Más de 4 mil militares podrían tener vínculos con el narco
Una investigación interna de la Sedena, revela que de 2012 a 2020, de 45 mil elementos evaluados, el 8.7% estarían involucrados con el narcotráfico
Una investigación interna de la Sedena, reveló que entre 2012 y 2020, es decir durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y los dos primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, 3 mil 968 militares podrían haber estado vinculados con la delincuencia organizada.
La información forma parte de la versión no pública de una tesis de Maestría en Seguridad Nacional, hackeada por el colectivo Guacamaya, presentada por un coronel de infantería Diplomado del Estado Mayor en agosto de 2021, para plantear una solución para el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional ante el ingreso de personal relacionado con la Delincuencia Organizada (DO) al momento de ser reclutado, o bien, susceptible de vincularse con esta después de causar alta.
El autor tomó como muestra los exámenes aplicados por la Unidad de Control de Confianza (UCC) de la Sedena a 45 mil 574 militares del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, entre 2012 y 2020, las deserciones y bajas de personal, así como encuestas a 44 expertos en Seguridad Nacional sobre posibles riesgos de un inadecuado proceso de reclutamiento.
Los resultados de los exámenes mostraron que, de los 45 mil 574 elementos activos evaluados, el 8.7 por ciento no cubría “el perfil por estar probablemente relacionado con DO (Delincuencia Organizada)”.
“Los resultados de la UCC, éstos son sumamente relevantes al reflejar en un periodo de 9 años 3,968 militares con posibles vínculos con la DO, de un total de 45,574 evaluados, lo cual representa un 8.7% de ese total, así como el 9.8% como promedio anual”, señala.
“Tomando en cuenta ese mismo parámetro, si se considera como efectivo total de fuerza operativa de la SDN a 165,454 elementos, significa que 14,394 resultarían que no cubren el perfil por tener presuntamente vínculos con la DO. Siendo evidente el riesgo que ello conlleva, al ser en la actualidad una actividad prioritaria para el Ejército y FAM la coadyuvancia con las autoridades civiles en el acotamiento de la DO, lo cual impacta en la SN (Seguridad Nacional), al estar incluido ese tipo de ilícito como una amenaza a la SN en la ley respectiva”.
Con AMLO el mayor porcentaje
De acuerdo a los datos obtenidos de la Unidad de Control de Confianza, el último año de Peña Nieto, es decir 2018, registró el mayor porcentaje de elementos evaluados que podrían estar vinculados a grupos del narcotráfico. El 19.1 por ciento de 2 mil 627 militares evaluados salieron con posibles nexos.
En 2019 y 2020, ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se obtuvieron las segundas cifras más altas del periodo estudiado. En el primero se encontró que de 4 mil 358 evaluados, 14.1 podrían estar vinculados a grupos criminales, y en el segundo año, el 12.5 de 3 mil 880 militares.
En lo que se refiere a la Fuerza Aérea Mexicana, el autor de la tesis señala que en el mismo periodo desertaron 69 elementos y pidieron su baja 169, lo que representan cifras elevadas, y que aun cuando se tiene conocimiento que la mayoría de los pilotos aviadores se van a empresas civiles relacionadas con la aviación, “no se descarta que algunos de ellos sean cooptados y se dediquen a realizar actividades ilícitas tales como transporte de droga en aeronaves”.
“A pesar de que la SDN y actualmente la GN (Esta última integrada en su mayoría por militares en el servicio activo con 64,457) son instituciones sólidas y comprometidas con México, existen algunos de sus miembros que llegan a involucrarse con la delincuencia organizada”, menciona.
“Aunque el citado involucramiento es mínimo, llega a lesionar la imagen y prestigio de las instituciones, puesto que existen detractores que buscan cualquier tipo de coyuntura para hacer señalamientos afines a sus intereses. Es oportuno indicar que muchos casos de militares involucrados con la DO no son públicos, puesto que se manejan en el interior de las instituciones armadas”.
Los vínculos, añade, pueden darse desde altas jerarquías hasta las más bajas.
“Resulta difícil en ocasiones saber quiénes están involucrados, teniéndose conocimiento de ello mucho tiempo después, posterior a una larga investigación. Por tal motivo, es necesario contar con un registro de personal desertor o dado de baja que después de prestar sus servicios en las instituciones armadas, participe ilícitamente con la DO, lo cual puede implementarse a partir de la información que se obtenga de muertes y detenciones de personas que cuenten con antecedentes militares y que se encuentren vinculados con esa ilícita actividad”.
Menciona que en la organización de Los Zetas hay integrantes que tuvieron capacitación y adiestramiento castrense especializado, debido a que fueron militares.
“Como ejemplo de lo anterior, se tiene el caso del denominado Cártel de Jalisco Nueva Generación que comienza a tener presencia en distintos puntos del territorio nacional y no únicamente en la entidad federativa que aparece en su denominación, sobre el cual fuentes periodísticas indican que algunos de sus miembros y principalmente quienes adiestran a nuevos integrantes, son desertores tanto de las fuerzas armadas mexicanas, como de otras de diferentes nacionalidades”.
En contraparte al número de elementos con posibles vínculos, el investigador de la tesis refiere que en el mismo periodo solo siete elementos fueron procesados en prisiones militares por delitos contra la salud y traición a las fuerzas armadas y 124 en procesos civiles en 2020 y 2021, de los cuales 95 pertenecían a la I Región Militar con sede en la Ciudad de México y 16 a la VI Región Militar en La Boticaria, Veracruz.
“Cabe señalar que del 2000 al 2016 en la Fiscalía General de Justicia Militar hubo 19 causas penales y solo un militar fue sentenciado, mientras que las 18 causas restantes por diversas circunstancias no llegaron a la etapa de sentencia (Corona González, 2021). Con ello se pone de manifiesto la gran dificultad de que los infractores lleguen a prisión, entre otras razones por falta de pruebas, amparos concedidos, negación de órdenes de aprehensión y debilidad en el proceso, entre otros”.
Para revertir el ingreso de personas no aptas, se recomienda entre otros puntos, establecer Centros de Reclutamiento para la aplicación de exámenes de control de confianza con nuevas tecnologías a los aspirantes antes de su ingreso al servicio activo, además de mantener su aplicación a lo largo de su carrera militar o policial.
La investigación concluye que cuando el personal involucrado con la delincuencia continúa perteneciendo a las instituciones armadas pone en peligro el éxito de las operaciones y genera riesgos de contaminar a más personal del servicio activo al invitarlo a ser parte de la organización delictiva, fugas de información, respecto a planes, órdenes y acciones que se pretendan realizar, riesgo de asesinatos de personal militar que frontalmente trabaje para acotar a los grupos criminales, principalmente comandantes que participen en áreas de operaciones e inteligencia, pérdida de confianza por parte de población, adicción al consumo y venta de drogas dentro o fuera de las instalaciones.
