Sheinbaum interpreta erróneamente el concepto de desapariciones forzadas, señala la FIDH
Jimena Reyes, directora de la Oficina de las Américas de la FIDH, explica que el malentendido del gobierno radica en asociar las desapariciones forzadas con la idea de un Estado fallido; “se entiende la molestia, pero es una muestra de querer apoyar”, afirma.
La reacción adversa del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo hacia el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) es producto de un “malentendido” respecto al concepto de desapariciones forzadas, opina Jimena Reyes, directora de la Oficina de las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una organización con sede en París, fundada en 1922.
“Creo que en el gobierno piensan que decir que hay desapariciones forzadas y que son crímenes de lesa humanidad equivale a decir que México es un Estado fallido, y esto no es cierto”, comenta la experta en entrevista con Proceso, y abunda:
“México, al igual que el resto de América Latina, vive una paradoja, donde a la vez tenemos gobiernos que funcionan, con elecciones, empresas que avanzan, gente que va a su trabajo todos los días y que regresa sin problema, y al mismo tiempo tenemos actores no estatales, del crimen organizado, que producen niveles de violencia similares a los de un conflicto armado”.
Convencida que el informe del CED apunta hacia la decisión correcta, Reyes asevera que “el Derecho penal internacional permite agrupar los casos en función de un patrón de temporalidad y de modus operandi, y en función de esto rastrea la cadena de mando para ir hacia los altos mandos”. “Porque ésa es otra de las grandes problemáticas con las desapariciones forzadas: hay impunidad, y la escasa justicia que hay se ejerce por lo general contra los autores materiales, no los altos mandos”, comenta.
La FIDH fue la primera organización en solicitar al CED que activara su artículo 34 para el caso de México, lo que hizo el pasado 2 de abril, al anunciar que solicitaría al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que llegue el tema de las desapariciones forzadas en México como crímenes de lesa humanidad ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
La FIDH emitió su petición al CED en febrero de 2025, la cual recibió posteriormente el apoyo de cientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de búsqueda de México. “Entregamos un documento que argumentaba el carácter sistemático y generalizado de las desapariciones forzadas en México, con ejemplos del pasado y otros más recientes, como el Rancho Izaguirre en Jalisco”, recuerda la activista franco-colombiana.
Preguntada sobre la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su gobierno al informe del CED –con descalificaciones y rechazos a las conclusiones del documento–, Reyes refrenda que “se entiende la molestia, pero el tono del comité es amigable, es una muestra de querer apoyar”.
“Yo entiendo la frustración de la presidenta Sheinbaum porque es cierto que este gobierno ha hecho cosas, y entiendo que ella diga ‘¿Por qué me cae a mí, cuando los anteriores se negaban y no hacían nada?’ Pero lo que dice el comité es que las nuevas medidas no están funcionando bien, está pidiendo una mayor eficiencia de la acción estatal”, abunda.
Reyes plantea que, en un país con más de 132 mil personas desaparecidas en registros oficiales, “es imposible decir que ya no hay desapariciones forzadas”, pero precisa: “Otra cosa, obviamente, es que el gobierno actual no es el que está al origen de las desapariciones forzadas, y esto es algo que el propio comité dijo claramente. Estamos ante una situación donde grupos cometen un nivel muy alto de violencia, incluyendo estas desapariciones, y compran a servidores públicos para que los ayuden en estas desapariciones”.
Comenta los dos puntos de encono del gobierno mexicano respecto al informe del CED. “El Estado critica la referencia al Estatuto de Roma, sobre los crímenes de lesa humanidad, pero la convención sobre desapariciones forzadas plantea, en su artículo 5, que estos delitos son crímenes de lesa humanidad con base en el derecho internacional”, dice.
“También hay una crítica, y tal vez una confusión sobre la posibilidad de que actores no estatales, como son los miembros del crimen organizado, puedan cometer desapariciones forzadas”, observa, y agrega: “la posición del Estado es un poco sorprendente porque es sumamente claro, en el artículo 2 de la convención, que las personas o grupos de personas podrían cometer desapariciones forzadas cuando haya apoyo, autorización o aquiescencia del Estado”.
Ejemplo internacional
De acuerdo con la activista, el informe del CED y su decisión de llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU marca un
precedente importante para redefinir el concepto de desapariciones forzadas en el marco de la violencia criminal que afecta a
diversos países del mundo, especialmente en América Latina.
“A pesar de que la justicia avance en algunos casos, la violencia sigue. Por esto nos parece muy interesante que se pueda discutir
del impacto humano del crimen organizado en la Asamblea General de la ONU, porque esto va más allá de México; se abre la
oportunidad de discutir sobre lo que se puede hacer para luchar de forma eficiente contra el crimen organizado, respetando los
estándares internacionales de derechos humanos”, plantea.
Reyes retoma la experiencia de Colombia, que “después de muchas resistencias” reconoció, hace cerca de dos décadas, que los
grupos paramilitares y las guerrillas han cometido crímenes de lesa humanidad, lo que ha servido como base para un debate
público que a su vez derivó en reformas profundas en materia de justicia.
“Esto es exactamente lo que nosotros, como FIDH, queríamos hacer en México: decir que la situación es muy grave y que
necesita un cambio total de paradigma en la forma en que se investigan las desapariciones forzadas, pues los expertos han
dicho que si se sigue como se está haciendo ahora, se necesitarían 120 años para investigar el conjunto de desapariciones
forzadas”, resalta, y plantea incluso que resultaría positivo llevar el tema de las desapariciones forzadas ante la Corte Penal
Internacional de La Haya.
—¿No sería difícil que un gobierno acepte llevar su caso ante la CPI, que suele sentenciar a dictadores o a regímenes genocidas? —se le pregunta.
—Seguramente, pero justamente tenemos que actualizarlo, porque actualmente suceden crímenes cometidos por grupos no
estatales, y no solamente en México, están los ejemplos de Daech en Medio Oriente, o Boko Haram en África; debemos
actualizar los instrumentos del siglo XX para que sirvan contra los actores que son fuentes de violencia en el siglo XXI.
Negación
Reyes narra que desde el arranque del trabajo del CED en México, en 2012, “las cosas han evolucionado con el tiempo”, gracias
al trabajo de la sociedad civil mexicana. Recuerda que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el gobierno afirmaba que no
existían las desapariciones forzadas, hasta que la realidad del flagelo se impuso en la narrativa oficial.
Respecto a la reacción del gobierno de Sheinbaum, la activista dice que “estamos ante una situación de negación, pero pienso que va a evolucionar”. “Las cifras oficiales del gobierno dicen que entre 2023 y 2025 se han dado 28 mil casos de desapariciones,
y aunque dicen que no todas son forzadas, miremos hacia Tabasco, hay una persona que está siendo acusada por desaparición
forzada”, comenta.
La persona a la que refiere es Hernán Bermúdez Requena, el presunto líder criminal que Adán Augusto López Hernández
nombró al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante su gestión como gobernador. De
acuerdo con informes de inteligencia militar, Bermúdez Requena, junto con los demás encargados de seguridad de Tabasco —
todos nombrados por Adán Augusto López Hernández— aprovecharon sus cargos para administrar los negocios criminales en la
entidad; el hombre fue capturado en Paraguay, donde se escondía, y enfrenta varios cargos, incluyendo el de desaparición
forzada.
“Hay un problema mundial, no sólo en México, de una captura de algunas estructuras estatales, o al menos de servidores
públicos, por el crimen organizado, y que contribuyen a las desapariciones. Y mientras no se investigue, se trate de entender el
vínculo de corrupción, no se va a atender”, señala Reyes, al añadir que “el informe del CED no quiere decir que en todas las
desapariciones esté la participación del Estado o de servidores públicos, pero muchas tienen lugar en contextos de corrupción, y
lo que se solicita es que se reconozca esta situación y se investigue”.
La activista recalcó que en su petición al CED para activar el artículo 34, la FIDH entregó “pruebas de la participación, del apoyo
inclusive, de servidores públicos en la comisión de las desapariciones forzadas que surgieron con el estallido de la violencia, en
2006, en particular en las batallas por el control territorial que existen entre grupos del crimen organizado”.
“Empezamos en Coahuila, en 2014 y 2015; analizamos 72 casos e identificamos patrones, como la participación de policías
municipales y estatales que detenían de forma arbitraria a personas y las entregaban al Cártel de los Zetas, que luego los
desaparecían; vimos la masacre de Allende, o el control del Cereso por los Zetas, que deshacían ahí los cuerpos; también
analizamos la situación en Nayarit, cuando Edgar Veytia era fiscal y tenía una estructura criminal en la institución”, narra.
