Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Medio centenar de iniciativas permanecen en la congeladora desde 2011, cuando la ONU llamó al Estado mexicano a tipificar este delito; expertos urgen a reformar el Código Penal 

Desde 2011, el Congreso de la Unión mantiene en la congeladora medio centenar de reformas que proponen tipificar como delito el enrolamiento de menores por el crimen organizado, así como establecer penas de cárcel que van de 20 a 140 años de prisión a quienes incurran en esta actividad, pero ninguna de las iniciativas ha sido dictaminada.

También, desde 2011, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha recomendado al Estado mexicano tipificar este delito, pero no ha tenido prioridad legislativa puesto que las iniciativas no han sido ni siquiera dictaminadas.

No se legisló cuando se inició la guerra contra el narcotráfico del entonces presidente Felipe Calderón… ni en el sexenio de Enrique Peña Nieto… ni con Andrés Manuel López Obrador y su política de “abrazos y no balazos” al crimen… tampoco en el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido prioridad combatir este delito, y ningún mandatario federal ha presentado alguna iniciativa para tipificar el enrolamiento de menores.

Las iniciativas han sido presentadas por senadores y diputados federales de todos los partidos, incluso algunas por parte de morenistas como el entonces coordinador en el Senado, Ricardo Monreal, pero ninguna ha sido dictaminada a pesar de que —de acuerdo con organizaciones como la Red para los Derechos de la Infancia (Redim)— 30 mil menores cada año son enrolados por los grupos criminales.

Saskia Niño de Rivera, activista y cofundadora de la organización Reinserta, ha señalado la urgencia de legislar para que se incorpore al Código Penal el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. “Queremos que esta reforma tenga como objetivo establecer un marco legal mucho más robusto y que, a la par, se establezca una estrategia integral que busque desmovilizar a los niños, niñas y adolescentes que están ya en las filas de la delincuencia, y que se pueda atender a los estados afectados”, apunta.

De acuerdo con datos de Reinserta, hasta 62% de los adolescentes en conflicto con la ley penal han tenido contacto con grupos delictivos antes de los 15 años.

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, dice a EL UNIVERSAL que la cifra de menores que entran cada año a las filas del crimen organizado es alarmante: de 30 mil a 35 mil, según informó el mismo Pérez García. Se trata ya de una práctica habitual por parte de los cárteles.

Lamenta que no exista por parte del gobierno mexicano ni por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni del gabinete de seguridad, un estudio —por lo menos conocido— sobre los alcances de este enrolamiento de menores por parte del crimen. “Se calculó, de acuerdo con estudios de varias organizaciones, que en 2020 había entre 140 mil y 250 mil menores en riesgo de ser reclutados, pero esas cifras pueden ser muy superiores porque ahora el reclutamiento se realiza en redes sociales como Facebook, Tik Tok y videojuegos”.

Indica que el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes es un crimen de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional tiene procesados a varios exjefes militares o políticos africanos por esto.

Sin embargo, “en México hemos llevado un largo proceso documentando y denunciando el reclutamiento, y desde 2011 el Comité de los Derechos del Niño de la ONU le pidió expresamente al Estado mexicano tipificar el delito de reclutamiento. Han pasado 13 años y nadie ha legislado sobre el tema”.

“Los reclutamientos de menores de edad por parte del crimen organizado no son penados por el Código Penal de México, es un tema que no está en la agenda del gobierno federal, pero tampoco de la oposición ni de los Congresos locales. Es como si no existiera la desaparición de menores que son obligados a trabajar como halcones, sicarios, traficantes”, dice Juan Martín Pérez.

Recuerda que desde 2011 México ha recibido alrededor de 78 recomendaciones para tipificar el delito de reclutamiento forzado, sin hacerlo. “Es una problemática que atraviesa a los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, [Andrés Manuel] López Obrador y (…) ahora al de Claudia Sheinbaum”.

Años de impunidad

En una búsqueda respecto a las iniciativas para tipificar el enrolamiento de menores por parte del crimen, se encontraron más de 50 propuestas y puntos de acuerdo en los que se plantean diversas sanciones para los integrantes de cárteles y del crimen organizado que incurran en esta práctica, así como exhortos a distintas autoridades para que actúen en contra de estos grupos.

Sólo después del hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron ropa y zapatos de menores de edad que habrían sido reclutados y desaparecidos por el crimen, los legisladores propusieron 15 reformas en la materia, pero todas siguen pendientes de dictamen y aprobación en comisiones de ambas cámaras.
Entre las más recientes destacan la iniciativa del 17 de julio de 2025, del senador del PRI Pablo Angulo Briseño, quien presentó una propuesta para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de castigar hasta con 45 años de prisión el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos criminales.

Ricardo Mejía Berdeja, diputado del Partido del Trabajo, el pasado 3 de agosto presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para castigar hasta con 30 años de prisión el reclutamiento forzado de personas por parte de organizaciones criminales, y duplicar las penas cuando existan agravantes.

La senadora del PAN Laura Esquivel, en abril de 2025, presentó una iniciativa que propone castigar con pena de 20 a 40 años de prisión y de mil a 3 mil días de multa para quien obligue, incite, coaccione, engañe o se aproveche de la situación de vulnerabilidad de un niño, niña o adolescente para que participe en actividades de grupos de la delincuencia organizada.

También contempla agravantes para los casos en que el delito sea cometido por servidores públicos, integrantes de corporaciones de seguridad o de las Fuerzas Armadas.

El entonces senador por Morena Ricardo Monreal, en marzo de 2020, presentó una iniciativa para tipificar este delito con reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, propuso recientemente que quien incurra en el delito de reclutamiento forzado —es decir, quien por medio del engaño, extorsión, maltrato, chantaje, intimidación, violencia sicológica o física, reclute, induzca, coaccione u obligue a una persona a colaborar con organizaciones delictivas, terroristas o grupos del crimen organizado— tenga una pena entre 15 y 30 años de prisión, y el doble si la víctima es menor de edad.

La entonces vicepresidenta de la Cámara de Diputados Kenia López Rabadán propuso dos tipos de delitos: el de reclutamiento criminal, definido como el que comete quien por medio de oferta de pago, dádivas o cualquier beneficio y mediando la voluntad, integre a una o varias personas a un grupo de la delincuencia organizada; y el reclutamiento criminal forzado, descrito como los actos de sustracción, captación, amenaza, intimidación, rapto, engaño, uso de la fuerza u otras formas de coacción para obligar a otros a unirse al crimen organizado.

La propuesta que prevé castigos más severos es la del diputado del PAN Héctor Saúl Téllez, quien plantea de 80 a 140 años de prisión a quien cometa el delito de reclutamiento ilícito, “el que utilice, enliste, reclute, contrate, incorpore, capte, ingrese, admita o rapte, y exija, obligue, fuerce o coaccione a participar directa o indirectamente en la comisión de uno o varios delitos, actividades ilícitas o violentas, hostilidades o acciones armadas, a niños, niñas y adolescentes”.

Asimismo, han presentado iniciativas al respecto los diputados Miguel Alonso Reyes, Ivonne Ortega, Juan Carlos Natale, Laura Esquivel, Guillermo Anaya, Felipe Delgado, Julio Javier Scherer, Ernesto Núñez Aguilar y Pablo Vázquez, además de los senadores Luisa Cortés García, Carolina Viggiano, Néstor Camarillo e Indira Rosales.

La Cámara de Diputados aprobó en abril de 2022 reformas a las leyes Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de combate al uso de menores de edad por parte de grupos del crimen.

Pero no se incluyó tipificar el enrolamiento forzado de menores de edad ni se tocó ningún artículo del Código Penal Federal.

El Senado de la República nunca dictaminó esta reforma.