
Abarca sostiene que “según la información reunida en el contexto de las presentes acciones urgentes”, hasta ahora no hay una “estrategia de búsqueda integral y diferenciada, ni la realización de un análisis de contexto que oriente eficazmente las acciones de búsqueda e investigación”.
“Las autoridades responsables de la búsqueda se habrían limitado a adoptar medidas de carácter formal, principalmente mediante solicitudes de información dirigidas a otras instituciones”, dice. “La falta de un plan de búsqueda en los lugares señalados en la región de Pujiltic, incluido el rancho El Cedro, donde el 19 de mayo del 2026, el colectivo de Madres Buscadoras y autoridades de la Fiscalía habrían realizado labores de búsqueda y excavación y encontrando restos humanos, zapatos, prendas de vestir y teléfonos celulares”.
Los objetos hallados durante las acciones de búsqueda en esa propiedad se encuentran bajo custodia del ministerio público, para llevar a cabo los estudios genéticos, pero hasta ahora no se ha proporcionado información de lo encontrado, pero tampoco hay nuevas búsquedas, pese a las solitudes que han hecho los familiares de los desaparecidos. “Tampoco se habría realizado el cotejo con los perfiles genético-relevantes para las presentes acciones urgentes”, explica.
La Fiscalía no rastreó los teléfonos de los desaparecidos, durante y año y medio, pero lo que se sabe es que los aparatos permanecieron activos varios días, después del 26 de julio. “En particular, no se habría dado seguimiento al compromiso asumido el 13 de octubre del 2023, de solicitar el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para revisar y localizar los números telefónicos vinculados a las víctimas”.
No hubo labores de búsqueda o investigación en las propiedades donde los tzotziles desaparecieron, aun cuando había autorización para que ingresaran las brigadas de búsqueda, ni en otras áreas del municipio de Venustiano Carranza. “Los procesos de búsqueda en los ejidos señalados se habrían realizado únicamente del 8 al 10 de agosto del 2023, con la participación de los familiares de las víctimas durante tres días y habría sido posteriormente cancelados por instrucciones de la Secretaría General de Gobierno”.
El Comité Digna Ochoa pide “desarrollar con carácter urgente”, un análisis de contexto sobe las desapariciones ocurridas en la misma región y temporalidad que la desaparición de Uberlain y Marco Antonio”, para identificar elementos de relevancia para su búsqueda, incluyendo la alegada existencia de un patrón de protección de los grupos delictivos y paramilitares que operarían en Venustiano Carranza.
“Garantizar que las autoridades a cargo del caso de Uberlain y Marco Antonio, hayan efectivamente adoptado e implementado una estrategia de búsqueda e investigación”. “El rastreo y análisis inmediatos de los teléfonos de los desaparecidos, que incluya registro de llamadas y datos de geolocalización disponibles correspondientes al periodo durante el cual permanecieron activos después de la desaparición”.
Que se practiquen análisis genéticos de los restos humanos hallados en el rancho El Cedro, “incluido el cotejo de los perfiles genéticos obtenidos con los familiares de Uberlain y Marco Antonio”.
Que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, informe a los familiares de los desaparecidos y sus representantes legales, “de los avances y resultados de los procesos de búsqueda e investigación relacionados con su presunta desaparición”. “Y que cuando resulte necesario, la Comisión Nacional de Búsqueda acompañe el caso y coordine eficazmente las acciones de búsqueda, garantizando la participación segura de los familiares y proporcionándoles medidas efectivas de protección”.
Y que los familiares de Uberlain y Marco Antonio se registren y reconozcan como víctimas, “se abran los expedientes correspondientes y adopten, con carácter urgente, medidas efectivas de asistencia y protección, así como las medidas necesarias para garantizar su derecho a una reparación integral”.
