ABC de la reforma al Poder Judicial: voto popular, jueces sin rostro y las claves para entenderla

ABC de la reforma al Poder Judicial: voto popular, jueces sin rostro y las claves para entenderla

La polémica reforma establece cambios en la carrera judicial que han mantenido en paro de labores a los trabajadores del Poder Judicial quienes podrían verse afectados si llega a implementarse. Cámara de Diputados y Senadores avalaron por mayoría el dictamen presidencial

El dictamen de reforma al Poder Judicial que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desatado una ola de críticas, inconformidades, paro de labores y otro tipo de resistencias de trabajadores que tienen carrera judicial que exigen frenar esta intención que podría cambiar las reglas en los cargos y el tipo de trabajo que realizan. 

La madrugada del 11 de septiembre el Senado en Ciudad de México aprobó la reforma con mayoría legislativa en medio de un conflicto con manifestantes que irrumpieron el recinto oficial y acusaciones por la premura con que realizaban la votación al grado de cambiar de sede para sesionar el debate en la cámara alta.

Para su implementación aún quedan por avalar al menos 17 Congresos de los estados de la república, la oportunidad de la oposición y los trabajadores para detenerla o imponer sus recursos. Pero qué es lo que propone esta reforma que ha movilizado a México en las últimas semanas y causado controversia con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Claves para entender la reforma al Poder Judicial y el voto popular

Cabe recordar que la reforma surge tras un conflicto que tuvo el presidente López Obrador con la Suprema Corte luego de que le bloquearan leyes que habían sido aprobadas en relación con el tema electoral, energético y la implementación de las Fuerzas Armadas.

La polémica reforma propone entre sus principales cambios que la designación de magistrados y ministros sea a través de voto popular, llevando el tema de los perfiles que imparten la justicia a las urnas para que los ciudadanos y ciudadanas sean quien decidan quien estará al frente, presuntamente de acuerdo con lo que han expuesto por los casos en donde se han favorecido o han actuado en contra de la legalidad. 

Pero qué significa esto, en 205 y 2027 serán candidatos las personas que propongan tanto el Ejecutivo como Legislativo y Judicial, eliminando la forma tradicional que le dejaba la tarea al Consejo de la Judicatura Federal quienes nombraban a jueces y magistrados por solicitudes y méritos.

Reducción de años y sueldo y número de ministros de la Corte

La reforma prevé que cambien de manera orgánica las funciones y elementos que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reduciendo el número de personas que votan y deciden en la sala y el tiempo que pasarán en el cargo, ahora pasaría de 15 a 12 años.

Entre los principales cambios están los llamados «privilegios» que el mandatario ha enunciado como uno de los principales problemas de los trabajadores del Poder Judicial, uno de ellos será la eliminación de la pensión vitalicia que reciben los ministros cuando cumplen su periodo, además de artículos electrónicos, sueldo y demás beneficios que se les otorga por el peligro del trabajo que realizan.

Jueces sin rostro para preservar la identidad

Ante la crítica sobre eliminar privilegios que les permite conservar seguridad para no ser identificados por casos contra narcotraficantes o con personajes que puedan atentar contra sus vidas, el líder del Ejecutivo propuso la implementación de jueces sin rostro para preservar su identidad.

Si bien resulta atractivo el modelo que presenta esta medida ya ha sido aplicada con anterioridad en otros países de Latinoamérica donde es altamente criticada por la transparencia  porque impide conocer la competencia de los jueces que serían elegidos de acuerdo con la reforma.

Eliminar el Consejo de la Judicatura Federal y ordenar el Tribunal de Disciplina Judicial

El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial estaría encargado de vigilar la actuación del Poder Judicial, será un órgano de administración que contempla recibir denuncias de cualquier persona, la investigación de magistrados, jueces o el persona por actos de corrupción o en contra de la ley.

En este caso pasaría de los siete miembros que actualmente integran el Consejo de la Judicatura Federal a solo cinco, seleccionados por los tres poderes, uno el Ejecutivo, uno el Legislativo y el resto el Judicial, su periodo será de seis años al frente.

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