Ley Federal de Derechos de la Minería en 2025
El 26 de noviembre del año en curso fue aprobado por la Cámara de Diputados el dictamen de la Ley Federal de Derechos para incrementar la tasa de derechos especiales sobre minería de 7 a 8.5 por ciento sobre los ingresos que obtengan los titulares de concesiones mineras, derivados de la enajenación o venta de las actividades mineras, así como aumento a la tasa de derecho extraordinario sobre minería de 0.5 a 1.0 por ciento sobre los ingresos que obtengan los concesionarios de minas por la enajenación del oro, plata y platino.
La reacción de las empresas mineras trasnacionales no se ha hecho esperar, pues consideran un impuesto excesivo a la actividad minera. El 25 de abril de 2021 la minera Peñasquito impugnó la ley sobre Derecho Especial a la minería decretado el 8 de diciembre de 2020 argumentando su inconstitucionalidad por ser violatoria a los principios de proporcionalidad tributaria y de rectoría económica del estado.
También en 2021 La First Majestic Silver, presentó una solicitud de arbitraje internacional contra el gobierno de México por el reclamo de 180 millones de dólares de adeudo fiscal. Dicha empresa de capital canadiense se dedica a la exploración, adquisición y producción de minas en México desde 2003. La sociedad opera minas en los estados de Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Nayarit.
Y es que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de acuerdo a la ley minera de 1992 las compañías extranjeras principalmente de origen canadiense y estadounidense gozaban de grandes privilegios como el no pagar impuestos por la extracción de minerales. Por datos aportados por la Secretaria de Economía entre 1988 y 2019 el número de concesiones creció de manera exponencial sobre todo en los sexenios de Salinas y Calderón; tiempo durante el cual México otorgó 65,534 concesiones. Actualmente 3 de cada 10 compañías mineras en México son de origen canadiense.
Con la aprobación de la nueva ley federal de derechos 2025 y la que la precede aprobada por el Congreso en mayo de 2023, el gobierno de México pretende regular y obligar a las empresas trasnacionales interesadas en la extracción de minerales en territorio mexicano a pagar un impuesto justo por la explotación de nuestros recursos minerales.
La reforma a la ley minera de 2023 especifica entre otros temas: cancelar la concesión a las empresas en caso de no pagar impuestos durante dos ejercicios fiscales consecutivos; reducir la duración de las concesiones para explotación de minas de 50 a 30 años; prohibir las minas a cielo abierto, así como prohibir la minería submarina y en áreas naturales protegidas a fin de evitar la contaminación del agua, suelo y aire.
Cabe decir que las mineras de capital canadiense amparadas en el T-MEC no pagan aranceles. Cruzan su producción a través de los Estados Unidos sin pagar impuestos. Por eso la recaudación fiscal en este sector se redujo a casi una tercera parte.
