Respalda Ricardo Baptista la iniciativa de ley de AMLO para regular el outsourcing
En la región Tula-Tepeji se paga por trabajar, lo cual es ilegal, dijo
Ante los atropellos contra la clase trabajadora a través del outsourcing, debido a despidos abusivos para no otorgarles prestaciones, de contratación intermitente para no conceder prestaciones de ley, así como el pago de sueldos precarios, el diputado de Morena Ricardo Baptista González sometió a consideración del Pleno del Congreso estatal un exhorto a diversas autoridades del Estado para que tomen medidas urgentes en favor del empleo y desarrollo económico del Estado.
Consideró que frente a la grave crisis laboral y económica que enfrenta Hidalgo derivado de la pandemia por Covid-19, así como por el alto grado de informalidad laboral y por el sistema de subcontratación outsourcing, es momento para que en el Congreso del Estado “abramos el debate para regular los esquemas de subcontratación en Hidalgo” y se sume al gran debate nacional que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la violación sistemática de los derechos laborales que genera el outsourcing.
Recordó que el primer mandatario de la Nación calificó a la subcontratación como ilegal e inmoral, pero al mismo tiempo ha tomado la decisión de eliminarla en el gobierno federal, al señalar que el problema del outsourcing es que permite el atropello de la clase trabajadora, al efectuar despidos abusivos para no otorgar prestaciones después de un tiempo laborado, el mantener trabajadores con sueldos indignantes, sin derecho a aguinaldo y en muchos casos retenerlos con la promesa de otorgarles seguridad social sin que ésta llegue nunca.
Indicó que, de acuerdo con el INEGI, actualmente 55 mil hidalguenses están bajo el esquema de subcontratación, el cual se ha convertido también en llave de acceso para la conflagración de otros graves delitos, como es la facturación de operaciones simuladas a través de la prestación de servicios.
Por lo tanto, subrayó, estamos en el estado de Hidalgo ante una grave crisis laboral, económica y con implicaciones en el deterioro del tejido social ante el binomio del alto grado de informalidad laboral, que se traduce en empleo sin prestaciones, en condiciones críticas y precarias, y por otro lado, trabajadores explotados y negados sus derechos sociales ante el monopolio de unos cuantos prestadores de servicios que concentran las ganancias verdaderas de la clase trabajadora.
Añadió que hay casos en el Estado en los que se tiene que pagar por trabajar, por ejemplo, el “trabajo” que dan gasolineras en Tula y otros municipios, donde se le han acercado para denunciar que los llamados despachadores son obligados a dar una cuota diaria de entre 30 y 50 pesos al encargado o gerente de estos establecimientos para que se les permita laborar, además de carecer de prestaciones sociales y contratos de trabajo.
De esta manera, dijo, se violan sistemáticamente los derechos laborales de los trabajadores por parte de los empleadores, pues no les basta con la precarización de la mano de obra de sus empleados y la falta de seguridad social, sino que, además obtienen un beneficio adicional, al asumir estos, en la práctica el pago de un encargado o gerente, liberando de esta responsabilidad al patrón.
Comentó que otro caso grave, es el denunciado recientemente por choferes, mecánicos y lavadores de la empresa de transporte público AVM, donde los afectados han denunciado que deben pagar cuotas para que les permitan trabajar en sus unidades, a pesar de ser víctimas de atropellos, acoso laboral, por lo que han advertido que realizarán un paro de actividades, lo cual afectará a la población de esa región del estado.
Destacó que el gobierno de México está impulsando la nueva política laboral a partir de la entrada en vigor del TMEC, y que el gobierno de Hidalgo está impulsando inversiones extranjera y nacional en condiciones de seguridad, certeza jurídica y ambiente laboral propicio, por lo que es necesario abrir la discusión sobre la regulación del outsourcing.
