Condenados dos indígenas tseltales por protestar contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chiapas
Un juez sentencia a dos años de prisión a los dos hombres que participaron en una marcha en 2020 contra la construcción de un complejo de la corporación
La eterna disputa entre el respeto y la conservación del territorio en México y diferentes nociones de progreso cristaliza en Chiapas estos días, con el caso de José Luis Gutiérrez y César Hernández. Vecinos del municipio de Chilón, cerca de Ocosingo, en plena selva Lacandona, Gutiérrez y Hernández acaban de ser condenados a dos años de cárcel por marchar contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional, en su pueblo, hace algo más de dos años.
Más allá de la condena, que difícilmente forzará su ingreso en prisión, pero sí el pago de una multa de 6.500 pesos (320 dólares), el proceso se entiende en Chilón como una amenaza ante cualquier tipo de protesta, sea por el cuartel de la Guardia Nacional, que finalmente se construyó, u otra distinta. Gutiérrez y Hernández integran una organización regional, Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevipe), que ha criticado el desplazamiento forzado de vecinos de otros pueblos, caso de Chenalhó, o la construcción de una supercarretera entre San Cristóbal de las Casas y Palenque.
”César y José Luis pertenecen al Ejido San Jerónimo, parte de Chilón, que es donde se iba a construir el cuartel. Y ellos decidieron protestar, junto a otros ejidatarios, porque ni siquiera les habían consultado como ejido. La protesta fue en la carretera que comunica con Ocosingo. Fue algo pacífico y entonces, de manera arbitraria, la policía estatal les detienen a ellos dos“, explica Ivette Galván, parte del equipo jurídico que apoya a la comunidad, junto al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
Galván y César Contreras, compañeros en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, explican que el intento de levantar el cuartel motivó la primera demanda de amparo contra la construcción de un complejo así en México. “No se justificaba la presencia de una institución de corte militarizado en la zona porque los índices criminales son muy bajos. Y además, no se comunicó debidamente a la población y no se consultó de manera previa”, explica Contreras.
Tanto el Centro Pro como el Frayba han criticado la sentencia del juez, principalmente por la nefasta calidad de las pruebas que presentó en el juicio la Fiscalía General del Estado, según han explicado las organizaciones. La dependencia acusaba a los dos hombres de un delito de motín. En un comunicado, el Frayba ha explicado que la Fiscalía no probó que ni uno ni otro hubieran cometido delito alguno. Lo que es peor, la dependencia ignoró las denuncias de tortura en contras de los agentes captores, interpuestas por los dos activistas.
“Los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de Policía Estatal, ni su participación durante los hechos de la protesta del día 15 de octubre de 2020, cuando los Ejidos de San Sebastián Bachajón y San Jerónimo Bachajón se opusieron a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio indígena sin que hayan sido consultados previamente”, lee el comunicado. “De igual manera, la Fiscalía no demostró la calidad de peritos y legistas expertos en su materia dentro de la investigación, que sostenían el dicho de los elementos que acusaban a los defensores comunitarios”, añade.
Un cuartel en la selva
El 15 de octubre de 2020, vecinos de la cabecera municipal de Chilón y otras comunidades marcharon hacia San Sebastián Bachajón, para protestar por la construcción del cuartel. La Secretaría de la Defensa Nacional estaba en medio de una de sus grandes cruzadas del actual sexenio, levantar de la nada un aparato logístico en todo México, para la nueva corporación de seguridad, la Guardia Nacional, nacida año y medio antes. Solo en Chiapas levantaría una decena de cuarteles.
Para vecinos de Chilón y algunas de sus comunidades, la llegada del complejo a su territorio se veía con malos ojos. Como el propio Gutiérrez explicó a la periodista Orsetta Bellani el año pasado, su llegada traería “problemas como ejecuciones y todo tipo de violencias en contra de la población local, alcoholismo, drogadicción y prostitución”. Hernández matizaba que lo anterior no era hablar por hablar. “Lo sabemos porque en nuestro territorio ya tuvimos un cuartel militar. Lo construyeron en la década de 1990 tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con la lucha logramos que se cerrara, pues nos trajo muchos problemas”.
En algún momento de la marcha, policías estatales, bajo la mira desde hace años por las tácticas que emplean en contextos de protesta social, caso por ejemplo de la represión de los estudiantes de la Escuela Normal de Mactumatzá en 2021, la tomaron contra los vecinos de Chilón. Según el Frayba, los policías arremetieron con dureza. Once personas resultaron heridas y Gutiérrez y Hernández quedaron en custodia. La policía los mantuvo incomunicados y denunciaron tortura por parte de los agentes.
”Se denunció la incomunicación a que fueron sometidos y la tortura por parte de los agentes, porque cuando lo detienen los golpean repetidamente. Y luego los mantienen incomunicados durante cinco horas. Pero la Fiscalía dijo que no iba a considerar ese asunto, aunque sí actos de corrupción de los agentes. Los policías le quitaron 2.000 pesos a José Luis y su celular”, explica Jorge Luis López, del Frayba.
Además de la tortura y la incomunicación, los dos hombres estuvieron más de dos semanas presos en una cárcel de Chiapas. Luego los soltaron, pero la Fiscalía ya había iniciado un proceso contra ellos por motín. El juez los procesó y aunque les permitió llevar su proceso en libertad, obligó a que fueran cada pocos días a Ocosingo, a varias horas de distancia de su casa, a firmar. Jorge Luis López explica que los condenados recurrirán la sentencia y volverán a presentar una denuncia por tortura.
