Donald Trump premia con bonos cacería de migrantes
Agentes de ICE y CBP reciben incentivos que van desde 28 mil pesos hasta 140 mil 525 si participan en redadas nocturnas u operativos sensibles, confirman sindicatos y personal
En Estados Unidos, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) están deteniendo con tanta brutalidad y salvajismo a todo aquel que parezca indocumentado, basados principalmente en el color de piel y apariencia, porque cada detención representa alcanzar un bono, un premio económico. Cada arresto puede traducirse en bonificaciones, pagos mensuales adicionales, ascensos y distinciones internas que configuran lo que expertos llaman un sistema de incentivos coercitivos. La captura dejó de ser consecuencia legal y pasó a ser lo que internamente denominan un KPI, un indicador clave de rendimiento.
En un margen extremadamente cerrado, el 3 de julio el Congreso, bajo control conservador, aprobó apresuradamente el paquete fiscal y el 4 de julio fue firmado por el presidente de EU, Donald Trump.
Este enorme paquete legislativo, canalizó sumas sin precedente hacia la máquina de deportación
Se destinaron 170 mil millones de dólares exclusivamente a seguridad fronteriza y control migratorio, un presupuesto mayor al de muchas agencias combinadas. Sólo ICE recibió 75 mil millones adicionales, convirtiéndola en la agencia de aplicación de la ley mejor financiada de todo el gobierno federal.
Autorizó, entre otras partidas, 45 mil millones de dólares para duplicar la red de centros de detención (incluso habilitando bases militares y prisiones privadas para encerrar a más de 100 mil personas simultáneamente), y 30 mil millones de dólares para operaciones de arresto y deportación. Este último monto incluyó fondos explícitos para contratar 10 mil nuevos agentes, modernizar la flota de aviones de deportación y “retener al personal actual mediante bonificaciones y atraer a agentes retirados”.
La CBP obtuvo 46 mil millones de dólares para continuar la construcción del muro y otras barreras, más 12 mil millones de dólares para vehículos, instalaciones, entrenamiento, contratación y bonos para agentes de la Patrulla Fronteriza. La legislación pasó prácticamente sin apoyo de la oposición, fue aprobada por estrecho margen y vía reconciliación presupuestaria, es decir, esquivando el filibusterismo del Senado, lo que subraya su carácter ideológico y polarizante.
En palabras de Todd Lyons, director interino de ICE, este financiamiento “permitirá a mis agentes seguir haciendo a Estados Unidos seguro de nuevo, identificando, arrestando y expulsando a extranjeros criminales”. Bajo la consigna de “restaurar la ley y el orden”, la maquinaria está en marcha.
Lo que este diseño corporativo revela es que el sistema migratorio está siendo reconfigurado como una estructura de producción, donde el arresto no representa la búsqueda de justicia y seguridad nacional con una garantía jurídica; lo que hoy representa y cada agente busca es un incremento en su ingreso mensual o anual.
Según filtraciones internas confirmadas a este diario por sindicatos policiales en Texas y Florida, agentes migratorios reciben bonos mensuales que van desde mil 500 dólares (28 mil 100 pesos) hasta 5 mil (93 mil 683 pesos), por volumen de detenciones. En zonas de alta prioridad como Arizona, California y el sur de Florida, los pagos pueden superar los 7 mil 500 dólares (140 mil 525 pesos) si el agente participa en redadas nocturnas u operativos sensibles.
Estas cifras se suman al sueldo base de los agentes federales de estas dependencias, que ya es significativamente elevado. De acuerdo con la información revisada y confirmada, los agentes de ICE-HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional) y CBP comienzan con salarios mensuales promedio entre 8 mil y 12 mil dólares (entre 150 mil y 225 mil pesos); agentes con antigüedad y desempeño operativo alcanzan remuneraciones mensuales de hasta 19 mil 500 dólares (365 mil 500 pesos); esto, sumando bonos individuales, regionales, discrecionales y de operativos especiales. A escala anual, un agente que mantenga productividad alta puede recibir entre 132 mil y 234 mil dólares (entre 2 millones 473 mil y 4 millones 384 mil pesos), colocándose muy por encima del promedio salarial de policías estatales que ronda los 50 mil dólares (936 mil pesos) anuales.
Las estructuras salariales progresivas están diseñadas para escalar rápidamente. Un agente nuevo puede iniciar en un nivel base de 8 mil dólares mensuales (150 mil pesos), pero si cumple con metas de arresto diarias, por ejemplo, más de 10 detenciones al día, individualmente o en grupo, puede recibir ajustes de hasta 12 mil dólares mensuales (225 mil pesos) en menos de seis meses. Además, los niveles salariales incluyen bonos por colaboración entre agencias; si el agente coopera con CBP, DEA o FBI en un operativo conjunto, puede recibir pagos adicionales que van entre 3 mil y 6 mil dólares (entre 56 mil y 112 mil pesos) por caso cerrado, sin que esta bonificación tenga que ser reportada públicamente.
De acuerdo con abogados consultados, el marco jurídico de la ley fiscal funciona como fachada, puesto que permite otorgar bonos sin publicarlos ni someterlos a reglamentación abierta.
La disposición transitoria de la ley autoriza que las recompensas sean ejecutadas mediante “instrumentos discrecionales supervisados por el fiscal general y el secretario de Seguridad Nacional”. Esto genera una zona de opacidad institucional, donde los pagos se distribuyen como estímulo, pero sin transparencia ni evaluación ética.
Desde el inicio de esta administración, se ha denunciado que ICE, CBP y HSI en conjunto quieren llegar a la meta diaria de 3 mil detenciones. Sin embargo, el promedio registrado al 20 de julio apenas alcanza mil 200 arrestos, lo que ha intensificado la presión sobre los agentes. La respuesta operativa ha sido ampliar las detenciones a personas sin antecedentes penales, beneficiarios de DACA, migrantes con visa vigente y, en algunos casos, hasta ciudadanos y menores de edad. El objetivo es cumplir cifras, no respetar marcos jurídicos.
Un agente activo de CBP, que aceptó hablar con EL UNIVERSAL bajo anonimato, reveló que “hay días en los que nos dicen ‘hoy toca arrestar, no preguntar’. Si alguien parece migrante y no tiene papeles a la vista, lo detenemos. Luego veremos si tiene visa o no. Lo que cuenta es que tenemos que llegar a las cifras, porque el bono depende de eso”.
Este testimonio coincide con documentos internos compartidos por el sindicato Federal Law Enforcement Officers Association (FLEOA), que exhortan a “maximizar eficiencias de campo” como condición para los incentivos. El uso de incentivos por arresto ha generado conflictos constitucionales evidentes. Juristas como Deborah Weissman han señalado que el modelo implementado por ICE y CBP viola el principio de presunción de inocencia, sustituye el juicio profesional por automatismo operativo y promueve detenciones sin causa probable. En términos jurídicos, el diseño del Big Beautiful Bill contraviene las garantías de la Cuarta y la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.
Tres demandas colectivas presentadas entre mayo y julio han comenzado a impugnar este sistema. Democracy Forward demandó a los departamentos de Justicia, de Seguridad Nacional y el ICE ante la Corte de Distrito de Columbia por estimular detenciones en tribunales sin oportunidad de defensa. RAICES denunció ante la Corte del Distrito Norte de California, alegando violación del Administrative Procedure Act al implementar bonos sin consulta pública. Immigrant ARC demandó a ICE por establecer “una lógica de volumen sin garantía de legalidad individual”.
El agente contactado también confirmó que, al menos en Texas, los bonos por superar los 15 arrestos semanales alcanzan un alza de 4 mil 500 dólares mensuales (84 mil 300 pesos); y que, hasta donde sabe, en Florida pueden llegar a 6 mil dólares (112 mil pesos) si se hacen en “zonas no colaborativas” como hospitales, templos, universidades o tribunales. Estas bonificaciones están registradas bajo códigos internos como “O-24” y “BPR-Q”, evitando auditorías externas, de acuerdo con documentos filtrados.
Emma Montoya, investigadora del Instituto de Derechos Humanos de Oxford, sostiene que “la frontera es ahora una fábrica. Cada migrante detenido es una unidad que justifica financiamiento. Es el modelo de economía punitiva, perfeccionado”.
Agentes con más arrestos “reciben distinciones, invitaciones a entrenamientos de élite, ascensos acelerados. Aquellos que cuestionen o se abstengan son excluidos de operativos importantes”, explica el agente. La captura se convierte en mérito. La contención, en debilidad. “El que reflexiona mucho ya no encaja. Aquí se trata de actuar rápido, sumar arrestos y hacer informes”, dice el contacto y agrega, “nos dicen que, si dudas, pierdes tiempo; y si pierdes tiempo, pierdes dinero”.
Pero también enfrentan desgastes. Al interior de las agencias, la presión por resultados está generando un deterioro sicológico creciente. Agentes en funciones revelan padecimientos derivados de la tensión constante por cumplir metas de arrestos, recibir evaluaciones diarias, superar comparativas internas y tolerar prácticas que, en muchos casos, contradicen sus propias convicciones jurídicas o éticas.
“Al principio pensaba que estaba defendiendo la ley. Ahora sólo me preocupa no quedarme atrás”, confiesa el agente fronterizo.
