El desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación deja en vilo a cientos de familiares: “Todo se fue por el caño”
La gran apuesta del sexenio para atender la crisis de desparecidos, que incluía el mayor laboratorio de genética del país, queda varada poco más de un año después de su inauguración tras el despido de 40 de los 59 especialistas forenses
El mural de una familia rascando la tierra quedó en el primer piso de lo que hasta hace unos días fuera el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH). Otro mural con mariposas amarillas y la pintura de un corazón fragmentado quedó en el tercer piso, en el lugar donde científicos tenían la tarea de restituir miles de nombres. Junto con otros insectos, las mariposas pueden ser premonitorias del hallazgo de una fosa clandestina, pueden ser una guía hacia los cuerpos y, en el horror mexicano, pueden ser una esperanza. Ahí, en el tercer piso donde se montaría el laboratorio de genética más grande del país, solo quedan simbolismos. Ya no hay mobiliario, no hay equipos, no hay forenses.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha enterrado el plan de avanzar con este Centro Nacional, tras poco más de un año de su inauguración, y ha abierto de nuevo la incertidumbre: ¿Qué pasará con el enorme rezago en la identificación que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales? Hace tres años se calculaba en más de 52.000 el número de cuerpos en fosas comunes y morgues, ahora serían muchos más.
En una aparición reciente, la fiscal Sara Irene Herrerías dijo que en 2023 la FGR identificó 37 personas desaparecidas usando pruebas genéticas y cuatro por huellas dactilares. Tras su inauguración en mayo de 2022, López Obrador destacó la autonomía del centro de identificación, fuera del ámbito de control de la fiscalía general, y el enfoque masivo dedicado solo a casos de desaparición. Algo que las familias de víctimas pedían.
“Este sexenio a su final nos está golpeando por todos lados, primero fue lo del censo donde revictimizó a las familias y ahora desarticula el Centro Nacional de Identificación. Esto es algo muy grave y nos lastima en todas las formas”, cuenta Virginia Garay, madre de Brian Eduardo Arias Garay, desaparecido desde 2018. La polémica del censo que cuenta Garay es parte la crisis que vive la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) desde el verano pasado, que precipitó la salida de la comisionada Karla Quintana.
“Para nosotros era una esperanza, y ya no puedo decir que esto es una burla, es una agresión a todos esos cuerpos”, añade Garay, también fundadora del colectivo Guerrero en Busca de Nuestros Tesoros e integrante del Consejo Nacional Ciudadano. “Hemos luchado mucho para que haya recurso técnico y humano para llevar a cabo las identificaciones. Nos urgen”.
La CNB y la Secretaría de Gobernación desmantelaron el Centro Nacional instalado –desde agosto de 2022– en un parque tecnológico de Xochitepec, Morelos, a 100 kilómetros de la Ciudad de México. Y prescindieron de 40 de los 59 especialistas contratados, capacitados y certificados.
A las familias de víctimas les quitó un espacio que esperaban que diera resultados después de tantos años de violencia creciente y desapariciones, casi 115.000 al día de hoy. Al lugar acudían personas para la toma de muestras genéticas y entrevistas sobre sus casos, estaba abierto para aquellas que por temor o amenazas no querían nada con las fiscalías. Uno de los grandes problemas en el país es la falta de perfiles de ADN de los familiares que se necesitan para ser confrontados con los cuerpos sin identificar.
Había un acuerdo para que el inmueble fuera donado por el Gobierno de Morelos pero la directora de la CNB, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, dejó de hacer gestiones según fuentes que conocen del tema. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés) tenía previsto regalar un millonario equipo para montar el laboratorio de genética, pero esto no se concretó. La INL fue consultada pero no dio comentarios sobre el envío. Otros países como Alemania y Noruega hicieron donaciones.
“Como tal, los murales no me importan tanto porque es una pintura más y ahí se quedaron, pero ¿qué pasa con todas estas personas que se buscaba atender en esa situación?”, dice la muralista jalisciense Dolores Navarro. Junto con el artista Óscar Uriel pintaron el julio del año pasado algunas ideas de familias de víctimas después de una charla con ellas. Una madre pidió que pintaran bolsas negras para recordar cómo encuentran y recuperan los cadáveres torturados. “Fue muy duro escucharlas, al final decidimos plasmar que ese centro buscaba ser una esperanza”.
“Vamos para atrás, atrás, atrás”, dice la cofundadora de Solecito, Rosalía Castro, sobre lo que ocurre en el Centro Nacional. Su colectivo descubrió 156 fosas hace siete años en Colinas de Santa Fe y exhumó 299 cráneos hasta 2019, de esos solo 40 víctimas han sido identificadas.
Una exdirectiva de la CNIH, que pide no mencionar su nombre por temor a represalias, dice: “Sencillamente el Gobierno no apoyó en la donación del edificio ni en dar el dinero para la adecuación del área. Nada más eran los acabados y todo lo que tenía que ver con el aire acondicionado, que era lo más caro. Se perdió mucho porque nunca hubo apoyo político”. “Ya no existe nada de la metodología, están haciendo cosas que nada tiene que ver con lo que marca la ley, todo el esfuerzo que se hizo se fue a la basura. Todo se fue el caño”, añade la misma fuente.
Intervención de la ONU
Un equipo de abogados de los despachos Olmedo & Torres Abogados y Ramos de la O obtuvieron el miércoles 14 de febrero un acuerdo de Acción Urgente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que ordena, entre otras cosas, la reactivación del Centro Nacional de Identificación Humana. Consultados para esta nota dijeron que la colaboración del colectivo Voz con Dignidad y Justicia también fue fundamental, pero ahora no podían emitir detalles.
Desde que llegó en octubre pasado como nueva comisionada, Reyes Sahagún ha ejecutado una operación de limpieza al interior de la CNB. La Secretaría de Gobernación confirmó en una respuesta a este medio que al menos 128 empleados de los 243 han sido removidos de la CNB. Además, el presupuesto para este año tendrá un recorte de 52 millones de pesos para quedar en 1.098 millones. La estrategia cambió, asegura Gobernación, debido a que tendrán 290 plazas pero con un perfil de búsqueda en campo, no de especialización.
La mayoría de los nuevos directivos de la CNB son excolaboradores de la funcionaria Luisa Alcalde en la Secretaría del Trabajo y excolegas de Reyes Sahagún en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Ninguno tiene experiencia en trato con víctimas de desaparición, búsqueda de personas e identificación. Quien quedó al frente del Centro Nacional para identificar a los miles de desaparecidos es el contador José Muñoz Gómez, exauditor del INEA y del Banco del Bienestar.
