Caso Cienfuegos, un expediente que ahora persigue al gobierno de Sheinbaum
Cuando parecía que el rocambolesco caso Cienfuegos estaba guardado en un cajón tras su exoneración en 2021, la confrontación del actual gobierno federal con el abogado de Ovidio Guzmán trae de vuelta al debate nacional las circunstancias en las que el general fue liberado y devuelto a México.
A solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará, de nueva cuenta, un informe sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue capturado el 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, a petición de la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos), y liberado el 18 de noviembre de ese año tras la intervención de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Ahora la posición del gobierno mexicano, con Claudia Sheinbaum, es que EU liberó al general porque es inocente, aunque documentos en el incipiente proceso judicial en ese país indican que fue dejado en libertad por cuestiones de política exterior.
Aún más, están las declaraciones del propio López Obrador que confirman su intervención en el caso: “Sentí que se estaba cometiendo una injusticia”, dijo.
En octubre de 2020 el gobierno federal maniobró para que el secretario de la Defensa Nacional de Peña Nieto fuera liberado en México. El acuerdo con EU es que sería investigado en nuestro país basándose en la información que Washington había compartido con las autoridades mexicanas. Sin embargo, el general fue exonerado en enero de 2021.
Reaparición polémica
En febrero de este 2025, durante la Marcha de la Lealtad, Cienfuegos volvió al debate público tras aparecer en el presídium del evento. Meses más tarde reapareció en la conversación nacional a propósito de las declaraciones de Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán –hijo del Chapo Guzmán–, capo que en días pasados logró un acuerdo con la justicia estadunidense.
“La idea de que el gobierno de Estados Unidos incluyera al gobierno de México en alguna suerte de negociación o decisión (sobre Ovidio), es absurda. Basta con pensar en el caso del general Cienfuegos, un caso bastante reciente”.
El asunto de Cienfuegos inevitablemente lleva a recordar las declaraciones contradictorias del entonces presidente López Obrador sobre el general de Peña Nieto cuya responsabilidad quedó en una presunción porque el proceso en su contra en territorio estadunidense fue interrumpido, contrario a la suerte del superpolicía del entonces presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, sentenciado y encarcelado en EU por narcotráfico.
El 15 de octubre de 2020 AMLO se expresó así en el contexto de la captura del general: “Estamos ante una situación inédita porque está detenido (Cienfuegos) por la misma acusación que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón (García Luna).
Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen -dijo AMLO-, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. Siempre dije que no era sólo una crisis, que era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresivo y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás.
López Obrador dijo que “tenemos que seguir insistiendo, y ojalá también sirva para comprender que el principal problema de México es la corrupción”.
Dos días después el entonces presidente morenista también consideró que, si en el juicio en Estados Unidos “el general Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue. Si hay otros oficiales involucrados y se prueba, que se les castigue. En el caso de García Luna, lo mismo”.
Por si fuera poco, el entonces presidente descartó utilizar cualquier recurso de su gobierno para la defensa de Cienfuegos y remitió el caso a la asistencia consular. “Cuando se trata de mexicanos que son enjuiciados, detenidos en el extranjero, se les apoya, hay asistencia consular, pero no se utilizan recursos para defender a ningún presunto responsable de delitos, no se está contemplando esa posibilidad, yo creo que se está iniciando apenas el juicio”, dijo.
Ese mismo día el general Cienfuegos, quien recomendó a su sucesor (Luis Cresencio Sandoval) con el entonces presidente electo López Obrador, le escribió una carta al tabasqueño, misiva que incluyó en su libro A la mitad del camino.
En el escrito, redactado desde el encierro en territorio estadunidense, el general afirmó que fue víctima de “una detención arbitraria, injusta y humillante, enfrente de mi familia, por las autoridades del combate a las drogas de este país”.
Cienfuegos aseguró que los cargos de los que fue acusado eran falsos, por lo que “le solicito su superior intervención para que el juicio que se me impone sea agilizado y pueda demostrar mi inocencia. Me parece sumamente grave, no solo para mí y la familia, lo que está sucediendo, es un asunto que va más allá de mi persona o lo que represento o representé (…) lo importante es que hay una gran injusticia, me siento impotente y carezco de recursos para pagar un juicio en este país (…) Quedo en espera de su alta determinación”.
Entonces, la posición del presidente López Obrador cambió 180 grados y se convirtió en defensor del general de Peña Nieto.
En favor de Cienfuegos su caso transcurrió paralelo al desarrollo del proceso electoral en Estados Unidos. En ese contexto, si bien fueron escasas las declaraciones públicas de López Obrador sobre ese tema, por debajo de la mesa pública, reveló el exmandatario, hubo una serie de llamadas y labor del gobierno federal para traer de vuelta al general.
Entonces, vino la serie de exposiciones sobre la intervención del Estado mexicano para el retorno de Cienfuegos.
López Obrador no tuvo dificultad en afirmar: “Lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno.
“Esto va más allá de lo legal, no quiere decir que no sea legal, existe un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia, pero no se hacía valer y fue, en el caso que nos atañe, violado porque nosotros no tuvimos ninguna información.
“Hay que esperar a que la jueza decida sobre esta petición (…) sentimos que no se había cuidado el procedimiento”.
AMLO: “Sí hubo una intervención”
En octubre de 2020 la labor de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, bajo el amparo de un acuerdo existente, derivó en que el Departamento de Justicia solicitó a la jueza Carol Amon desestimar los cargos contra Cienfuegos –por motivos de política exterior–, lo cual no se traduce en declarar la inocencia del general.
Esta decisión complació al presidente mexicano:
Quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos que supo, en este caso, escuchar nuestro planteamiento y rectificar.
En México la FGR, como parte del acuerdo con EU, inició una investigación y en sólo un par de meses Cienfuegos quedó exonerado.
Para López Obrador estaba de por medio el prestigio del Ejército, institución fundamental para el Estado y su proyecto gubernamental… “Y no es cualquier cosa, no podemos permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales; además, México es un país, que no se olvide, libre, independiente, soberano”, dijo el tabasqueño en aquella ocasión.
Ahí mismo López Obrador fue claro: “Entonces, como es un asunto importante para México, en todo sentido, por eso se intervino y, sí, lo que se mencionó en ese comunicado, que hubo una intervención diplomática. Sí la hubo. Tan es así que habló el secretario de Relaciones Exteriores con el fiscal, y habló con el embajador de Estados Unidos, se mandó una nota. Sí hubo una intervención para lograr un acuerdo también”.
Esto confirma que Estados Unidos no permitió el traslado de Cienfuegos a México porque fuera inocente, sólo desestimó sus pruebas la cuales fueron enviadas a la autoridad mexicana para que éstas investigaran al general.
Lo dicho por el Departamento de Justicia a la jueza fue que “hay asuntos o materias que tienen que ver con política exterior y reconocemos una sociedad muy fuerte entre México y Estados Unidos para combatir la criminalidad, incluyendo el tráfico de drogas, y por eso hemos considerado o pedimos que se desestimen estos cargos para que el general Cienfuegos se traslade a México y sea México, en primera instancia, el que resuelva la condición de legal (…) Para permitir la investigación en México y su potencial procesamiento en primera instancia en México”, leyó entonces Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio pasado, hoy secretario de Economía.
Choque con la DEA
Tras la exoneración del general Cienfuegos se desarrolló una confrontación del gobierno mexicano con la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. El presidente López Obrador dijo que esa oficina fabricó delitos contra el militar.
La respuesta no tardó en venir del otro lado del Río Bravo, el propio Departamento de Justicia dio a conocer: “Estamos profundamente decepcionados por la decisión de México de cerrar su investigación y compartir la información que le fue compartida de forma confidencial”.
Y es que el enojo de la DEA también fue detonado porque el gobierno mexicano dio a conocer parte de los datos confidenciales que el gobierno estadunidense compartió sobre el general. Lo que “pone en cuestión si Washington puede continuar compartiendo información para apoyar las investigaciones criminales de México”.
Todavía en 2023 el presidente López Obrador aseguró que “la inconformidad en el fondo (en EU) es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior, pero independientemente de que era el secretario de la Defensa del gobierno anterior, pudimos constatar de que fue una venganza”.
Incluso destacó su defensa a Cienfuegos: “Así como salí yo a defender al general Cienfuegos porque percibí que era una injusticia, en política se tiene que tener instinto certero, y a mí me ha funcionado eso. Entonces, así como salí a defender, de decir: a ver, tráiganme todo, está muy raro esto (…) si Calderón dice que García Luna es inocente, ¿por qué no lo ayuda, si es abogado Calderón, y se mete y lo defiende? ¿Por qué se queda callado?”
Ya en total libertad, el general Cienfuegos gozaba de condecoraciones recibidas de manos del propio presidente López Obrador, e invitaciones al presídium con motivo de la Marcha de la Lealtad en 2025, la primera encabezada por la presidenta Sheinbaum.
Contradicciones
El 10 de febrero pasado, al ser cuestionada por la presencia de Cienfuegos en un acto presidencial, Sheinbaum aseguró que Estados Unidos liberó al general porque no hubo pruebas; y cuando se le recordó que su liberación en México fue por el acuerdo y compromiso de que sería investigado, la mandataria federal rechazó ese apunte.
–Sabemos que Cienfuegos fue regresado a México, pero por una intervención del gobierno mexicano –le recordó esta reportera a la presidenta Sheinbaum–, en el que se hablaba de temas que tienen que ver con la relación bilateral México-Estados Unidos, pero no propiamente porque se le haya llevado un juicio allá y en el que se comprobara o no que él estuviera coludido con el crimen organizado.
–La fiscalía de Estados Unidos en aquella época (todavía era el primer periodo del presidente Trump) no tuvo elementos (…) ¿Tú crees –preguntó Sheinbaum a esta reportera– que si el gobierno de Estados Unidos hubiera tenido realmente algo contra el general Cienfuegos, lo hubiera liberado?
En otro momento del intercambio de preguntas y respuestas la mandataria federal expuso:
“No, discúlpame. No hubo causas, no hubo pruebas suficientes, esa fue la razón de la liberación”.
–En México, ¿no? –se le aclaró a Sheinbaum.
–Y en Estados Unidos –reiteró la mandataria.
En la conferencia mañanera del día siguiente el intercambio de preguntas y respuestas fue de esta reportera con el fiscal general Alejandro Gertz Manero.
“Si el gobierno de Estados Unidos se desistió de la acción, porque en los documentos no existen todas esas consideraciones a las que usted hace referencia, simplemente se desistió de la acción y envió toda la documentación que tenía de ese expediente al gobierno de México”, dijo el fiscal.
–¿Hubo una comunicación formalmente en la que dijeran: “Pues sí, nos desistimos porque, en efecto, no hubo pruebas”?
–A ver, compañera, por favor… Cuando uno notifica oficialmente a una persona moral, y en este caso a un Estado, que la denuncia que presentó no cuenta con ninguna prueba y se le da la oportunidad de presentar las pruebas, no tiene por qué hacer determinaciones o juicios aparte de “sí” o “no” aceptó que ese no ejercicio era jurídicamente válido. ¡Lo aceptó!, compañera, por favor.
En ese momento, el fiscal Gertz Manero aseguraba que el caso en México estaba concluido y que no recibieron por parte de Estados Unidos ninguna queja. Lo que nunca pudo asegurar fue la existencia de un documento en el que oficialmente Estados Unidos expresara que no tenía pruebas y que por ser inocente dejaba en libertad al general Salvador Cienfuegos, lo cual, de hecho, no sucedió porque lo ocurrido fue que delegó la investigación a la FGR.
El gobierno mexicano aseguró que sus afirmaciones eran la verdad y no su versión oficial, pese que a que en la realidad la posición de Estados Unidos no fue explícita en asegurar que Cienfuegos era inocente, además de que, como confirmó en varias ocasiones López Obrador, sí hubo una intervención de su administración que derivó en la libertad del general Cienfuegos en México.
