“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa
Mediante sobornos, controlaba la zona para montar rutas de trasiego y escape
Los documentos de la narconómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a los que se tuvo acceso muestran indicios de cómo Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, tejió una red de complicidades policiales que le permitió el control territorial necesario para que su grupo delictivo montara rutas de trasiego y escape, sitios para ocultarse, campos de entrenamiento e incluso lugares para producir drogas o cometer otros ilícitos.
La información da cuenta de que, además de pagar sobornos a la policía de Tapalpa, el cártel tenía en su nómina a policías
municipales de Sayula, Atoyac, Techaluta de Montenegro, Amacueca, Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán (colindantes con
Tapalpa), Tomatlán y Cabo Corrientes (El Tuito), estos dos últimos municipios en la costa de Jalisco.
Estos datos sugieren que la primera semana de cada mes, el CJNG gastaba un millón 45 mil pesos para corromper policías de
estas demarcaciones; sin embargo, no se señala a quiénes se entregaba el dinero.
Además, los papeles indican que el grupo delictivo también tenía presencia y control en los municipios de Talpa de Allende,
Atenguillo, Mascota, Mixtlán, Villa Purificación, Casimiro Castillo y Tomatlán, ubicados al oeste de Tapalpa y más cercanos a las
costas de Jalisco; en ellos se reportan pagos para halcones, diversos sueldos o rayas, compra de despensas y gastos
por organización de posadas.
Anteriormente, otra muestra de las redes de corrupción que teje este grupo delictivo con autoridades locales para tener control
territorial quedó expuesta en marzo de 2025, con el caso del rancho Izaguirre, sitio de entrenamiento y exterminio localizado en
el municipio de Teuchitlán, en la región Valles de Jalisco.
En este caso se ha implicado al exalcalde de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago, quien está preso y vinculado a proceso
por presuntamente recibir dinero del CJNG y trabajar para ese grupo permiténdole libertad de acción e incluso poniendo
policías municipales a su servicio; además hay tres policías municipales de Tala, también en la región Valles, detenidos y
procesados por capturar y entregar personas para esta organización.
Incluso, durante la audiencia de vinculación a proceso de Murguía Santiago, los fiscales federales señalaron que la investigación
podría extenderse a otros municipios de la región, debido a que hay indicios de participación de otras autoridades.
Recientemente, la detención de Diego Rivera Navarro, expresidente municipal de Tequila, también ubicado en la región Valles,
ha dado más pistas del entramado criminal en esa zona del estado: además de capturar al exedil, las fuerzas federales
arrestaron a cuatro de sus colaboradores en el ayuntamiento, entre ellos Juan Manuel Pérez Sosa, quien fungía como comisario municipal.
Luego de las indagatorias, las autoridades federales vincularon a Pérez Sosa con Severo Mendoza Flores, alias El Rey Mago, un
exmando policiaco de la región Valles que se encuentra prófugo y fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos de filtrar información al cártel a cambio de sobornos.
Desde 2014, cuando era director de la policía municipal de Cocula, Severo Mendoza Flores fue señalado por tener vínculos con
la delincuencia organizada, reprobó los exámenes de control y confianza e incluso se evadió cuando las autoridades estatales
intervinieron la corporación de ese ayuntamiento.
No obstante, en 2015 obtuvo un amparo contra cualquier orden de arresto y su carrera policiaca no sólo continuó, sino que fue
nombrado coordinador de las policías municipales en la región Valles, hasta que en junio de 2022, cuando ocupaba el cargo de
director de la policía municipal de Ameca, fue destituido ante los señalamientos del gobierno estadounidense.
La mañana de este jueves, el alcalde de Tapalpa, Antonio Morales, fue cuestionado por el periodista Luis Cárdenas respecto a
los documentos dados a conocer por EL UNIVERSAL y se dijo sorprendido por la publicación.
Aseguró que los 32 policías del municipio han aprobado sus pruebas de control y confianza y pidió a la Federación intervenir,
pues el asunto recae en el ámbito de sus competencias.
