Instituciones de CDMX actuaron en detrimento de una mujer indígena y la separaron de su bebé
El pequeño David fue separado de los brazos de su madre Florencia Feliciano, mujer me’phaa monolingüe originaria de Guerrero, cuando apenas tenía ocho meses, el 2 de marzo de 2023.
Abandonados y extraviados en la capital, fueron llevados a un albergue de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (Sibiso).
La madre pudo recuperar al hijo casi dos años después, cuando logró sortear los laberintos burocráticos del DIF y de la secretaría hoy llamada del Bienestar e Igualdad Social (Sebien).
“En cuanto la mamá lo sostuvo en sus brazos, el niño, ya casi de tres años, se aferró a ella con todas sus fuerzas, como si no hubiera pasado dos años sin verla”, cuenta Ivette Galván, abogada del Centro de Derechos Humanos Pro-Juárez.
Y así sigue. David está presente en la entrevista de La Jornada con Florencia. Con sus enormes ojos alertas, no concede ni medio asomo de sonrisa, pegado al cuerpo de su madre.
Ahora David y Florencia viven en Ayutla. Él va al prescolar y su mamá trabaja medio tiempo. La Casa de los Saberes (Guwa Kuma, en me’phaa), un proyecto humanitario creado por las comunidades indígenas en la zona, los mantienen a flote.
Florencia Feliciano había estado bajo la tutela de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) desde el 23 de febrero de 2023. Ahí debía ser protegida y reintegrada a su comunidad desde el momento en que quedó en situación de calle.
Por el contrario, quedó atrapada y aislada sin entender siquiera dónde estaba, sin asistencia legal ni intérprete. Le fue arrebatado su hijo y fue demandada penalmente por el DIF ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes (Fidcanna) por “violencia intrafamiliar” y “omisión de cuidados” (carpeta de investigación CI-FIDCANNA/59/UI-1. C/D/00729/03-2023). Esa carpeta sigue abierta.
Además, fue medicada (en el reporte del CAIS a la fiscalía figuran diversas dosis de quetiapina, risperidona, valproato de magnesio y fluoxetina, todos antisicóticos)porque el personal decidió que su incapacidad de comprender lo que se le decía era un “padecimiento mental” y “discapacidad intelectual”. Así consta en los reportes de su expediente. Mientras, en Rancho Nuevo, su pueblo, donde se habla una variante del me’phaa (tlapaneco), su familia ya los daba por desaparecidos. La Sibiso nunca hizo el intento de contactarlos.
“Pero un señor de la limpieza de ahí le tomó la foto, la subió a sus redes y así fue como una prima, Hilda Díaz, finalmente supo de ellos, por Facebook”, cuenta la abogada me’phaa Noemí Prisciliano Fernández, su defensora y traductora, que la acompaña.
En ese momento se movilizaron todos los resortes que lograron que Florencia regresara a su pueblo casi dos años después. Pero sin su hijo. En su afán por recuperarlo, contactó con la Casa de los Saberes, un centro de defensa y albergue para mujeres me’phaa víctimas de violencia. Junto con el Centro Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), emprendieron la búsqueda de David.
Las abogadas dieron con el paradero del niño gracias a un citatorio que recibió Florencia en Ayutla de parte de un ministerio público de la Ciudad de México. “De ahí averiguamos que David, ahora ya de tres años, fue remitido a un albergue del DIF nacional. Y empezó el proceso de reunificación, que culminó en febrero de este año”.
El legado de Inés
Hace 23 años, en el marco de la militarización de zonas indígenas ordenada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, una patrulla militar llegó a la comunidad Barranca Tecoani, donde vivía Inés Fernández Ortega. Fue violada por los soldados. A contracorriente del clima político de entonces y con el apoyo de Tlachinollan, demandó al Estado.
Transcurrieron 10 años de impunidad hasta que una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado y al Ejército mexicanos responsables de ese crimen. El gobierno se vio obligado a realizar un acto de perdón y resarcimiento del daño. Inés exigió recursos para la formación de un centro de defensa para mujeres de La Montaña. Su hija Noemí tenía entonces cinco años. Creció e hizo suyo el anhelo de su mamá: que ninguna mujer indígena vuelva a sufrir lo que ella padeció.
Estudió derecho en Chilpancingo y regresó a Ayutla para levantar, junto con su madre y otras compañeras de la organización me’phaa, la Casa de los Saberes. Hoy cuentan con abogadas hablantes del me’phaa (tlapaneco) y ñuu savi (mixteco), enfermeras y promotoras. Con lo que no cuentan es con los recursos que los tres niveles de gobierno están obligados a darles.
“Pensé que estas cosas ya no pasaban en la ciudad”
Florencia cuenta: “En noviembre de 2022, mi madrina me ofreció trabajo en la Ciudad de México. Me vine con David, de ocho meses. Fue un engaño. A los dos meses nos echaron a la calle, nos llevaron a un camino (se sabe que fue por el rumbo de la carretera a Querétaro) y me dijeron: ‘si te vas todo derecho, llegas a tu pueblo’. Y pues eché a andar”.
Fue detectada por una patrulla que la vio deambulando, en situación de calle. Le preguntaron si el niño era suyo, pero como ella no entendía español, no supo contestar. La llevaron al centro de valoración de la Sibiso, que entonces era dirigida por Almudena Ocejo. Y de ahí fue remitida a uno de sus albergues.
“Ahí no me dejaron amamantar al niño”, dice. Le daban biberón. “Me hacían tomar té y pastillas que me daban mucho sueño, mareada todo el tiempo. Y pues me quitaron al niño”.
Dice Noemí: “En nuestra cultura, la forma de cuidar a los hijos es diferente, no acostumbramos como aquí. En los informes del CAIS dicen que ella no quería alimentar a su bebé. Lo que no quería era darle fórmula. Además, como la mantenían sedada, permanecía como ausente por largo tiempo”.
Al cumplirse un mes en el albergue, separaron a David de su mamá (2 de marzo de 2023). A Florencia no le dieron ninguna información. “Me quedé con mucha pena. Yo sólo preguntaba ‘¿Dónde está mi bebé?’ No me decían nada”.
En la demanda que presentó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX) en su contra, la fiscalía dice: “Descuida reiteradamente a su hijo, ya que no le cambia el pañal de forma continua y le da de comer pecho una o dos veces por día”.
Llevaron al bebé a la agencia investigadora número 59 de la Fidcanna, derivado de una denuncia que presentó personal del DIF-CDMX.
Apunta la abogada del Centro Pro: “En lugar de proteger a una mujer monolingüe en situación de calle con un hijo, se movilizó todo el aparato judicial de la Ciudad de México en su contra”.
Cuando Guwa Kuma, Tlachinollan y el Centro Pro empezaron a investigar, la Sibiso y el DIF capitalino les negaron información. Atando cabos, supieron que el expediente del bebé había sido remitido al DIF nacional en 2024. Encontraron a David ya registrado “con miras a su incorporación a diverso núcleo familiar ajeno, pese a contar con una familia propia”.
Enumera la abogada Ivette Galván: “Son tres las autoridades que tienen que responder por estas graves violaciones a los derechos humanos: la Sibiso, ahora Sebien, y sus dos responsables: la anterior, Almudena Ocejo, y la actual, Araceli Damián; el DIF y Fidcanna”.
Y añade Noemí Prisciliano: “También estamos exigiendo que se cierre la carpeta en contra de Florencia en la fiscalía. Y como medida de reparación, vamos a pedir atención sicológica para David y su mamá, y la elaboración de un protocolo de acción para casos como éste”.
