¿Censura a López Obrador? Por qué en México el presidente no puede opinar sobre las elecciones y los candidatos
La ley mexicana impone claros límites a lo que los funcionarios públicos pueden decir en período electoral. Hay detrás una historia de atropellos cometidos en el pasado en contra de opositores
Semanas antes de la elección presidencial de 2006, los mexicanos fueron bombardeados por spots que, a través de la radio y la televisión, afirmaban que Andrés Manuel López Obrador era “un peligro para México” y advertían de los riesgos de votar por él: crisis, devaluación, desempleo, deuda. Los virulentos promocionales eran patrocinados por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), que entonces gobernaba el país con Vicente Fox. López Obrador era candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Presidencia, y desafiaba en las urnas al abanderado del oficialismo, Felipe Calderón. Las encuestas anticipaban una elección cerradísima: algunas daban una ligera ventaja al candidato de la izquierda, otras, al candidato del partido conservador. Al final López Obrador perdió los comicios por una diferencia mínima (el 0.56% de los votos).
Desde el primer momento el dirigente izquierdista aseguró que se trató de un fraude electoral, en parte por una supuesta manipulación en el conteo de los votos, en parte por la guerra sucia auspiciada por empresarios y los grandes medios de comunicación —especialmente Televisa y TV Azteca—, y en parte por la intromisión del Gobierno de Fox en el proceso electoral para mover simpatías a favor del candidato del oficialismo y para avivar la fobia hacia el opositor (el presidente Fox decía abiertamente que había que cambiar de “jinete”, no de “caballo”, defendiendo la continuidad del PAN).
Lo que vino después de esa elección fue una convulsión política (miles de personas se volcaron a las calles para apoyar a López Obrador, en quien veían al “presidente legítimo” de México), y una sacudida de las instituciones. La agitada experiencia de 2006 propició una profunda reforma en materia electoral que tenía la finalidad de evitar la intromisión tanto del Gobierno en turno como de agentes económicos en las elecciones y en los resultados. Aupados en un fuerte movimiento popular, el PRD y López Obrador presionaron y lograron que en 2007 el Congreso aprobara dos modificaciones medulares.
La primera fue que se prohibiese a los partidos y a los particulares —léase empresarios— contratar espacios en radio y televisión para promover o atacar a candidatos. Antes, los partidos destinaban gran parte de su presupuesto público a la compra de tiempo aire, un modelo que representaba un jugoso negocio para las televisoras (por ello las empresas mediáticas cabildearon fuerte contra la reforma). Tras los cambios aprobados, a los partidos y candidatos se les garantizó el acceso a la radio y la televisión de manera “gratuita”, utilizando tiempo aire que los concesionarios del espectro radioeléctrico debían ceder al Estado mexicano. Además, a partir de ahora, esos anuncios no podían contener elementos denigrantes en contra de partido o candidato alguno, con lo que quedaron vedadas las campañas negras.
La segunda modificación conseguida en 2007 permitió que se impusieran restricciones específicas al discurso de los servidores públicos: por un lado, se prohibió a los funcionarios utilizar la publicidad institucional con fines electorales, es decir, que hicieran campaña usando los recursos públicos a su disposición; por el otro, se prohibió al Gobierno transmitir propaganda oficial —la que promueve sus logros— en tiempos de elecciones, salvo los comunicados estrictamente necesarios, por ejemplo, sobre salud o protección civil.
Malestar con el presente
Esas restricciones siguen vigentes y se han ido actualizando (en 2020 se incluyeron sanciones a los discursos machistas). Los políticos y funcionarios suelen acusar ultrajes a su libertad de expresión o censura cuando el INE o el Tribunal Electoral emiten resoluciones donde señalan violaciones a las normas electorales. El presidente López Obrador —que finalmente conquistó el Gobierno en 2018 de la mano del partido que él fundó, Morena— ha hecho reclamos en ese sentido, luego de que las autoridades le prohibiesen hacer comentarios tanto negativos como positivos sobre la elección del próximo año, los partidos o los aspirantes presidenciales.
López Obrador suele utilizar su popular conferencia mañanera para hablar de temas diversos: seguridad, salud, política exterior e historia. También, desde ese púlpito presidencial, suele criticar a sus adversarios, a la “mafia del poder”, al “bloque conservador”, a los “neoliberales”, y enaltecer a su movimiento popular, que bautizó como la “Cuarta transformación”. En las últimas semanas, las críticas del mandatario se han centrado en la senadora Xóchitl Gálvez, una de las principales aspirantes presidenciales de la oposición, y en los personajes a los que López Obrador señala como “jefes de la mafia”: el empresario Claudio X. González, los expresidentes Carlos Salinas y Vicente Fox, el abogado panista Diego Fernández de Cevallos. A la par, López Obrador ha ensalzado a los aspirantes de su partido a sucederlo en la Presidencia, las llamadas corcholatas, a los llama “hermanos”: la exjefa de Gobierno capitalina Claudia Sheinbaum, el excanciller Marcelo Ebrard, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal.
Luego de que las autoridades emitieron resoluciones para limitar la intromisión de López Obrador en el proceso electoral y los señalamientos directos a los aspirantes de la oposición, el presidente afirmó que el INE y el tribunal son una nueva “Santa Inquisición”. “Además de que limita mi libertad, me impide informarle al pueblo que hay un grupo que está acechando, porque quiere regresar al Gobierno para robar, para quitarle al pueblo su futuro, que esa es una obligación que tengo, es decir, el luchar por la justicia y por la democracia”, refirió. Luego, en una estrategia para dar la vuelta a las prohibiciones y las sanciones, el presidente creó una nueva sección de su mañanera, titulada “No lo dije yo”, para poder hacer comentarios de corte político y electoral, según él, utilizando palabras dichas por otros.
Especialistas consultados por este periódico señalan que, aunque a la distancia parezcan muy restrictivas, las reglas vigentes en materia electoral se han ido instalando en el sistema político mexicano para evitar que el Gobierno en turno o el poder económico desequilibren el piso parejo de las contiendas electorales e influyan en los resultados, como ha sucedido en el pasado.
“Ese es el origen que tiene nuestra regulación, en la que efectivamente se prohíbe a los servidores públicos intervenir en la competencia política, porque, por los recursos públicos que tienen a su disposición, pueden influir de forma inequitativa en la competencia entre los partidos políticos”, afirma la exconsejera del INE Pamela San Martín. “Los procesos electorales no deben de ser de los funcionarios, deben ser de los partidos políticos. Que los servidores públicos intervengan significa la utilización del aparato del Estado para intervenir en la competencia, y eso desequilibra, cuando la regla es que aspiramos a tener una competencia equilibrada”, añade.
La exconsejera afirma que es paradójico que López Obrador, el impulsor de las reformas de 2007, sea ahora mismo el principal inconforme con las reglas del juego democrático. San Martín señala que, si en la actualidad esas restricciones les resultan excesivas, los partidos en el Congreso pueden reformar la Constitución para cambiarlas. Lo que no se puede hacer, afirma, es inconformarse con las reglas, incumplirlas y esperar que las autoridades electorales no cumplan su función de aplicar la ley.
“Hay razones por las que tenemos las reglas que tenemos, y son razones que no son desdeñables. Creo que el uso del aparato del Estado —y no solo me refiero al Gobierno federal, sino también a los Gobiernos estatales y municipales— en favor de una candidatura es algo que no hemos erradicado en este país”, afirma la especialista. Los ejemplos sobran, y las denuncias se acumulan en los escritorios del INE y el Tribunal Electoral. Los informes de Gobierno son el pretexto perfecto para que legisladores y mandatarios estatales promuevan su imagen mediante spots o espectaculares. Otra práctica común es cambiar la cromática de las instituciones en función de los colores del partido en el poder: si gobierna el PRI, los tonos gubernamentales se cambian a verdes; si es el PAN, a azules; si es el PRD, a amarillos; si es Morena, a guindas.
El componente de género
El INE y el Tribunal Electoral tienen facultades para frenar actos que vulneren la neutralidad de la función pública, que desequilibren unos comicios, o que denigren o calumnien a adversarios políticos. Las autoridades pueden ordenar que un spot se deje de transmitir, que se retiren espectaculares de las calles o que se eliminen de plataformas y cuentas oficiales contenidos que violan la ley. Pero también pueden, en una modalidad llamada “tutela preventiva”, exigir a los políticos y funcionarios abstenerse de cometer conductas que a la postre puedan causar daño o resultar ilícitas. La “tutela preventiva” funciona como un recordatorio de lo que la ley prohíbe, una advertencia antes de que se cumpla el delito y se llegue a la sanción.
A partir de 2020, a tono con las convenciones internacionales y leyes internas, las autoridades electorales adoptaron criterios para garantizar el acceso equitativo de las mujeres a los puestos de elección popular y para sancionar los actos de misoginia, tipificados como de violencia política de género. Los sujetos hallados responsables —hombres o mujeres— son inscritos en un registro público, y se les puede negar el derecho a participar en elecciones.
El criterio de género ha permitido que en los Ejecutivos estatales y en los Congresos locales haya cada vez más mujeres en puestos de mando, y ha hecho cada vez más público el problema de la dominación masculina en la política. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de Morena, fue sancionada por cometer actos de violencia política de género contra diputadas del PRI. El propio López Obrador ha sido denunciado por referirse a la senadora Xóchitl Gálvez como “títere” del grupo de hombres que manda en el bloque conservador y como “una empleada” de la oligarquía. El Tribunal Electoral determinó que el mandatario ejerció violencia de género sobre la aspirante presidencial y le ordenó no volver a referirse a ella en los mismos términos.
La exconsejera San Martín señala que la violencia política de género se configura cuando las críticas a una mujer no se basan en sus cualidades profesionales —como funcionaria o candidata— sino en su condición, precisamente, de mujer. Esas expresiones, añade, refuerzan estereotipos y dificultan aún más la participación de las mujeres en la política. Sin embargo, la especialista también advierte que los partidos, como estrategia, acuden cada vez más al recurso del género para eludir la rendición de cuentas.
“Debemos tener cuidado de que el tema de la violencia política de género no se instrumentalice, que no se evite un debate que debe de existir alegando que cualquier crítica a una mujer es violencia de género. Hay críticas que son absolutamente válidas. Yo creo que sí ha habido un exceso, que sí se ha ido a un extremo, y que se han frenado críticas que no debían frenarse con ese criterio. Porque hay cuestionamientos a las acciones de las mujeres que tienen que existir; eso es parte del debate democrático. Tan importante es garantizar que las mujeres puedan competir en condiciones de igualdad como que esa competencia sea democrática”, explica San Martín.
Interpretaciones contradictorias
La ya complicada legislación electoral mexicana se ha vuelto aún más intrincada por las estrategias de los actores políticos para dar la vuelta a las prohibiciones, y también porque el INE y el tribunal —cuyos integrantes son electos por los propios partidos en el Congreso— han emitido resoluciones contradictorias. Por ejemplo, la ley establece que no se pueden hacer llamados “explícitos” al voto fuera de los periodos electorales. Los aspirantes no han tenido más que recurrir a maneras sutiles de buscar simpatías. Y en ocasiones ni tan sutiles. Recientemente, los magistrados electorales validaron que tanto Morena como el opositor Frente Amplio por México iniciaran de manera abierta sus precampañas para definir a sus candidatos presidenciales, varios meses antes de lo que marca la Constitución.
El asesor Luis Miguel Carriedo, especialista en el sistema electoral mexicano, dice que “el problema no son tanto las reglas, sino la consistencia de los criterios en el actuar de las autoridades electorales y también en las estrategias de partidos. Lamentablemente hemos visto cómo, de una elección a otra, hay un viraje en el actuar de las autoridades electorales. La regla está en la ley, pero la interpretación de la regla ha tenido vaivenes que generan dudas”,
Una de las contradicciones centrales entre magistrados del tribunal se ha dado en torno a la expresión “ya sabes quién”, que Morena y sus representantes suelen usar en propaganda electoral desde 2018 para anclarse a la figura de López Obrador sin nombrarlo. Mientras que los magistrados de una sala del tribunal han señalado que la expresión no alude “inequívocamente” al presidente, los integrantes de la Sala Superior —la máxima autoridad del órgano jurisdiccional— han concluido recientemente que, al contrario, es una manera indirecta de referirse a él y solo a él, por lo que, de ahora en adelante, los aspirantes morenistas no podrán utilizar esa frase para hacer campaña. La penalización por utilizar la figura presidencial ha llegado al punto de que el tribunal ha establecido que la venta de peluches y muñecos de López Obrador en actos de campaña es un beneficio indebido para los candidatos.
“Todos esos criterios han ido volviendo muy farragosa la regulación en materia electoral. La sustancia de la reforma de 2007, que era evitar que poderes fácticos determinaran quién tenía derecho a salir en medios, o que los gobiernos metieran las manos de una manera indebida con los recursos públicos, o que alguien se promocionara para afectar a adversarios, se ha convertido, ya en su aplicación, en una regulación y criterios que hacen muy complicado el arbitraje en materia de las elecciones”, agrega Carriedo.
