Rebelión y crisis, en el tribunal electoral
La crisis que ha vivido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde hace meses terminó ayer en una rebelión de cinco de los siete magistrados que integran su Sala Superior, que llevó a que, hoy, este órgano jurisdiccional tenga dos presidentes, en medio —todavía— de la discusión de impugnaciones sobre el reciente proceso electoral.
Y es que, ayer, la magistrada Janine Otálora y los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez buscaron que se incluyera en la sesión pública un punto para discutir el desempeño del magistrado presidente, José Luis Vargas, con miras a su destitución. El punto fue presentado por el magistrado Felipe de la Mata. Vargas Valdez y la magistrada Mónica Soto, se opusieron.
En consecuencia, el magistrado presidente decretó un receso de la sesión. La magistrada Janine Otálora, entonces, hizo uso de su facultad de magistrada decana del TEPJF y convocó a todas las magistraturas a sesión.
En una nueva reunión en la que no estuvieron presentes el magistrado presidente, José Luis Vargas, ni la magistrada Mónica Soto, los otros cinco magistrados votaron por unanimidad la destitución del titular, al que calificaron de poco ético, de incumplir con obligaciones legales, constitucionales y reglamentarias, así como de faltar el respeto a los integrantes del pleno, entre otros.
Los cinco magistrados votaron, por unanimidad, nombrar a Reyes Rodríguez Mondragón como el nuevo líder del tribunal.
Desde hace ya varios meses, en el interior del Tribunal Electoral se ha desatado una guerra entre magistraturas en contra del magistrado presidente, la cual ha incidido, incluso, en la toma de decisiones.
Al iniciar ayer la sesión pública semanal, de la Sala Superior, encabezada por José Luis Vargas, el magistrado Felipe de la Mata pidió que en el orden del día se incluyera un punto mediante el cual se solicitó evaluar la gestón de la presidencia del tribunal.
El titular se opuso a ello, con el argumento de que en las sesiones públicas se discuten únicamente temas jurisdiccionales y no administrativos, que es el rubro en el que estaría tal petición.
Añadió, además, que de proceder a tal petición se obstruiría la justicia electoral y eso es un delito, además de que se estaría cayendo en una crisis constitucional por estar en medio la discusión, todavía, sobre el reciente proceso electoral.
